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Legisladores estadounidenses sugieren que un segundo ataque a un barco podría ser un crimen de guerra

Legisladores sugieren que un segundo ataque a un barco podría ser un crimen de guerra
    Los principales republicanos se han unido a los demócratas para exigir respuestas sobre la creciente campaña militar que, según la administración Trump, está dirigida a los narcotraficantes.
Por Michael Gold, informando desde Washington para The New York Times
Un alto representante republicano y demócrata del Congreso sugirió el domingo que oficiales militares estadounidenses podrían haber cometido un crimen de guerra en la ofensiva del presidente Trump contra barcos en el Caribe, después de que un informe periodístico indicara que, durante uno de esos ataques, se ordenó un segundo ataque para matar a los sobrevivientes.
    Estas declaraciones se produjeron en respuesta a un informe del Washington Post del viernes que indicaba que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había dado una orden verbal para matar a todos los que se encontraban a bordo de barcos sospechosos de contrabando de drogas, y que esto llevó a un comandante militar a llevar a cabo un segundo ataque para matar a quienes habían sobrevivido inicialmente a un ataque a principios de septiembre.
    “Obviamente, si eso ocurriera, sería muy grave, y estoy de acuerdo en que sería un acto ilegal”, declaró el representante Mike Turner, republicano por Ohio y expresidente del Comité de Inteligencia, en el programa “Face the Nation” de CBS. El senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, declaró en CBS que, de ser cierto el informe, el ataque “se eleva al nivel de un crimen de guerra”. Y en CNN, al ser preguntado si creía que un segundo ataque para matar a los supervivientes constituía un crimen de guerra, el senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, respondió: “Parece que sí”.
     Los comentarios de los legisladores se produjeron después de que los principales republicanos y demócratas de los dos comités del Congreso que supervisan el Pentágono se comprometieran durante el fin de semana a intensificar su escrutinio sobre los ataques con barcos estadounidenses en el Caribe tras el informe. El Sr. Turner afirmó que el artículo solo había agudizado las ya serias dudas de los legisladores sobre la operación.
     “Existen serias preocupaciones en el Congreso sobre los ataques a los llamados barcos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, y la justificación legal que se ha presentado”, declaró. “Pero esto queda completamente fuera de lo que se ha discutido con el Congreso, y hay una investigación en curso”. Las investigaciones de los Comités de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes y del Senado constituyen el escrutinio más riguroso realizado hasta la fecha por el Congreso sobre la creciente ofensiva militar del Sr. Trump, llevada a cabo sin la aprobación ni consulta del Congreso, que, según él, tiene como objetivo eliminar a los narcotraficantes.
Constituyen un paso notable por parte de los legisladores republicanos, quienes han pasado gran parte del año cediendo ante el Sr. Trump y absteniéndose de supervisar sus acciones.
    Los senadores Roger Wicker, de Mississippi, presidente republicano del Comité de las Fuerzas Armadas, y Jack Reed, de Rhode Island, el demócrata de mayor rango del comité, declararon el viernes por la noche que habían “dirigido las investigaciones” al Departamento de Defensa.
“Llevaremos a cabo una supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias”, escribieron.
    El Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes hizo lo mismo el sábado. En una declaración conjunta, los representantes Mike Rogers, republicano por Alabama y presidente del panel, y Adam Smith, demócrata de alto rango por Washington, afirmaron estar “comprometidos a supervisar rigurosamente” los ataques con embarcaciones y que estaban “tomando medidas bipartidistas para obtener un informe completo de la operación en cuestión”.
Estados Unidos ha fortalecido su presencia militar en el Caribe con el fin de presionar a Venezuela. Funcionarios de la administración Trump han afirmado que intentan disuadir el narcotráfico y que los ataques con embarcaciones, que han causado la muerte de más de 80 personas desde principios de septiembre, forman parte de un supuesto conflicto armado formal con los cárteles de la droga.

    Sin embargo, miembros del Congreso han expresado su preocupación por la justificación legal que se utiliza para llevarlos a cabo.
El Washington Post informó esta semana que en el primer ataque con embarcaciones, el 2 de septiembre, hubo sobrevivientes en el agua después del primer ataque con misiles y que el ejército llevó a cabo un segundo para matarlos por orden del Sr. Hegseth. The Intercept también informó en septiembre que los militares habían llevado a cabo un ataque de seguimiento para matar a los sobrevivientes de un ataque inicial.

    En un comunicado emitido el viernes, el Sr. Hegseth denunció el informe del Post. Defendió las acciones militares y afirmó que los oficiales habían sido claros en todas las operaciones al afirmar que los ataques contra embarcaciones estaban diseñados para ser “ataques letales y cinéticos”.
    En declaraciones a la prensa el domingo, el Sr. Trump expresó su confianza en el Sr. Hegseth. El presidente sugirió que “no habría deseado” un segundo ataque con víctimas mortales, antes de reiterar que creía que el Sr. Hegseth había negado esa versión del ataque. El secretario de Defensa no contradijo directamente el informe del Post en su comunicado del viernes, pero lo calificó de “inventado e incendiario”.
    El senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York y líder de la minoría, pidió al Sr. Hegseth que publicara “las grabaciones completas e inéditas de los ataques para que el pueblo estadounidense pueda comprobarlo por sí mismo”.
    Los demócratas han criticado repetidamente los ataques contra embarcaciones, calificándolos de ilegales, comparándolos con ejecuciones extrajudiciales. El Sr. Kelly formó parte de un grupo de seis legisladores que este mes grabaron un video que recordaba a las tropas su obligación de rechazar órdenes ilegales, aunque no mencionaba ninguna orden específica.
    El domingo, el Sr. Kelly, quien está siendo investigado por el Pentágono por sus comentarios en el video, declaró tener “serias preocupaciones sobre que alguien en esa cadena de mando se pase de la raya que nunca debería cruzar”.
    Los comentarios del Sr. Turner y las acciones de los Srs. Wicker y Rogers sugirieron que los republicanos también estaban cada vez más preocupados por el alcance y la legalidad de las operaciones.
     La promesa de los comités de una supervisión más estricta también se produce cuando un pequeño número de republicanos de extrema derecha, incluida la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia, han expresado su consternación por los enredos en política exterior que, según ellos, contradicen el enfoque de “Estados Unidos Primero” prometido por Trump.
     Aun así, muchos republicanos han expresado su apoyo a las operaciones militares en Venezuela. El domingo, el senador Markwayne Mullin, de Oklahoma y estrecho aliado de Trump, desestimó el informe del Post y defendió a la administración.
     Mullin, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, afirmó que Trump estaba “protegiendo a Estados Unidos con una actitud muy proactiva”.

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