La hora decisiva: Colombia ante el futuro
Por Diego León Caicedo Muñoz
“La peor de las democracias es mil veces preferible a la mejor de las dictaduras.” — Ruy Barbosa.
El 21 de junio, Colombia vivirá una jornada electoral que marcará el rumbo de la nación. No se trata únicamente de elegir un presidente, sino de decidir si la democracia se fortalece o se debilita frente a prácticas que amenazan su esencia.
El programa de Cepeda bajo análisis jurídico
El último programa de gobierno presentado por el candidato Iván Cepeda, a tan solo diez días de la segunda vuelta, pretende marcar distancia frente a la idea de una constituyente. Sin embargo, desde un análisis constitucional y jurisprudencial, incorpora tres elementos que mantienen abierta la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente:
1. Acuerdo nacional: inspirado en la propuesta de Gustavo Petro, se presenta como un pacto incluyente. En realidad, obliga a que todos los sectores se subordinen a una única visión, lo que, ante la falta de consenso real, desembocaría en una constituyente.
2. Bases heredadas: el programa conserva la idea de que para implementar las reformas es necesario modificar la Constitución. Esto implica un riesgo jurídico evidente: la instrumentalización del poder político para alterar las reglas fundamentales del orden constitucional.
3. Comité de firmas: aunque se anunció la suspensión de la recolección, el comité promotor sigue vigente. Para disipar dudas, no basta con detener el proceso; es necesario disolverlo y desistir totalmente. Incluso así, la credibilidad seguiría comprometida, pues en 2018 Petro aseguró públicamente que no habría constituyente, y los dos primeros puntos mantienen abierta esa posibilidad.
Manuel José Cepeda, expresidente de la Corte Constitucional, ha señalado que una constituyente debe representar al pueblo entero, no a sectores ni fracciones, en virtud del principio de indivisibilidad de la soberanía. En contraste, el corporativismo social que se plantea fragmenta la representación popular y erosiona la legitimidad democrática.
La democracia no puede sostenerse sobre proyectos que buscan reescribir la Constitución sin consensos reales. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente exige un consenso amplio y genuino que represente la totalidad del pueblo soberano. Pretenderlo desde proyectos sectoriales desconoce el principio de indivisibilidad de la soberanía y vulnera la seguridad jurídica. La estabilidad constitucional es condición sine qua non para la vigencia de los derechos fundamentales y la preservación del Estado Social de Derecho.
Amenazas en las regiones
En diversas regiones del país se han denunciado presiones y amenazas de grupos armados ilegales a ciudadanos para que voten en favor de Cepeda. Estas prácticas son inadmisibles y constituyen una violación directa al principio del voto libre y secreto. La intimidación política a través de las armas, no solo vulnera derechos fundamentales, sino que revive viejas heridas de violencia electoral que Colombia debería haber superado, y hoy se convierte en un recordatorio de que el voto libre sigue siendo un derecho en disputa.
Trampas, mentiras y compra de votos
La campaña de Cepeda ha sido señalada por el uso de estrategias engañosas: manipulación de información, contradicciones en sus mensajes y promesas que cambian según la audiencia. A esto se suma la compra de votos, una práctica deleznable que degrada la democracia y convierte el sufragio en mercancía.
En este contexto, resulta inevitable recordar la frase de Carlos Gaviria: “El que paga para llegar, llega para robar”. Esta sentencia resume con crudeza la lógica perversa de quienes buscan el poder a cualquier costo, hipotecando la confianza ciudadana y debilitando las instituciones.
El 21 de junio no será una fecha cualquiera: será el día en que Colombia decida si la democracia se reafirma o se debilita. Cada voto será un acto de resistencia frente a la intimidación, la corrupción y la compra de conciencias. No podemos permitir que el miedo ni las trampas definan el futuro de nuestra nación.
Los demócratas serios se destacan por aceptar los resultados electorales, sea cual sea el desenlace. La aceptación del escrutinio es imprescindible, y nunca puede traducirse en convocar hordas desaforadas a destruir bienes públicos y privados en señal de desaprobación. Por ello, insto a comandantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional a prevenir crisis institucionales y de orden público, defendiendo la Constitución Política antes que cualquier lealtad partidista. La única lealtad válida es con la Constitución.
La democracia no puede sostenerse sobre proyectos que buscan reescribir la Carta sin consensos reales. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente exige un consenso amplio y genuino que represente la totalidad del pueblo soberano. Pretenderlo desde proyectos sectoriales desconoce el principio de indivisibilidad de la soberanía y vulnera la seguridad jurídica. La estabilidad constitucional es condición sine qua non para la vigencia de los derechos fundamentales y la preservación del Estado Social de Derecho.
Defender la democracia en paz y con firmeza
La hora decisiva ha llegado. El futuro está en nuestras manos, y la democracia se defiende en las urnas con la fuerza de la ciudadanía y la solidez de la ley. “La democracia es el derecho a disentir, el deber de resistir y la obligación de defender la verdad.”
