Democracia vulnerada: La prohibición constitucional de la participación política de los servidores públicos
Cuando el poder desconoce los límites, la democracia se convierte en rehén
Por Diego León Caicedo Muñoz
“La democracia no es el reino de la perfección, sino el gobierno de las reglas.” Norberto Bobbio.
En un artículo anterior titulado “Ciudadanía activa: el camino para salvar nuestra democracia” señalé la importancia de la prohibición constitucional de la intervención política de los funcionarios públicos.
Este no es un tema nuevo ni exclusivo de este gobierno; por algo está contemplado como delito en el Código Penal colombiano. El gran problema es que, bajo el actual gobierno, en cabeza del presidente y algunos de sus ministros, esta ignominia contra la democracia y la Constitución de 1991 se ha agudizado.
La Comisión Tercera de la Constituyente, encargada de redactar el articulado sobre la estructura del Estado, dio especial relevancia al régimen del servidor público. La preocupación central era modernizar la administración y eliminar las prácticas clientelistas que habían generado inmoralidad y descrédito institucional. De allí surgió el artículo 127 de la Constitución, que prohíbe a los servidores con jurisdicción, autoridad civil o administrativa participar en actividades partidistas o controversias políticas, salvo el derecho al voto.
La reforma constitucional de 2004, que autorizó la reelección presidencial, modificó parcialmente este artículo. Posteriormente, la Ley 996 de 2005 —la llamada “ley de garantías”— reglamentó la participación del presidente candidato en condiciones de igualdad frente a otros aspirantes. Sin embargo, tras la eliminación de la reelección en 2015, la ley continuó vigente, generando incertidumbre interpretativa. La Corte Constitucional, no obstante, ha sido clara: lo que se restringe no es la participación política en sí, sino el uso del cargo como medio de presión sobre los ciudadanos, pues ello vulnera la imparcialidad del Estado y el bien común.
La Carta Política también establece en su artículo 6 que los servidores públicos son responsables por infracción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Y en el artículo 123 recuerda que están al servicio del Estado y de la comunidad, no de intereses particulares. Por tanto, no es factible hacer proselitismo político utilizando la investidura y los recursos públicos para influir en el proceso electoral.
Estas conductas pueden configurar delitos como intervención en política, peculado, cohecho, prevaricato, tráfico de influencias y constreñimiento al sufragante.
Además, acarrean sanciones disciplinarias como destitución e inhabilitación. Sin embargo, la realidad política muestra un panorama preocupante: más de 90 procesos contra el presidente reposan en el Congreso, dominado por su partido, sin que prospere ninguno. La impunidad se convierte en cómplice de la arbitrariedad.
El filósofo Jürgen Habermas recordaba que la legitimidad democrática no nace de la fuerza ni de la manipulación, sino de la fuerza del mejor argumento. Hoy, en Colombia, asistimos a una práctica deleznable: la participación política más abierta y abusiva jamás vista en cabeza de un presidente, desplegada en favor de su candidato y de su partido.
El mandatario ha convertido los medios de comunicación públicos, las plazas y las redes sociales en escenarios de campaña, instrumentalizando su investidura y los recursos del Estado para favorecer intereses particulares. Con ello, viola de manera flagrante los parámetros normativos y debilita la confianza ciudadana en las instituciones, socavando el principio esencial de imparcialidad que sostiene la democracia.
La democracia no puede ser reducida a un discurso vacío ni a un ritual electoral; es un compromiso vivo que exige vigilancia constante y defensa activa. Cuando el poder desconoce los límites constitucionales y utiliza la investidura para favorecer intereses partidistas, la ciudadanía tiene el deber de reaccionar. No basta con la indignación: se requiere participación, exigencia y firmeza en la defensa de las reglas que garantizan la igualdad y la libertad.
Solo una sociedad consciente y movilizada puede impedir que la arbitrariedad se normalice y que la democracia se convierta en rehén del poder. La Constitución es nuestro pacto común: respetarla es proteger el futuro de Colombia.
