El nuevo sistema pensional colombiano: ahorro, solidaridad y sostenibilidad financiera. Segunda entrega
Por Diego León Caicedo Muñoz
En la primera entrega examinamos los fundamentos constitucionales del sistema pensional colombiano, sus dos regímenes, los principios de solidaridad, cobertura y sostenibilidad, y las dificultades que justificaron la discusión de una reforma estructural.
Ahora corresponde mirar hacia adelante: ¿qué propone el nuevo modelo? y, especialmente, ¿qué ocurrirá con los recursos destinados a financiar las pensiones presentes y futuras?
La Ley 2381 de 2024 estructuró un sistema basado en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Su propósito es ampliar la protección en la vejez, incorporar a quienes no logran completar los requisitos para una pensión y reorganizar la administración de las cotizaciones y los ahorros pensionales.
Pero una reforma pensional no puede analizarse únicamente desde sus beneficios sociales. También debe responder una pregunta esencial: ¿de dónde saldrán los recursos para pagar las pensiones y cómo se preservarán en el tiempo?
Cotizar, ahorrar, invertir y garantizar
El nuevo modelo mantiene una diferencia fundamental entre los recursos destinados al componente público y aquellos que corresponden al ahorro individual.
En el pilar contributivo, la cotización se distribuye entre el componente de prima media y el componente complementario de ahorro individual. En este último, los recursos acumulados pertenecen al afiliado y deben generar rendimientos que contribuyan a financiar su futura pensión.
Aquí aparece una cadena determinante para la sostenibilidad: cotización, administración, inversión, rendimientos, acumulación, desacumulación y pago de pensiones.
Por ello, hablar de sostenibilidad financiera no significa simplemente preguntarse cuánto dinero ingresa hoy al sistema. También implica determinar cómo se administran esos recursos, qué rentabilidad producen, qué riesgos asumen, cómo se preserva el capital y si los rendimientos son suficientes para atender las obligaciones futuras.
El Fondo de Ahorro: una pieza central
Uno de los cambios más relevantes es la creación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, concebido como una cuenta especial administrada por el Banco de la República.
Su finalidad es contribuir a financiar obligaciones futuras del componente de prima media, mediante recursos que deben conservarse y producir rendimientos. La ley establece que estos recursos no pueden utilizarse para gastos administrativos u otros fines ajenos a su destinación.
Por eso resulta fundamental que su administración observe criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación y manejo prudente del riesgo. El objetivo no es maximizar rendimientos a cualquier costo, sino procurar una rentabilidad compatible con la preservación del capital y con la obligación de pagar pensiones durante períodos prolongados.
En otras palabras, el ahorro pensional no es dinero disponible para cualquier finalidad pública. Tiene una destinación específica y está vinculado a derechos y expectativas de millones de afiliados.
¿Qué dijo la Corte Constitucional?
La situación jurídica de la reforma exige precisión.
La Sentencia C-264 de 2026 examinó los cuestionamientos relacionados con el procedimiento legislativo. La Corte no declaró constitucional la reforma en todos sus aspectos materiales ni cerró el debate sobre su contenido de fondo. Por el contrario, ordenó devolver a la Cámara de Representantes determinadas disposiciones para subsanar los vicios procedimentales identificados.
Se trata de nueve disposiciones, algunas completas y otras parcialmente afectadas: los artículos 11, 14, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93. Entre los temas involucrados están la naturaleza de los recursos de las cuentas individuales, la pensión integral de vejez, la administración e inversión del ahorro, la comisión durante la transición, los beneficios por semanas asociadas a hijos, el tratamiento tributario y las reglas de inversión del Fondo de Ahorro.
La precisión es importante: no todos esos artículos fueron devueltos íntegramente, sino únicamente las partes respecto de las cuales la Corte encontró necesario subsanar el procedimiento legislativo.
Una vez cumplido ese trámite, corresponderá nuevamente a la Corte verificar su cumplimiento. Por ello, la discusión jurídica sobre la reforma todavía no puede considerarse definitivamente cerrada.
Solidaridad y sostenibilidad: ¿opuestas o complementarias?
Existe una falsa disyuntiva que conviene superar: presentar la solidaridad como contraria a la sostenibilidad financiera.
Una solidaridad que no pueda sostenerse en el tiempo terminaría debilitando la protección que pretende garantizar. Y un sistema financieramente sostenible, pero incapaz de proteger a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, perdería su dimensión social y constitucional.
El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio entre solidaridad, ahorro, cobertura, rentabilidad, responsabilidad estatal y equidad intergeneracional.
¿Un sistema público, privado o mixto?
El debate no termina con la actual reforma. Ya se plantea en el escenario público la posibilidad de fortalecer el ahorro individual y reducir progresivamente el papel de Colpensiones, llevando el sistema hacia un modelo con mayor participación de los fondos privados.
Más allá de las posiciones políticas, surge una pregunta constitucional: ¿debe el Estado administrar directamente una parte de las cotizaciones para garantizar la solidaridad, o puede cumplir esa obligación mediante regulación, supervisión y garantías, dejando la administración del ahorro principalmente en manos privadas?
La pregunta no es solamente cuánto puede recibir quien hoy se pensiona, sino cuánto debe preservarse para quienes mañana tendrán que financiar y recibir las pensiones.
La reforma pensional, por tanto, no debería evaluarse únicamente por lo que promete entregar hoy. También debe juzgarse por su capacidad para proteger los recursos, generar rendimientos adecuados y garantizar que las obligaciones futuras puedan cumplirse.
Porque la verdadera sostenibilidad de un sistema pensional no se demuestra cuando tiene recursos para pagar las pensiones de hoy, sino cuando también puede responder por las pensiones de mañana.
“La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento.”
— John Rawls, Teoría de la justicia (1971).
¿Qué efectos económicos y fiscales puede producir el nuevo modelo y quién terminará asumiendo, en última instancia, el costo de garantizar las pensiones futuras?
Y allí queda planteado el verdadero desafío.
Estimado Diego León:
He leído con particular interés esta segunda entrega de “El nuevo sistema pensional colombiano: ahorro, solidaridad y sostenibilidad financiera”, con la cual complementa y profundiza muy acertadamente las reflexiones planteadas en su anterior artículo.
Quiero expresarle nuevamente mi sincera felicitación. Comparto plenamente la idea central de su análisis: el verdadero desafío de cualquier sistema pensional consiste en lograr que la solidaridad social y la sostenibilidad financiera, lejos de concebirse como principios antagónicos, se articulen de manera equilibrada para garantizar tanto la protección de quienes hoy requieren del sistema como los derechos de quienes dependerán de él en el futuro.
Encuentro especialmente acertado que centre buena parte de la reflexión en la naturaleza y destinación de los recursos pensionales. No basta con determinar cuánto ingresa al sistema o cuáles prestaciones reconoce en el presente; resulta igualmente indispensable establecer cómo se administran esos recursos, cómo se preservan, qué rendimientos generan y en qué condiciones podrán responder por obligaciones que se extenderán durante décadas. El ahorro destinado a financiar la vejez, por su propia naturaleza, exige una administración particularmente prudente, responsable y orientada hacia el largo plazo.
En esa perspectiva, cobra especial importancia la preservación de la destinación pensional de los recursos y la protección del ahorro individual de los afiliados. Su adecuada administración no constituye un asunto exclusivamente financiero: se encuentra íntimamente vinculada con la confianza legítima de millones de personas que, mediante sus cotizaciones, aspiran a obtener protección económica durante la vejez.
Comparto igualmente su apreciación acerca de la falsa disyuntiva entre solidaridad y sostenibilidad. Una solidaridad financieramente insostenible terminaría comprometiendo, con el paso del tiempo, los mismos derechos que pretende proteger; pero un sistema financieramente sólido que desatienda a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad perdería la esencia social que le impone nuestra Constitución. El punto de equilibrio debe encontrarse, entonces, en la armonización de solidaridad, ahorro, cobertura, rentabilidad, responsabilidad estatal y equidad intergeneracional.
A no dudarlo, allí reside la dimensión constitucional más profunda del debate: un sistema pensional justo no puede limitar su mirada a las necesidades de la generación presente. Debe ser capaz de proyectarse hacia quienes mañana llegarán a la edad de retiro y garantizarles que las decisiones adoptadas hoy no habrán comprometido los recursos ni la capacidad institucional necesaria para protegerlos.
Por ello, me parece especialmente afortunada su afirmación de que la verdadera sostenibilidad no se demuestra únicamente cuando existen recursos para pagar las pensiones actuales, sino cuando el sistema conserva también la capacidad de responder por las futuras. Esa perspectiva intergeneracional permite comprender que la sostenibilidad financiera no constituye un límite extraño al derecho a la seguridad social, sino una condición indispensable para asegurar su permanencia y efectividad a través del tiempo.
Gracias, mi estimado paisano, por compartir esta segunda entrega. Ambas reflexiones conforman un análisis ponderado de uno de los asuntos de mayor trascendencia para nuestro Estado Social y Democrático de Derecho: construir un sistema que sea solidario sin comprometer su viabilidad, financieramente responsable sin abandonar su función social y capaz de proteger, con sentido de justicia intergeneracional, tanto a quienes hoy reclaman su amparo como a quienes habrán de necesitarlo mañana.
Reciba nuevamente mi sincera felicitación por la calidad y profundidad de su trabajo.
Un fuerte abrazo🤗🤗. cordialmente Julio Ever Velásquez Rojas