El actual estado de las cosas inconstitucionales
Por Diego León Caicedo Muñoz
“El problema de las noticias falsas es que debilitan la confianza”, Edward Shummacher.
La máxima jurídica que reza: “mis derechos van hasta donde comienzan los de los demás”, en ninguna sociedad es regulada de manera particular por los ciudadanos, está a cargo del Estado, en cabeza del legislador.
Los derechos no son absolutos y deben ser limitados para conservar la convivencia pacífica, esas obligaciones imperiosas se encuentran en leyes como el código penal, el código de convivencia ciudadana y sigue una larga lista.
Hasta la vida que es el derecho más preciado del ser humano, tiene sus limitaciones legales, como la eutanasia, el aborto y la legitima defensa personal y de terceros.
A partir de la vida, siguen las limitaciones a los demás derechos y libertades.
La protesta pacífica es un derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la carta política, como medio legitimo para la reivindicación de derechos y libertades de cualquier índole y es una obligación del Estado amparar a los manifestantes en su derecho, pero también es sujeto de limitaciones, en aras de permitir la libre circulación de las demás personas y, por ende, el desarrollo de los otros derechos que se desprenden de este.
En las últimas décadas del siglo XX y en lo que va corrido del presente siglo, el ejercicio de este derecho se ha intensificado, producto del descontento social con quienes regentan las instituciones del Estado y son elegidos popularmente.
La población se siente impotente ante el actuar espurio de los políticos y lo manifiestan a través de la protesta, con el ánimo de que el ejecutivo los escuche e impulse las soluciones pertinentes.
Políticos inescrupulosos han contaminado este derecho tan sagrado para los ciudadanos, principalmente congresistas pertenecientes a la corriente opuesta al gobierno de turno, de la mano de estos, las directivas de algunos gremios sindicales, que también pescan en rio revuelto.
Para colmo de males, a esta amalgama de intenciones protervas se ha incorporado el narcotráfico y los que se financian de este infame azote, es decir, guerrillas, disidencias, grupos armados organizados y dictaduras comunistas.
Desde el año 2019 los criminales de manera concertada y proyectada infiltraron la protesta pacífica, violando sistemáticamente los derechos fundamentales de todos los colombianos a través del vandalismo, que conlleva a la comisión de delitos como: destrucción de bienes públicos y privados, terrorismo, hurtos, saqueos, homicidios, violencia contra servidores públicos, bloqueo de vías, etc. Que por supuesto, nada tiene que ver con una manifestación en calma.
Cuando los políticos, el narcotráfico y la delincuencia organizada, fusionan el derecho constitucional con el delito en busca de réditos particulares, vulnerando los derechos y libertades, nos encontramos ante un Estado de Cosas Inconstitucionales, como lo estableció en su jurisprudencia la Corte Constitucional.
Esta triada busca deslegitimar un gobierno, para allanarle el camino a otro que quiere llegar a ocuparlo y mezclan las formas de lucha para el mismo objetivo. Utilizan, además la mentira como medio para generar odios entre personas y hacía instituciones como la Policía Nacional., al mejor estilo de Joseph Goebbels, jefe de campaña de Adolf Hitler, a quien se le atribuyó la frase “Quien repite una mentira hasta la saciedad, terminará imponiéndola como verdad”. Lo más insólito es que encontraron eco en la comunidad internacional, causando un impacto negativo a la imagen del país.
Para que se configure el Estado de Cosas Inconstitucionales se requieren tres factores: primero, condiciones de proceso, (fallas estructurales de políticas públicas en el país), segundo, condiciones de resultado, (violación masiva y sistematizada de derechos fundamentales de un número indeterminado de personas y tercero, la necesidad imperiosa de trabajo en conjunto de todas las autoridades públicas para la solución a la problemática contraria al Estado Social de Derecho constitucional.
El Estado de Cosas se concentra en las poblaciones vulnerables y en el caso en comento se consumen todas.
Es apremiante que la Corte Constitucional, como garante de la constitución, concentre todos sus esfuerzos en resolver este estado de cosas inconstitucionales, que no solucionarán nunca los políticos por si solos, e inste a las autoridades competentes, para que en el marco de sus funciones y dentro de un término razonable, adopten las medidas necesarias para corregir y superar esta anarquía reinante.
En todos mis escritos vengo planteando una restructuración institucional, una transformación educativa que conlleve a una participación efectiva de la sociedad en aspectos democráticos y políticos, y un cambio en la forma de hacer política.
Cambios que son ineludibles para implementar la democracia y mejorar el nivel de existencia de los colombianos, pero que se llevan a cabo en una línea prolongada del tiempo.
