“La Marcha de la Mayoría” será el 16 de agosto contra el Gobierno Petro

    Por Lola Portela

    Tras cumplir un año como Presidente de la República, Gustavo Petro, en los últimos meses, se ha mantenido en el ojo del huracán, luego de las declaraciones de su hijo mayor, Nicolás Petro, en las que aseguraba que a la campaña presidencial habrían ingresado dineros fraudulentos. Por lo cual, la mayoría de los colombianos, respaldados por la oposición, piden que el mandatario sea sometido a un juicio político.

    Entre los argumentos de las demandas ante la Comisión de Acusaciones del Congreso y demás entes del Estado contra el mandatario colombiano, se alega por la cantidad de recursos que presuntamente habría recibido la campaña presidencial de Petro, ya que irían en contravía de la Constitución Política de Colombia, que establece en el artículo 109 que la violación de los topes máximos de financiación conlleva a la pérdida de investidura por el elegido.

“La violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de la investidura o del cargo”, señala el artículo 109 mencionado.

     ¿Por qué un Juicio Político a Petro?
Cabe anotar que el Consejo Nacional Electoral ya había hecho una investigación y esa auditoria emitió un concepto por falsedad en las facturas. Esto está radicado en una denuncia del abogado José Manuel Abuchaibe, y ya también tiene un curso en la Cámara de Representantes.

    Sin embargo, a través del movimiento ciudadano “Juicio Político a Petro”, se está intensificando el proceso, mediante firmas de los colombianos que confirman ese deseo. Dado que el representante conservador Wadith Alberto Manzur Imbett, hoy presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pretende “dilatar” la solicitud formalizada por el abogado Abuchaibe.

    Por eso, se activó la acción ciudadana de recolección de firmas liderada por Pierre Onzaga Ramírez. De tal manera que el Congreso entienda que está en la obligación de cumplir con la Ley 5 de 1992, para el desarrollo del Juicio Político a Gustavo Petro. Y no como pretende el congresista Wadith Manzur, quien desea aplicar la ley 600 del 2000 a todas las investigaciones, en cuanto al presidente se refiere. Ya que esto sólo lo abordaría desde la temática penal.

    Y es que si se permite manejar el tema por la ley 600, pasaría lo que sucedió con Ernesto Samper y el proceso 8000, es decir: nada

    Como elector o como constituyente primario los colombianos pueden hacer que se respete la exigencia de un Juicio Político y público en el Congreso; bajo el uso de la Ley 5 de 1992.

   Pierre Onzaga dice al respecto: “El congreso, ni la oposición falsa, nos van a distraer volviendo esto una película penal en el congreso. ¡Nos quieren distraer! El presidente Petro no debe terminar, violó la Ley y la Constitución, Ley 5 del 92 ya”.

     Cabe anotar que, en las marchas del 2022, la sociedad colombiana despertó y salió a expresarse masivamente, sin líderes políticos, así lo registraron en los medios nacionales e internacionales. Por eso ahora los Congresistas saben que la mayoría del pueblo está inconforme con Gustavo Petro y en contra de las reformas: “Los Congresistas hoy entienden que, en las urnas, ese constituyente primario, ese pueblo, ese ciudadano, puede sancionar políticamente a los partidos que no tengan claro o no entiendan que hay las herramientas para un Juicio Político a Petro: por violación de topes electorales, es una bandera instaurada y constitucional, según el artículo 109”, explica Pierre Onzaga.

     Y, agrega: “luego que se lleve a la Corte Suprema de Justicia, ya destituido, para que la justicia siga el proceso, por relación con el narcotráfico, lavado de activos, por los 15 mil millones de Benedetti y todo lo demás, que descubran”.

     Y precisa Pierre Onzaga: “Los Congresistas tratan de mezclar lo penal, con lo político. Enfoquémonos es la destitución política del presidente, con base en la información de la firma Nexia Montes & Asociados”.

     Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) puso bajo la lupa los gastos de los desplazamientos aéreos y el pago a testigos electorales, que al parecer no fueron reportados durante la campaña de primera y segunda vuelta del actual presidente Gustavo Petro.

     De acuerdo con el portal Cuentas Claras del CNE, los gastos por los vuelos y desplazamientos aéreos del entonces candidato Gustavo Petro fueron en primera vuelta, $4.155 millones, mientras que en segunda fue de $1.330 millones. Sin embargo, esas cuentas están bajo vigilancia estricta desde junio pasado, cuando quien fuera embajador en Venezuela Armando Benedetti admitió que sus constantes vuelos para desplazarse fuera de ese país eran prestados por la misma empresa que transportaba al hoy presidente.

    Benedetti dijo: “eran amigos de la campaña y yo les pido a veces el favor que me lleven y me traigan, y le toca a uno pagar güevonadas ahí de mantenimiento”.

En ese contexto político que, para este miércoles 16 de agosto, se convocaron marchas en todo el país. Esta nueva convocatoria se denominó la Marcha de la Mayoría, en la que se espera que participen miles de colombianos que buscarán exigir la renuncia o un juicio político al presidente Gustavo Petro.