Mientras Arabia Saudita intensifica su lucha contra las drogas, las ejecuciones alcanzan cifras récord.

    Ante la afluencia de anfetaminas, el reino ha ejecutado a cientos de personas, muchas de ellas extranjeras condenadas por contrabando a pequeña escala.

Ismaeel Naar informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Vivian Nereim desde Riad, Arabia Saudita.

El número de ejecuciones en Arabia Saudita se ha disparado mientras las autoridades libran lo que denominan una amplia “guerra contra las drogas”, aplicando la pena capital a los contrabandistas que introducen hachís y pastillas de anfetaminas en el reino.

El gobierno saudí ha informado de al menos 320 ejecuciones en lo que va del año. Esta cifra ha aumentado drásticamente en los últimos tres años, a pesar de las promesas anteriores del príncipe heredero Mohammed bin Salman de frenar esta práctica.

Dos tercios de las ejecuciones de este año están relacionadas con delitos de drogas, según Reprieve, una organización de derechos humanos con sede en Londres. Funcionarios saudíes han argumentado que los narcotraficantes merecen un castigo severo porque el delito se asemeja a un ataque violento contra su conservadora sociedad islámica.

Sin embargo, activistas de derechos humanos que dan seguimiento a los casos de pena capital en el reino afirman que los extranjeros de bajos ingresos, provenientes de países como Egipto, Etiopía y Somalia, están sobrerrepresentados en el corredor de la muerte.

Según documentos judiciales revisados ​​por The New York Times y entrevistas con familiares, algunos de los condenados a muerte parecen ser traficantes de bajo nivel que alegan haber sido coaccionados para transportar drogas.

“Son el eslabón más débil del narcotráfico”, declaró Taha al-Hajji, abogado y activista de derechos humanos saudí exiliado.

Al-Hajji señaló que muchos de los acusados ​​condenados a muerte por delitos de drogas son ciudadanos extranjeros pobres, como conductores y obreros. No está claro si el gobierno saudí también ha arrestado y ejecutado a importantes narcotraficantes. El caso de Issam Shazley, un pescador egipcio condenado a muerte en 2022, ejemplifica las injusticias de la represión, según activistas de derechos humanos.

Shazley, entonces de 24 años, fue arrestado por guardias fronterizos saudíes en 2022 mientras navegaba en el estrecho canal que separa Arabia Saudí de la península del Sinaí, en Egipto.

En una grabación de voz desde prisión, compartida con The Times por un familiar, Shazley declaró que narcotraficantes lo obligaron a subir a una barca a punta de pistola. Documentos judiciales revisados ​​por The Times indican que, según su testimonio, los narcotraficantes lo obligaron a nadar hasta la orilla con una cámara de neumático llena de pastillas.

Sin embargo, la fiscalía saudí afirmó que Shazley había aceptado contrabandear 334.000 pastillas de anfetamina a cambio de un pago de aproximadamente 3.000 dólares. El valor en el mercado negro de estas pastillas ascendería a varios millones de dólares.

Shazley espera ahora su ejecución junto a decenas de otros presos con casos similares. “Oímos el argumento de que Arabia Saudita intenta abordar un problema de drogas, y puede que sea cierto, pero la forma en que lo hacen es completamente errónea”, afirmó Jeed Basyouni, investigador de la pena de muerte en la región para Reprieve. “Están atacando a los más vulnerables: ciudadanos extranjeros, víctimas de trata, personas que no tenían poder ni conocimiento de la situación en la que se encontraban”.

El gobierno saudí no respondió a las preguntas ni a las solicitudes de comentarios del Times.

“En vista de sus devastadoras consecuencias”, algunos delitos relacionados con las drogas son “equivalentes a un asesinato”, escribió el gobierno saudí en enero, en respuesta a una carta de relatores especiales de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones previstas de 29 ciudadanos extranjeros.

“La pena de muerte se impone únicamente para los delitos más graves y en circunstancias extremadamente limitadas”, escribió el gobierno saudí.

Arabia Saudita no cuenta con un código penal escrito, lo que genera una considerable opacidad en los procesos penales. La pena de muerte se aplica generalmente a delitos como asesinato, terrorismo y traición. Pero la ley antidrogas del reino también prevé la aplicación de la pena de muerte, a discreción del juez, a cualquier acusado declarado culpable de tráfico de drogas, recepción de drogas de un traficante o fabricación de drogas.

Aunque el mercado de drogas existe desde hace tiempo en Arabia Saudita, investigadores y profesionales médicos afirman observar un aumento de la adicción, describiéndola a veces como un efecto secundario de los rápidos cambios sociales.

Entre las sustancias más consumidas se encuentra el captagon, una anfetamina ilegal que fue el principal producto de exportación de Siria durante sus casi 14 años de guerra civil, sirviendo de apoyo al gobierno del dictador Bashar al-Asad.

El príncipe Mohammed, gobernante de facto de Arabia Saudita, de 40 años, ha liderado una vertiginosa transformación del reino en la última década, flexibilizando las restricciones sociales a la vez que intensificaba la represión política, en su intento por convertir al país en un centro global de negocios, tecnología y turismo.

La policía religiosa, que solía patrullar las calles en busca de parejas no casadas, ha perdido sus poderes, lo que permite a los adolescentes coquetear abiertamente en cafés, clubes nocturnos y fiestas rave patrocinadas por el gobierno. “El mismo país que promueve conciertos y fiestas rave ejecuta a personas que podrían haber suministrado las drogas utilizadas en esos eventos”, declaró la Sra. Basyouni.

Hace una década, Arabia Saudita aún decapitaba a criminales convictos en plazas públicas, aplicando la pena de muerte para una amplia gama de delitos, incluyendo asesinato, violación y “brujería”. Sin embargo, en una entrevista con la revista Time en 2018, el príncipe Mohammed afirmó que el reino reduciría drásticamente el uso de la pena capital.

En 2020, el número de ejecuciones en Arabia Saudita descendió a 27, según la Comisión de Derechos Humanos, organismo gubernamental que emitió un comunicado celebrando la medida, atribuyendo el logro a una moratoria, hasta entonces no anunciada, sobre las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas.

Según observadores de derechos humanos, las ejecuciones ya no se realizan en público. La plaza de Riad donde antes se llevaban a cabo las decapitaciones es ahora un centro turístico donde los visitantes disfrutan de cafés con leche de matcha.

Pero en 2022, la moratoria sobre las ejecuciones relacionadas con las drogas finalizó sin explicación alguna. Desde entonces, el número de ejecuciones ha alcanzado su nivel más alto desde que las organizaciones de derechos humanos comenzaron a documentar cifras anuales a principios de la década de 1990. Este año, según Amnistía Internacional, se prevé que supere el récord del año pasado de 345 ejecuciones.

En lo que va del año, más de 90 ejecuciones se han debido a cargos exclusivamente relacionados con el hachís, según Reprieve.

La represión del gobierno contra las drogas comenzó en 2023, cuando las autoridades se centraron en traficantes y consumidores, y lanzaron campañas públicas para alertar sobre las consecuencias de la adicción. Se desconoce la magnitud del consumo de drogas en el reino, donde la información pública es limitada.

Los medios locales comenzaron a publicar historias estremecedoras como la de Barakat al-Kinani, un saudí condenado por consumir metanfetamina y asesinar a su amigo Bandar al-Qarhadi, prendiéndole fuego. El Sr. al-Kinani fue ejecutado en 2023.

Sin embargo, muchas de las ejecuciones documentadas por las organizaciones de derechos humanos no están relacionadas con delitos violentos. En cambio, según los activistas, se centran en traficantes de poca monta en casos plagados de confesiones forzadas y otros problemas.

«Cuando comparecimos ante el tribunal, no teníamos abogado; nadie nos defendía», declaró Hassen Jemal Abdala, un etíope condenado a muerte, en una llamada telefónica realizada en junio a activistas en el extranjero, que fue grabada y compartida con The Times. «No conocemos el idioma ni la legislación del país».

El gobierno saudí no respondió a la solicitud de comentarios sobre su caso. La carta de los relatores especiales de la ONU señaló que, de los documentos judiciales que habían revisado de cinco hombres condenados a muerte, solo uno contaba con un abogado de oficio, y los otros cuatro no parecían tener representación legal.

En la grabación, el Sr. Hassen, de 35 años, afirmó haber entrado en Arabia Saudí como inmigrante indocumentado con la esperanza de encontrar trabajo, pero fue arrestado en la frontera. A principios de agosto, fue ejecutado tras ser acusado de contrabando de drogas, según Eskinder Gedlu, un activista etíope residente en Washington que ha organizado protestas y vigilias por el Sr. Hassen y otros condenados a muerte en Arabia Saudita.

El gobierno saudí no ha publicado ninguna orden de ejecución para una persona con ese nombre, pero el 3 de agosto anunció la ejecución de un ciudadano etíope llamado Jemal Abdo Hassen por contrabando de hachís. No está claro si se trataba de la misma persona; el Sr. Eskinder cree que sí.

Decenas de hombres del este de África acusados ​​de contrabando han sido ejecutados desde enero, según Amnistía Internacional. «Es como si los arrastraran al matadero y a nadie le importara», declaró el Sr. Eskinder.

    El Sr. Shazley, el pescador egipcio condenado por contrabando, permanece en el corredor de la muerte. En la grabación de audio compartida con The Times, afirmó haber sido coaccionado por las autoridades saudíes para confesar.

     “Pasé varias noches detenido, golpeado y torturado de las peores maneras posibles, solo para obligarme a firmar este documento de confesión”, declaró el Sr. Shazley en la grabación. “Nada de esto se mencionó en el expediente que me presentaron durante los juicios”.

     Los funcionarios saudíes no respondieron a las preguntas sobre el Sr. Shazley. Anteriormente, han negado las acusaciones de tortura y confesiones forzadas, y han asegurado que todos los detenidos tienen garantizada la representación legal.

     En una apelación, el abogado del Sr. Shazley solicitó la conmutación de su pena, argumentando que su cliente “merece una oportunidad para reintegrarse a la sociedad”, según una copia de la apelación revisada por The Times. “Se le considera víctima de narcotraficantes que se aprovecharon de sus circunstancias personales, como su corta edad, su pobreza y su necesidad de dinero”, escribió.