Relaciones armónicas y tensiones constitucionales entre Ejecutivo y Congreso
Por Diego León Caicedo Muñoz
“La libertad política consiste en la independencia del poder legislativo respecto del ejecutivo.” Montesquieu.
Las últimas semanas han estado marcadas por la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, episodio que los medios calificaron como la “primera derrota política” del presidente electo. Sin embargo, más allá de la coyuntura mediática y de las confrontaciones entre líderes partidistas, lo que corresponde es examinar el asunto desde la perspectiva constitucional y legal, alejándonos de la narrativa puramente política.
Como es habitual antes de la posesión presidencial, el gobernante entrante designa a su gabinete. El reto central es contar con colaboradores idóneos. En este contexto, destaca el ministro del Interior, Rodrigo Lara, llamado por ley a cumplir una tarea compleja: conducir las relaciones políticas con el Congreso.
La Constitución de 1991, en su artículo 200, establece las funciones del Gobierno frente al Congreso: concurrir a la formación de las leyes, presentar proyectos por intermedio de los ministros, objetarlos y sancionarlos conforme a la Carta Política. A su vez, la Ley 2893 de 2011 asigna al Ministerio del Interior la dirección de las relaciones políticas con el Congreso, la coordinación con las regiones y la formulación de políticas en materia de derechos humanos y orden público. En este marco, el ministro del Interior es, por definición, el “ministro de la política”. Por ello, el ministro designado inició su trabajo previo con los nuevos parlamentarios posesionados el 20 de julio, cultivando relaciones armónicas con el legislativo. Hasta aquí, no hay inconveniente: sucede en todas las democracias.
No obstante, debe distinguirse entre la relación armónica de poderes y la intromisión indebida en asuntos propios de cada rama. El Legislativo no puede ser apéndice del Ejecutivo. La máxima anunciada por el presidente electo —“cambiar la política para siempre”— exige coherencia: abandonar las viejas prácticas de guiños, componendas y clientelismo que la Constitución de 1991 buscó erradicar al separar las fechas de elección presidencial y legislativa, precisamente para evitar el arrastre electoral y la dependencia de maquinarias, experiencia negativa de la Constitución de 1886.
El episodio reciente, en el que el ministro nominado del Interior confrontó públicamente al expresidente Uribe y otros actores, contradice esa promesa de renovación. La misión constitucional del Ejecutivo es presentar proyectos de ley y persuadir a los legisladores de su importancia, no intervenir en la elección de las directivas del Congreso.
La politiquería creó la expresión “guiño presidencial”, es decir, el visto bueno del presidente para que elijan en las directivas de las cámaras a congresistas afines. Según la vieja tradición política, si no se hace, se afecta la gobernanza nacional y es necesario que los presidentes de las corporaciones manejen las mayorías bajo la tutela presidencial. Esta práctica la hicieron Uribe, Santos, Duque y Petro. Ese vestigio de la Constitución de 1886 debe quedar atrás si se quiere fortalecer la independencia de poderes.
La línea es delgada: cuando el Ejecutivo respeta la autonomía del Congreso, se fortalece la democracia; cuando la relación se convierte en intercambio de favores, clientelismo y repartición de burocracia, se erosiona la legitimidad institucional, y el primer paso es el “guiño presidencial”.
Contrario a su ministro del Interior, el presidente electo manifestó públicamente que nunca intervino ante el Congreso para dar vía libre a la escogencia de las presidencias de las cámaras, que era respetuoso del sistema de pesos y contrapesos. Por ahora, siendo consecuentes con el principio de la buena fe y honrando el beneficio de la duda, creemos en el Presidente De La Espriella, pero esperamos que estos episodios no se repitan.
La elección del contralor fue reformada por el acto legislativo de 2015 y la ley 1904 de 2018: convocatoria pública, pruebas de conocimiento y selección final por el Congreso. Pese a ello, el presidente saliente dio su “guiño” al contralor en funciones, distorsionando el proceso. El nuevo presidente debe abstenerse de intervenir, pues el contralor cumple una misión delicada: vigilar que el gasto público se ajuste a la Constitución y la ley. La independencia de este órgano de control es vital para la democracia.
En conclusión, la Constitución de 1991 nos recuerda que la política no debe ser un campo de maniobras clientelistas, sino un espacio de deliberación democrática. El reto del nuevo gobierno es demostrar que su promesa de “cambiar la política para siempre” se traduce en hechos: respeto a la autonomía del Congreso, impulso de proyectos de ley con argumentos sólidos y garantía de transparencia en los órganos de control. Solo así se honra el Estado Social y Democrático de Derecho y se fortalece la confianza ciudadana en las instituciones.
La elección de las mesas directivas no fue la “primera derrota política” del nuevo presidente, sino un impase inesperado surgido de un voto limpio que derivó en una alianza coyuntural e impensable entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico. Ambos celebraron con júbilo lo que presentaron como un triunfo propio y una supuesta derrota del Ejecutivo, aunque siguen siendo fuerzas que cargan con la condición de perdedores de la elección presidencial. Para los defensores de la Constitución de 1991, en cambio, el episodio dejó al descubierto la fragilidad de las costumbres políticas y se convirtió en un espectáculo ignominioso, un intento de intromisión en la autonomía del Congreso y un recordatorio de que la verdadera derrota sería retroceder hacia el clientelismo que la Carta quiso desterrar.
