Transición energética en Colombia: ¿Sustitución gradual o abandono anticipado de los recursos naturales?
Por Diego León Caicedo Muñoz
“Las decisiones con respecto a la seguridad y a la soberanía energética no deben estar supeditadas a las políticas de gobierno, sino a políticas de Estado.”
— Amylkar Acosta Medina.
La transición energética es uno de los mayores desafíos de Colombia. El cambio climático y los compromisos internacionales obligan a transformar progresivamente la matriz energética. Pero surge una pregunta fundamental: ¿debe Colombia abandonar anticipadamente la exploración y explotación de petróleo, gas y carbón, o avanzar hacia energías limpias mediante una transición gradual, responsable y compatible con su realidad económica y energética?
Colombia depende todavía significativamente de la explotación y exportación de recursos naturales. Petróleo y carbón generan divisas, regalías, impuestos, empleo e inversión. Por ello, la transición no puede concebirse como sustitución inmediata, sino como un proceso progresivo de transformación tecnológica, económica y productiva hacia 2050.
Transición no significa eliminación inmediata
Los ODS establecen para 2030 metas de incremento de energías renovables y eficiencia energética, pero no ordenan la desaparición del petróleo, gas o carbón. El horizonte de 2050 exige una transformación profunda, pero requiere construir previamente las condiciones para que la sustitución sea posible.
Transición no significa prohibición inmediata: significa sustitución progresiva.
Colombia frente al cambio climático
Colombia debe reducir sus emisiones, proteger sus ecosistemas y desarrollar energías limpias, considerando su participación en las emisiones mundiales y su dependencia de las materias primas.
Reducir emisiones no debería significar perder abruptamente ingresos, empleo, inversión y seguridad energética antes de disponer de alternativas suficientes.
Petróleo y carbón durante la transición
Aquí resulta pertinente el pensamiento del exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta Medina. En sus trabajos sobre transición energética sostiene que Colombia necesita una ruta propia y que los recursos provenientes de las actividades extractivas pueden contribuir a financiar la transformación productiva y energética. En El PND y la transición energética, plantea utilizar esos ingresos mientras se diversifica progresivamente la economía.
La idea es clara: no perpetuar la dependencia del petróleo y el carbón, sino utilizar responsablemente el período de transición para construir las condiciones que permitan superarla.
Fundamento constitucional
La Constitución protege el ambiente, pero también reconoce el aprovechamiento regulado de los recursos naturales no renovables. Los artículos 79 y 80 consagran la protección ambiental y el desarrollo sostenible; el artículo 80 ordena planificar el manejo de los recursos naturales para garantizar su conservación, restauración o sustitución. Los artículos 332, 334 y 360 reconocen la propiedad estatal del subsuelo, la intervención económica del Estado y las regalías derivadas de su explotación, siendo desarrollada por la ley 141 de 1994.
La Constitución, por tanto, no establece una prohibición general de explotar petróleo, gas o carbón. Exige planificar, regular y controlar su aprovechamiento dentro de parámetros de sostenibilidad.
Explotación responsable y protección ambiental
Toda actividad extractiva puede generar impactos, pero estos deben prevenirse, minimizarse y controlarse mediante criterios científicos, selección adecuada de áreas, licenciamiento y vigilancia estatal.
Debe excluirse la actividad donde existan incompatibilidades ambientales y respetarse estrictamente páramos, acuíferos, fuentes hídricas y demás ecosistemas especialmente protegidos.
Acosta ha insistido en que los riesgos de los yacimientos no convencionales deben ser identificados y controlados, particularmente frente a los recursos hídricos. Su planteamiento permite sostener que explotación responsable y protección ambiental no son conceptos necesariamente incompatibles.
Corte Constitucional y Consejo De Estado
La Sentencia C-123 de 2014 es fundamental para estudiar las competencias de la Nación y las entidades territoriales frente a la explotación de recursos naturales.
El Consejo de Estado también ofrece antecedentes relevantes sobre principio de precaución, licenciamiento y yacimientos no convencionales. Su decisión de 7 de julio de 2022 sobre fracking permite estudiar la diferencia entre prohibición, investigación científica y regulación ambiental.
El debate colombiano
Durante el gobierno de Gustavo Petro se produjo un cambio sustancial en la política de hidrocarburos, particularmente con la decisión de no suscribir nuevos contratos de exploración y concentrarse en los existentes.
El debate no debe plantearse entre protección ambiental y desarrollo económico. La pregunta es si la velocidad con que se restringió la exploración y explotación correspondió a la velocidad con que Colombia desarrolló fuentes capaces de sustituirlas y sus efectos sobre ingresos, divisas, regalías y seguridad energética.
Una transición puede ser ambientalmente ambiciosa y, simultáneamente, económicamente inconveniente si elimina anticipadamente una fuente de recursos sin construir suficientemente su sustituto.
Una transición paralela hacia 2050
La reactivación de la exploración y la continuidad prudente de la explotación no deberían significar regresar al modelo energético del pasado. Deben desarrollarse bajo estrictos controles técnicos y ambientales, respetando los compromisos internacionales y acelerando simultáneamente las energías renovables.
Una ruta razonable podría comprender tres etapas: 2026-2030, garantizar seguridad energética y fiscal mientras se acelera la inversión en energías limpias; 2030-2040, reducir progresivamente la dependencia fósil y diversificar la economía; y 2040-2050, consolidar una matriz descarbonizada, disminuyendo la producción fósil conforme existan sustitutos efectivos.
Conclusión
Colombia no tiene que escoger entre petróleo y ambiente, ni entre carbón y energías limpias. Tiene que escoger entre una transición planificada y una transición improvisada.
Colombia debe avanzar hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles, pero no significa renunciar anticipadamente a recursos que todavía generan ingresos, empleo, divisas, regalías y seguridad energética.
La responsabilidad consiste en aprovecharlos racionalmente mientras se construye la economía que habrá de reemplazarlos.
La transición energética colombiana debe ser gradual pero irreversible; ambientalmente rigurosa y económicamente responsable.
El petróleo, el gas y el carbón no pueden ser el futuro indefinido de Colombia. Pero tampoco tienen por qué convertirse, antes de tiempo, en su pasado.
La tarea del Estado no es escoger entre explotación y transición, sino administrar responsablemente el tiempo que separa una de otra.
