¿A quien le interesa el erario?
Por Diego León Caicedo Muñoz
“Quien vota a los corruptos, los legitima, los justifica y es tan responsable como ellos.”
Julio Anguita.
El erario es el conjunto de propiedades del Estado, que incluye dinero, activos, créditos por cobrar y otros, es decir, el tesoro público del país, departamento o municipio. Estos recursos provienen principalmente del cobro de impuestos a las personas naturales o jurídicas, de préstamos a la banca exterior y de las mismas empresas industriales y comerciales de propiedad oficial.
El patrimonio en manos de las instituciones estatales es destinado a financiar las obras públicas y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, ese capital, que es administrado por el Estado, fundamentalmente por el ejecutivo en el nivel central y territorial, es de todos los contribuyentes. Por esta razón se denomina público.
En teoría el erario debería interesarles a todos los pobladores y estos tendrían que ejercer un estricto control a los administradores del mismo. En la realidad, el capital oficial es un fortín para los funcionarios públicos corruptos y su sequito de personas que colaboran en el desfalco de las finanzas estatales. Para desgracia, el dinero de todos, lo usufructúan unos pocos.
Existen todas las normas habidas y por haber para que esos recursos sean utilizados de manera estricta en las necesidades de la población, pero ante la voracidad de los vivos estafadores, no hay ley severa que los pueda intimidar y mucho menos persuadir para que no timen la plata de los colombianos. Los sentimientos de ira, dolor y de impotencia son generalizados, pero no van más allá del comentario familiar y social.
Como lo manifestó Martín Luther King; “más que la maldad de los malos, es peor el silencio y la indiferencia de los buenos”. Es poco y nada lo que estamos haciendo.
“La corrupción llegó a su punto final”, palabras de políticos populistas en medios de comunicación cuando se sancionó la ley 1474, en el año 2011, denominada “ley anticorrupción”, la cual tiene más de doscientos artículos. 10 años después, seguimos igual y peor cada día. La imagen del país ante la comunidad internacional quedó en tela de juicio con esta norma.
Para dibujar lo anterior, simplemente coloquemos el siguiente ejemplo: cuando yo llegó a un restaurante y encuentro un letrero que dice; “favor no sonarse con el mantel”, lo primero que pienso es que el restaurante es de quinta categoría y los comensales que asisten tienen este asqueroso vicio. Desafortunadamente nos seguimos limpiando la mucosidad nasal con el lienzo que cubre la mesa.
Es increíble que un personaje siniestro como Emilio Tapias con una condena encima por el famoso “carrusel de la contratación de Bogotá”, y con casa por cárcel, opere una red criminal de robo continuado al erario. No fue suficiente con el robo espectacular a los bogotanos, sino que fue por el patrimonio de todos los colombianos, utilizando para ello sus secuaces en el Ministerio de las Tecnologías de la información y las comunicaciones, (MINTIC).
Es inconcebible que en un país como Colombia, donde existen normas extremadamente rigurosas para contratar con el Estado, precisamente por los antecedentes de marras, suceda un caso como el del MINTIC.
La habilidad y la astucia de los vivos para apropiarse del patrimonio público es tan enorme, que logran soslayar cualquier ley impuesta, por más inexorable que sea. Si logran descubrirlos, posibilidades mínimas, viene la segunda parte del plan, la utilización de la justicia en beneficio propio, para terminar, pagando condenas irrisorias y extramurales, y lo peor, sin devolver lo hurtado.
La inoperancia de la justicia crea un círculo vicioso que promueve la cultura de la ilegalidad, permitiendo que los delitos contra la administración pública relacionados con corrupción se repitan una y mil veces. El artículo 13 de la ley anticorrupción establece que no habrá beneficios para este tipo de delitos, salvo los beneficios por colaboración, no obstante, esta última palabra da para todo, encontrando los ladrones de cuello blanco en unidades militares, de policía y hasta en sus lujosas mansiones.
El perfil psicológico de estos estafadores del patrimonio público es bastante peculiar, son personas egocéntricas, despilfarradoras, amantes de los lujos y con buen manejo de la expresión oral, pero sobre todo consideran como algo normal lo que hacen, no muestran una pizca de arrepentimiento y manifiestan; “que lo importante es no dejarse caer”. Este es un tema para otro escrito.
Si los colombianos no nos apropiamos del cuidado del erario, las personas a quienes elegimos para que cuiden nuestro patrimonio, nunca lo van a hacer. Contamos con las herramientas de participación ciudadana en la Constitución Política y la ley, pero desgraciadamente las ignoramos y de este modo consentimos silenciosamente que sigan despojando nuestras pertenencias.
