El sistema pensional colombiano: derechos, solidaridad y sostenibilidad financiera
Primera entrega
Por Diego León Caicedo Muñoz
Hablar del sistema pensional colombiano exige superar la discusión política coyuntural. Antes de determinar si una reforma es conveniente o inconveniente, es necesario comprender qué sistema existía, cuáles eran sus fundamentos constitucionales y qué problemas estructurales pretendía resolver.
El artículo 48 de la Constitución Política reconoce la seguridad social como un derecho irrenunciable y un servicio público obligatorio, bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, y ordena al Estado ampliar progresivamente su cobertura. Sobre esta base, la Ley 100 de 1993 estructuró el Sistema General de Pensiones, posteriormente modificado, entre otras normas, por el Acto Legislativo 01 de 2005.
El modelo estaba conformado por dos regímenes: el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). En el primero, los aportes ingresaban a un fondo común y la prestación estaba determinada por reglas legales; en el segundo, se acumulaban en cuentas individuales y su evolución dependía, entre otros factores, de los rendimientos de las inversiones. La Ley 100 estableció que los fondos constituyen patrimonios autónomos propiedad de los afiliados y que sus rendimientos deben abonarse a sus respectivas cuentas.
Los pilares del sistema
El primer eje era la solidaridad. El sistema no podía reducirse a un mecanismo individual de ahorro: debía incorporar mecanismos de redistribución y protección para quienes tenían menores posibilidades económicas.
El segundo era la cobertura. La Constitución ordenó ampliarla progresivamente. Sin embargo, la informalidad laboral y la discontinuidad de las cotizaciones impedían que una parte importante de la población alcanzara los requisitos para pensionarse.
Las cifras divulgadas por Colpensiones en 2024 ilustraban esa realidad: de 25,9 millones de personas laboralmente activas, 10,2 millones cotizaban activamente y 14,7 millones no contaban con protección efectiva para la vejez. Según la misma fuente, apenas una de cada cuatro personas llegaba a la edad de retiro con derecho a pensión y solo una de cada ocho mujeres lograba pensionarse.
El tercer eje era la sostenibilidad financiera. El Acto Legislativo 01 de 2005 incorporó expresamente al artículo 48 la obligación estatal de garantizarla. No se trataba simplemente de una preocupación fiscal: la sostenibilidad es condición para que el sistema pueda cumplir sus obligaciones presentes y futuras y mantener un equilibrio razonable entre generaciones.
El cuarto eje era la garantía estatal. El Estado no era un espectador: tenía responsabilidades de dirección, coordinación, regulación y control, además de las obligaciones pensionales que constitucional y legalmente le correspondieran.
Edad, semanas y cambio demográfico
En el régimen de Prima Media, la edad de pensión quedó en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, mientras el requisito general alcanzó 1.300 semanas de cotización.
Estos requisitos adquieren especial importancia ante la transformación demográfica del país. Colombia experimenta una disminución de la fecundidad, un aumento de la esperanza de vida y un acelerado envejecimiento poblacional, fenómenos que incrementan la presión sobre los sistemas de pensiones. Las proyecciones oficiales del DANE permiten observar esta transformación.
La cuestión no puede reducirse a preguntar cuántas semanas debe cotizar una persona o a qué edad debe pensionarse. También debe preguntarse cuántas personas estarán cotizando en el futuro frente al número de pensionados que deberán ser protegidos. La relación entre población activa y población mayor constituye un elemento esencial de la sostenibilidad.
De allí surge un debate de política pública: ¿es suficiente mantener las edades de pensión cuando cambia aceleradamente la estructura demográfica del país?
Derechos adquiridos y expectativas
Esta distinción resulta esencial frente a cualquier reforma.
La Sentencia C-168 de 1995 estableció que existe un derecho adquirido cuando una situación jurídica se ha consolidado bajo la legislación vigente. En materia pensional, cumplidos los requisitos legales, el derecho queda protegido frente a una ley posterior.
La mera expectativa, en cambio, es la posibilidad futura de adquirir un derecho cuando todavía no se han cumplido las condiciones necesarias. Entre ambas categorías, la Sentencia C-789 de 2002 reconoció la existencia de expectativas legítimas: situaciones aún no consolidadas, pero jurídicamente relevantes, que merecen protección frente a cambios legislativos.
La SU-130 de 2013 desarrolló esta doctrina en materia pensional y explicó la importancia de los regímenes de transición para proteger situaciones próximas a consolidarse.
Por eso, el legislador puede reformar el sistema hacia el futuro, pero no puede desconocer derechos adquiridos ni afectar desproporcionadamente expectativas legítimamente construidas.
Finalmente, el RAIS incorporaba otra dimensión financiera: sus recursos podían invertirse, bajo reglas de seguridad, rentabilidad y liquidez, en activos nacionales y del exterior. Los rendimientos de esas inversiones hacen parte de la dinámica financiera de los fondos y, por tanto, de la formación del ahorro pensional.
¿Cómo se relacionan esos recursos, sus rendimientos, la sostenibilidad financiera y el nuevo modelo pensional? Esa será materia de la segunda entrega.
Un balance necesario
El sistema anterior debe evaluarse objetivamente: existían instituciones consolidadas y mecanismos de solidaridad, pero también persistían problemas de cobertura, informalidad, desigualdad y sostenibilidad.
La verdadera discusión constitucional consistía en conciliar solidaridad, cobertura, sostenibilidad financiera y responsabilidad estatal, sin desconocer derechos adquiridos ni frustrar desproporcionadamente expectativas legítimamente construidas.
La Ley 2381 de 2024 surgió como respuesta a esas dificultades. Pero que un problema exista no significa que cualquier solución sea constitucionalmente válida, financieramente sostenible o socialmente conveniente.
“La sociedad es, en efecto, un contrato… una asociación no solo entre quienes viven, sino también entre quienes han muerto y quienes están por nacer.” — Edmund Burke, Reflexiones sobre la Revolución en Francia (1790)
¿Estamos construyendo un sistema pensional justo para quienes hoy se pensionan y, al mismo tiempo, sostenible para quienes todavía no han comenzado a cotizar?
Y allí comienza el verdadero debate.
