Es guerra urbana

Por Carlos Orlando Quiroga Ferreira
Lo que está pasando en nuestro país es una situación supremamente grave y peligrosa.

Los hechos de terrorismo, privación de libertad y abastecimientos y ataques a misiones médicas y a la Fuerza Pública en vías y ciudades, que a diario suceden, me permiten aseverar que el

Gobierno se enfrenta a una guerra urbana desatada por organizaciones armadas narcocomunistas a través de guerrilla urbana: las dos llamadas disidencias de las Farc y el Eln.

Nos son simples hechos de vandalismo o destrucción realizados por jóvenes ingenuos, desubicados y manipulados que salieron a protestar; son acciones planeadas, organizadas y ejecutadas por integrantes de esas organizaciones, entrenados para ello, a sabiendas de los promotores del paro.

Las capturas en Cali, Buenaventura y Bogotá de miembros de esas organizaciones con armas, material explosivo, dinero y propaganda alusiva, lo confirman.

Colombia ha enfrentado por más de 50 años la amenaza narcoterrorista comunista, que se denomina conflicto armado interno, principalmente en el área rural y a la Fuerza Pública, específicamente las Fuerzas Militares, le ha correspondido enfrentarla sin tener que pedirle permiso a los acaldes y gobernadores.

Los ataques terroristas a los municipios se hacían desde el área rural y los enfrentamientos se daba primordialmente en esa área.

Ahora, quienes atacan a la Fuerza Pública, se encuentran en las ciudades y desde adentro realizan las acciones de guerra y la zona rural es el lugar de escape y descanso.

Las manifestaciones, las protestas y los manifestantes de buenas intenciones son el cobijo para la ejecución de sus acciones.

Para la Fuerza Pública se torna complicado combatirla porque no es una guerra abierta y por tanto la inteligencia y las operaciones quirúrgicas adquieren preponderancia.
Nos enfrascamos en la Asistencia Militar, contemplada en la ley 1801, Código de Policía y convivencia, con todas las definiciones y normas que allí se contemplan; una de ellas, que la Asistencia Militar debe ser solicitada por los alcaldes y gobernadores al presidente de la Republica – lo que no es cierto – como si fuéramos a enfrentar simples vándalos y desadaptados que decidieron quemar buses, estaciones, comercios y bienes públicos y privados.

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, articulo 189, dice: corresponde al presidente de la Republica como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa:
4. Conservar en todo el territorio el orden público y reestablecerlo donde fuere turbado.
5, dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente

El numeral 4. faculta al presidente de la República para conservar el orden público y reestablecerlo donde fuere turbado
Las Fuerzas Militares (articulo 217) tienen como función constitucional la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional.
Por tanto, una de las funciones de las FF.MM es la defensa del orden constitucional y si ese orden se ve alterado por grandes perturbaciones al orden público nacional, en cualquier lugar del país, sea urbano o rural, le corresponde al presidente y a las Fuerzas Militares reestablecerlo combatiendo las narcoterroristas guerrillas urbanas y defender el orden constitucional.

No hay que pedirle permiso a ningún alcalde o gobernador, si este no cumple con su función de mantener el orden público en su jurisdicción. No se requiere por tanto la asistencia militar o el pedido de asistencia militar, un verdadero mico en la ley 1801, CÓDIGO DE POLICÍA Y CONVIVENCIA y un palo en la rueda que se coló en esa ley

El orden público alterado en el área rural o urbana por las guerrillas urbanas comunistas es una amenaza al orden constitucional. Y es lo que estamos viendo en un mes de paro, protestas, terrorismo y bloqueos, que configuran una guerra urbana.

Si el presidente no entiende o no logran hacerle entender que estamos en una guerra urbana e insiste en la asistencia militar como lo único camino, por lo que será responsable; para darse, no es cierto que los gobernadores y alcaldes la tengan que solicitar o que si ellos no la solicitan el Presidente no pueda disponer de ella.

Es el Presidente quien tiene la obligación de mantener o reestablecer el orden público donde fuere turbado.
Miremos lo que dice la ley.

La ley 1801 de 2106, Código Nacional de Policía y Convivencia, articulo 170. ASISTENCIA MILITAR, dice:

“Es el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y a la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente de la Republica, podrá disponer de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar. No obstante, los gobernadores y alcaldes municipales o distritales podrán solicitar al Presidente de la Republica tal asistencia, quien evaluará la solicitud la solicitud y tomara la decisión. La asistencia militar se regirá por los protocolos y normas especializadas sobre la materia y en coordinación con el comandante de la policía de la jurisdicción”.

Me parece grave error haber incluido la Asistencia Militar para obstaculizar una cooperación y apoyo institucional y desaparecer el Control Operacional sobre la Policía Nacional, que se usaba en casos extremos y que dotaba de herramientas efectivas para apoyarla ante hechos de una guerra urbana, disturbios y vandalismo.

Hay una realidad que está a la vista, si nos atenemos a la ASISTENCIA MILITAR. Los alcaldes lo son para todo el municipio, la zona urbana y rural; los gobernadores lo son para todo el departamento, incluyendo las vías.

Por tanto, si la ASISTENCIA MILITAR es a pedido del alcalde o gobernador para restablecer el orden público turbado, lo puede ser para la zona urbana o rural. Esto quiere decir que el Ejército podría ser bloqueado para realizar operaciones militares para mantener o reestablecer el orden público en el área rural, porque el alcalde o gobernador no ha pedido la asistencia militar, como equivocadamente se está interpretando.
Estamos colgados de una figura, para mi inconstitucional e inconveniente ante una guerra urbana, que recorta las funciones al presidente de la República y deja maniatadas a las Fuerzas Militares, mientras el país se sume en el caos y la anarquía; aunque me da la impresión de que el presidente Duque y las Fuerza Pública, se sienten cómodos con la Asistencia Militar, al dejar en manos de las autoridades locales y regionales el manejo del orden público, cuando el país se enfrenta una guerra urbana, que requiere el empleo de la fuerza y las armas legitimas del Estado a través de unidades especializadas en guerra urbana y con la inteligencia del Estado.

Mientras eso sucede, la Policía es desbordada, acorralada, ultrajada, maltratada, herida, asesinada y provocada y los soldados bachilleres y regulares que hacen presencia – nada más – sin las armas adecuadas para el control de disturbios, bloqueos y enfrentar una guerra urbana, son insultados, irrespetados y provocados y el país se va al abismo, empujado por la izquierda anárquica.
La Constitución y la ley es para acatarla, pero la seguridad y la salvación de la democracia no pueden depender de un artículo o un inciso mal interpretado e inconveniente.

No nos equivoquemos, esto es una GUERRA URBANA sofisticada y financiada por el narcotráfico y las organizaciones armadas narcoterroristas comunistas, que usan la combinación de todas las formas de lucha, entre ellas, la protesta, los bloqueos, el terrorismo, el secuestro de la población en sus ciudades, el desabastecimiento y la desinformación través de las redes. No es una nueva forma de guerra, es la vieja guerra urbana ya conocida por nosotros, fracasada en Uruguay, Argentina y Chile.

El escenario: las ciudades; la máscara: el estallido social provocado, la injusticia social, calificación que no me impide aceptar que existen varias causas justas para manifestarse pacíficamente.  
Sobre la destrucción, el caos y la anarquía causada por la guerra urbana, la izquierda comunista (pleonasmo, porque toda es comunista)) querrán aparecer como los salvadores del país en las próximas elecciones, si no es que antes la guerra urbana les permite la toma del poder por las armas y la revolución que pretenden lograr, porque no fuimos capaz de entender a que nos enfrentábamos.
No más eufemismos y perversión del lenguaje: no son manifestaciones pacíficas, ni simples disturbios, ni un simple paro reivindicatorio, es una guerra urbana.