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“Un llamado a la verdadera participación democrática de todos los ciudadanos”

Rosa Lía Medina de Lopez

Ante la proximidad de un nuevo ciclo de importantes procesos electorales en nuestro país, es cuestión de conciencia y solo pretendo resaltar, que es el total de la ciudadanía la que tiene la última palabra y que si no actúa en debida forma, algunos de sus elegidos representantes en todos los niveles de la organización estatal y lo que es peor muchos que nadie ha elegido en ninguna posición representativa y menos decisoria, sigan creyendo que pueden hacer impunemente todo lo que se les ocurra interpretando las normas a su gusto y acomodo y atemorizando a las mayorías con  recomendaciones irresponsables y seguimientos abusivos de las mismas sin ser de obligatoria aceptación, emanadas de organizaciones internacionales de discutible importancia relativa y con evidente sesgo ideológico.

En todo caso, al igual que todos los que se atreven a disentir por escrito en serios, o en desabrochados términos y seguro que como muchísimos otros compatriotas colombianos, he llegado al máximo de la frustración y de la  indignación por todo lo que está pasando en nuestra querida patria, tan llena de posibilidades pero tan mal manejada por el histórico egocentrismo de algunos “dirigentes políticos”, auto convencidos de ser los depositarios de la sabiduría plena, e incapaces de utilizar sus muchos “posgrados” y sus poco demostrables  “experticias” en el logro de verdaderos beneficios para todos los ciudadanos,  que son los “verdaderos financiadores de la existencia del estado de derecho” u obligados contribuyentes de los “recursos públicos” que en realidad son de su propiedad y fruto de su propio trabajo, y que solo desean verlos siempre bien utilizados en serias posibilidades de vida digna y decorosa, con todas las oportunidades por igual, de acceder a la salud integral, de tener seguridad y trabajo, educación, cultura y sano esparcimiento, y desde luego con total respeto por los diferentes resultados que cada quien obtenga según su esfuerzo, cualidades y dedicación.

Mi trabajo, necesariamente muy técnico, pero siempre con fines de equidad social para la correcta formulación, evaluación y control económico-financiero, antes, durante y después de la realización de proyectos de inversión privada y oficial en varias latitudes, permitió conocer muy de cerca diversas situaciones políticosociales y llegar a la certeza de que la democracia en sus modalidades directa y participativa, mucho más que la usual y generalizada modalidad representativa, ejercidas con honestidad y transparencia, con inteligencia y buena fe, sin odios ni resentimientos, es la “menos deficiente” de todas las ideologías, siempre que su ejercicio implique la existencia de iguales oportunidades en educación especialmente, para toda la población sin distingos de ninguna naturaleza, pero siempre regida por el control absoluto por parte de la ciudadanía sobre los legisladores, los administradores y los árbitros ó jueces del sistema a todo nivel y en toda circunstancia, a quienes se remunera no solo por la gran sabiduría que hayan obtenido, muchas veces subsidiada por el mismo estado, sino para que con ella como herramienta de trabajo, protejan siempre el interés colectivo.

Lamentablemente para la moderna democracia juega un rol muy decisivo la llamada “regla de la mayoría”, entendida como el derecho de ésta a que se adopten sus propuestas a pesar de existir diversidad de ellas, lo cual ha llevado a que en algunos países como el nuestro, se entienda equivocadamente como democracia, lo que son solo decisiones aparentemente mayoritarias, no siempre muy claras, ni muy racionales, ni muy honorablemente conseguidas”, como lo he expresado por escrito en oportunidades anteriores.

Se sabe sin embargo que muchos sistemas verdaderamente democráticos no utilizan tal regla, o la restringen mediante sistemas de elección rotativos, al azar, con el derecho al veto, y muchos otros contrapesos, ya que en determinadas circunstancias la famosa “regla de la mayoría” puede ser antidemocrática e injusta, cuando afecta los derechos de las minorías o de los “individuos en particular” y con mayor razón cuando la teórica minoría conforma el altísimo índice del 60% de la población que negligentemente ni siquiera se ha manifestado con una opinión y menos con un voto así sea en blanco, del cual desconocen su poder ante la inconformidad con algunos o con todos los candidatos.

La democracia en sus modalidades directa y participativa, son procesos que enfatizan y promueven como fundamental, la real y total participación de los asociados en la comprensión, dirección y operación del sistema; crean oportunidades para que todos los miembros de un grupo puedan hacer significativas y serias contribuciones en la gestión y vigila muy de cerca las características de las personas que tienen acceso a esas oportunidades; considera necesaria la circulación oportuna de una gran cantidad de información para que todo el proceso decisorio sea justo y exitoso, y por tanto otorga la máxima importancia a la tecnología y a los medios de difusión más eficientes y de última generación, capaces de llegar a todos los asociados fomentando la creación de total conocimiento, no de irracionales polarizaciones, rabia, miedo e incertidumbre, hasta llegar a la parálisis de la más sencilla de las iniciativas.

Hoy ante los caóticos acontecimientos en el diario acontecer, también tengo la profunda convicción de que es una necesidad urgente y por tanto prioritaria para la existencia del Estado de Derecho Colombiano, que se dé a toda la ciudadanía una real oportunidad de opinar y participar en toda deliberación, más aún si es de trascendencia, pues es totalmente ilógico que se den por “inamovibles” las decisiones de uno o de un pequeño grupo de funcionarios, por “ilustres y honorables” que sean y menos aún si son decisiones  de individuos al margen de la ley a quienes se ha concedido  por muchos años y en diversas formas la oportunidad de opinar con argumentos serios, sin que hayan presentado nada más que sus arcaicas posiciones de poder absoluto .  

Si se gastan absurdamente grandes sumas en “publicidad y publicaciones gubernamentales” y en “consultas internas de los partidos políticos”, mejor sería disponer de serios mecanismos institucionales, para hacer siempre consultas abiertas a la ciudadanía en general, que de hecho es a la larga el financiador de toda esa actividad.

Cuando la gran mayoría de los ciudadanos opina en contrario sobre cualquier asunto, o cuando es evidente porque el sentido común lo indica, que algunos funcionarios no están actuando en beneficio de la colectividad, sino que lo están haciendo según sus preferencias ideológicas, sus intereses personales o de favorecimiento  a terceros por cualquier razón, los ciudadanos deben ejercer el derecho a hacérselo saber por todos los medios lícitos que sean necesarios, actuando siempre con gran firmeza, coherencia, honestidad, serenidad y altura. 

No es aceptable que los legisladores se nieguen a las reformas que solicite un número significativo de ciudadanos, ni que las decisiones que tomen otros funcionarios, interpretando a su modo la ley, no puedan ser revisadas y modificadas por la voluntad ciudadana. “Es como si en una empresa los directivos y administradores estuvieran por encima de la Asamblea de Accionistas”

Tampoco son convenientes ni justas las generalizaciones y mucho menos las peyorativas sindicaciones a todas las personas al servicio del Estado o a las instituciones en general, pero si es conveniente que todas ellas sepan que están en la obligación de “explicar y hacer rendición de cuentas” a la ciudadanía y responzabilizarse por las consecuencias de cualquier incorrecta decisión que perjudique a uno, a varios, ó a muchos miembros de la sociedad. 

De ninguna manera podemos continuar en la incertidumbre sobre el nada claro futuro de nuestra Patria, de las nuevas y de las próximas generaciones en nuestras familias y de la sociedad en general. Tenemos que demostrar nuestra inconformidad y pedir claras explicaciones especialmente al Presidente de la República, al Congreso y a las altas Cortes; se me ocurre que una forma posiblemente válida y efectiva, sea una lluvia de correos electrónicos solicitando el trámite de nuestras inquietudes, a la Procuraduría General la Nación, que por algo es el Ministerio Público y que debe ser una de las instituciones con permanente cordura y claridad sobre la situación de Colombia, no solamente para adelantar procesos disciplinarios sino para que se procure atender las serias propuestas de los ciudadanos: 

quejas@procuraduría.gov.co  –  dcap@procuraduria.gov.co 

Democracia colombiana

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