La criminalidad, un mal endémico
Por Diego León Caicedo Muñoz
“Los políticos tímidos e interesados se preocupan mucho más de la seguridad de sus puestos que de la seguridad de su país”, Thomas Macaulay.
Por estos días la ciudadanía se encuentra conmocionada con la ola de homicidios y hurtos que azota a las grandes ciudades, como: Bogotá, Medellín y Cali. Ante el innegable auge de la criminalidad que se distingue por la intensidad en el daño jurídico, como por su nociva reincidencia, los medios de comunicación le han dado gran difusión, generando una reacción de zozobra en la opinión pública y no es para menos; según la información del Sistema Penal Oral Acusatorio, (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación, en lo corrido del 2021 se han registrado 7.972 homicidios. No es simplemente un asunto de percepción, sino una realidad reflejada en el aumento cuantitativo y la mutación en el cualitativo.
Los representantes de las instituciones del Estado, (alcaldes, fiscales y jueces, etc.), recargan toda la responsabilidad del fracaso de la seguridad ciudadana en la Policía Nacional, como si fuera la única responsable de la materia, pero esta institución es solo el último eslabón de la cadena. La tarea es solidaria, pero terminan endilgándose los reveses los unos a los otros.
Para que la seguridad ciudadana funcione y los índices de criminalidad disminuyan es necesario de la acción sistémica de todas las instituciones del Estado. Se requiere no solamente un sistema de justicia consolidado, un régimen penitenciario estructural y una Policía Nacional fortificada, sino, además la implementación de un plan social que permita satisfacer las necesidades de sus asociados, junto con la consolidación de una cultura ciudadana de legalidad y compromiso colectivo, que elimine el peor cáncer de la sociedad, la corrupción.
El Consejo Superior de Política Criminal, integrado por los diferentes órganos del Estado, profirió el Plan Nacional de Política Criminal 2021-2025, el cual como siempre se quedó corto ante la inmensa problemática de criminalidad existente, porque solo le da un tratamiento paliativo a la prevención y represión y no al problema de fondo, que es la desigualdad social. El plan contempla siete prioridades, pero hago énfasis en dos de ellas:
La primera, la necesidad de impulsar más procesos en la etapa investigativa y adoptar las medidas necesarias para agilizar el procedimiento en la etapa de juzgamiento, que conlleve a obtener sentencias condenatorias o absolutorias en forma oportuna.
El nivel de congestión es monumental, en el 2020 alcanzó el 62,4% y una de las razones es la falta de funcionarios, solo existen 11 jueces y 11 fiscales por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio según la OCDE es de 65. La impunidad es el incentivo para seguir delinquiendo.
Como si lo anterior fuera poco, con una justicia funcionando al 38%, las cárceles se encuentran sobresaturadas. Por este motivo, la Corte Constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario y carcelario debido al hacinamiento de los reclusos y a la falta de garantías constitucionales.
En razón a estas afugias, el Plan Nacional de Política Criminal estableció como objetivo prioritario; promover la alternativa penal, disminuyendo el uso de la privación de la libertad y la detención preventiva, sin embargo, sugiere la construcción de más y mejores centros carcelarios.
La segunda y no menos importante, tal como lo reconoce la Corte Constitucional, es la corrupción, ya que vulnera los cimientos sobre los cuales se estructura la democracia.
Es tan alto el nivel de corrupción que el Estado se encuentra capturado y cooptado por las mafias que han existido, que existen y que seguirán existiendo, porque las recomendaciones del plan al respecto son melindrosas y demasiado cortas en proyección.
Es imprescindible una política de Estado integral que abarque varios gobiernos para poder combatir este mal que hizo metástasis.
La seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos, sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia, (PNUD).
Si bien no debe confundirse la política de seguridad ciudadana con las políticas sociales a cargo del Estado, es preciso tener en cuenta que aquellos países caracterizados por altos niveles de desigualdad y discriminación, son más vulnerables a la delincuencia, la violencia y, con ellas, a las violaciones de los derechos humanos.
La reducción de la desigualdad y la discriminación pueden desempeñar un papel crucial en las condiciones de seguridad ciudadana en el hemisferio, (PNUD).
El circulo vicioso no se romperá y la inequidad social será la constante de la problemática que amenaza la seguridad ciudadana, quedando en evidencia la criminalidad como un mal endémico.
