La papa caliente de las minorías étnicas
Por Diego León Caicedo Muñoz
“Nuestra capacidad para alcanzar la unidad en la diversidad, será la belleza y la prueba de nuestra civilización”, Mahatma Gandhi.
A pesar de que en Colombia la participación de los sectores indígenas en el total de la población no supera el 2%, la Constitución Política no solo les concede amplios derechos, sino también, los mecanismos jurídicos y procesales para su defensa y concreción. Pero una cosa es la proclama constitucional, y otra la implementación y materialización de los mismos. No obstante, la Corte Constitucional haber proferido más de 50 sentencias sobre los derechos de los indígenas, dilucidando todas las dudas al respecto y exhortando al Estado al cumplimiento de sus obligaciones, las respuestas del gobierno no han sido contundentes.
El artículo 7 de la carta política fue introducido para poner fin oficialmente a la política de asimilación del Estado frente a los indígenas, que desde la década de 1980 suscitó el rechazo internacional, (Frank Semper, UMAM). En el artículo se reconoce y se protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y junto a este derecho aparecen muchos más, protegiendo las minorías.
El universo de convenios internacionales relacionados con el tema es bastante amplio, como también las normas que desarrollan la constitución al respecto, un ejemplo es la ley 99 de 1993, que establece la consulta previa con estas comunidades en materia de aspectos culturales, sociales y económicos concernientes a su hábitat natural.
Un departamento modelo, por desgracia, para mostrar la ineficacia del Estado, es el Cauca. Tiene la mayor concentración de comunidades indígenas del país, con 84 resguardos pertenecientes a 8 poblaciones indígenas. Allí los campesinos, indígenas y afrodescendientes reclaman la propiedad de la tierra. Según el IGAC, en el ente territorial habitan un millón 300 mil habitantes, de los cuales el 58% son campesinos, el 21% afrodescendientes y el 20% indígenas.
La ley 1448 de 2011, solo reconoce a los campesinos para la devolución de tierras, por abandono y despojo provocados por el conflicto desde 1991, pero los indígenas y afros consideran que su despojo ocurrió desde épocas de la conquista y la colonia. Lo que no significa que el Estado haya hecho nada por ellos.
El gobierno nacional mediante el INCORA y luego el INCODER, ha manejado programas de restitución de predios para comunidades indígenas. Se espera que con las nuevas entidades que heredaron algunas funciones del INCODER, como: la Agencia Nacional de Tierras, Agencia Nacional de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio, esta última, encargada de desarrollar el punto número uno de los acuerdos de la Habana, hagan algo concluyente para mejorar este gran inconveniente.
Según el Centro de Memoria Histórica, los conflictos contemporáneos por la tierra empezaron en los años 60. La violencia fue el detonante para la expansión de haciendas, en especial las de caña de azúcar, con el consecuente desplazamiento masivo de indígenas y campesinos.
Para terminar de agravar la dificultad en el Cauca, a partir de los 70 las guerrillas incursionaron en el departamento, luego el narcotráfico y, por ende, todos los grupos al margen de la ley habidos y por haber. Por supuesto, las minorías étnicas finalizaron involucrándose en el conflicto, gracias al abandono del Estado.
Desde los ochenta, los presidentes se han tirado esta papa caliente, que se salió de las manos, los unos a los otros. Entre tanto, diferentes gobiernos, como el de Santos, han invertido miles de millones de pesos, entregándoles dinero a los líderes de las comunidades indígenas, pero los resultados brillan por su ausencia. Por lo visto, en tratándose de corrupción, en todas partes se cuecen habas y los indígenas no son la excepción. Por otro lado, las camionetas de alta gama, reemplazaron los antiguos ancestros de andar a pie.
Si por un lado llueve, por el otro no escampa, es el caso de la comunidad Emberá, que naturalmente están ubicados en la costa pacífica, Risaralda y Antioquia, y ahora en el Parque Nacional de Bogotá. Aproximadamente 2.000 indígenas desplazados por la violencia en sus regiones llegaron el año pasado a la capital a reclamar sus derechos y ya se adueñaron de esas instalaciones.
No ha existido, y no se vislumbra en un futuro cercano, la suficiente voluntad política para solucionar esta amalgama de problemas, que mezcla complicaciones culturales, sociales, económicas y de seguridad. No solamente afrontan las consecuencias de la problemática las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos, sino también, los propietarios de tierra de buena fe, quienes han sido sujetos de invasiones y agresiones.
Otros que pagan los platos rotos, como si fueran la única representación del Estado, son los miembros de la fuerza pública, quienes son vilipendiados, humillados, sacados a patadas y a machete por indígenas y campesinos, de los predios que consideran sus territorios.
