Los departamentos que ameritan un modelo de atención inmediata
Por Diego León Caicedo Muñoz
“Los pueblos débiles y flojos, sin voluntad y sin conciencia, son los que se complacen en ser mal gobernados.” Jacinto Benavente.
Colombia cuenta con unos departamentos que poseen unas características similares en materia de biodiversidad, ecosistemas estratégicos y abiertos, una gran riqueza hidrográfica, una variedad topográfica y climática que se refleja en su flora y fauna, además de una pluralidad cultural, no solo por su variedad étnica, sino por sus expresiones culturales. Son departamentos de frontera terrestre y marítima, que conllevan unas características favorables para la exportación de productos primarios.
Desafortunadamente la coincidencia no es solo en su patrimonio natural y cultural, sino también en la problemática social, de seguridad y de abandono estatal. La ausencia de Estado efectivo, con seguridad, justicia, educación, salud e infraestructura adecuada, es aprovechada por la madre de todos los males, el narcotráfico. Quienes se dedican a este flagelo han usufructuado no solo el abandono estatal, sino la ubicación estratégica de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Antioquia.
Según el último reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, (SIMCI), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de la ONU, hay una reducción del 7% del área sembrada de coca en el país, sin embargo, el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura tipo exportación alcanzó 1.228 toneladas. Esta producción tiene en el país un ingreso bruto aproximado de 6.33 billones de pesos.
El 83% de la coca que se detectó en el 2019 se localizó en estos cinco departamentos, desde hace cinco años se consolida una tendencia a la concentración de cultivos de coca particularmente en zonas geoestratégicamente ubicadas.
Para colmo de males, al lucrativo negocio ilícito del narcotráfico se le agrega uno que produce igual o mayor producción económica, como lo es la minería ilegal, que se encuentra en el orden del 63%, y está concentrada en la minería del oro, principalmente.
El Sistema de Monitoreo Antinarcóticos de la Policía (Sima), que utiliza alta tecnología para ubicar las zonas con cultivos ilícitos y minería clandestina, ha identificado en todo el país 6.330 puntos donde se saca oro de aluvión. Sus reportes de inteligencia señalan que hay 95.000 hectáreas “con total afectación” por efectos de la extracción sin control. De nuevo se ubican en nuestros departamentos de atención inmediata, con excepción del Choco con 40.780 hectáreas.
En estos departamentos confluyen todos los grupos armados al margen de la ley; guerrillas, como el ELN, disidencias de las Farc, los Pelusos, Grupos Armados Organizados, como el Clan del Golfo, los Caparrapos, entre otros, que se disputan el control territorial de las zonas productoras y las rutas del tráfico de drogas, con otros grupos criminales trasnacionales, como los mexicanos.
La presencia de los grupos armados se atribuye a la ubicación estratégica sobre la frontera para la exportación de los estupefacientes. La situación es tan compleja que grupos armados enemigos, se han unido para enfrentar a las disidencias de las FARC, alianzas entre el ELN y los rastrojos, evidencian que la guerrilla perdió hace mucho tiempo su ideología y su objetivo es el narcotráfico.
De acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, de las más de ocho millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, el 46% de ellas están en estos departamentos, igualmente es en donde se presentan la mayor cantidad de asesinatos de líderes sociales y ex guerrilleros, masacres, desplazamientos masivos y apropiación de tierras por ilegales.
La Fuerza Pública cumple un papel esencial en el mantenimiento de las condiciones de convivencia pacífica, pero no lo es todo. La seguridad que es la principal insuficiencia en estas regiones, se garantiza cuando esa representación institucional es integral. Los gobiernos recurren al enfoque de solución de conflictos más sencillo, que es la intervención militar y policial, que soluciona solo una pequeña parte del problema.
Con la desmovilización de las Farc, el Estado se relajó y no entró a ocupar integralmente los territorios invadidos por esta extinta guerrilla, como consecuencia de esta omisión ingresaron otros actores más violentos a irrumpir en el lucrativo negocio del narcotráfico y minería ilegal. Se requiere un modelo de atención inmediata y gran parte de la solución ya está en la normatividad y solo es aplicarlo.
Es el mecanismo de integralidad para el campo, relacionado con la reforma rural estructural, en donde se encuentran los Programas con Enfoque Territorial, (PDT). Si esta ambiciosa apuesta del Estado funciona, generaría una transformación permanente en los territorios en cuestión, ya que eliminaría los factores que impulsan la violencia.
