Planes de desarrollo, medibles y controlables
– Requisito para la participación en todo proceso de elección popular –
Por Rosa Lía Medina de López
¿Puede un país prosperar y lograr fundamentales beneficios para todos sus ciudadanos, sin una total y muy clara separación de los poderes públicos y sin la necesaria, idónea, competente y oportuna manifestación respecto de la legitimidad de las disposiciones y actuaciones en cualquier nivel estatal, que por razones válidas se puedan considerar contrarias a un Régimen Democrático Representativo y Participativo que se supone rige en Colombia?
La respuesta por supuesto es NO y desde luego a continuación mi obligada propuesta de solución:
Exigir la expedición inmediata para las elecciones de 2022, de una Norma Electoral para todo tipo de partidos, que no para dignatarios por su exagerado e innecesario número, que garantice un claro y respetuoso debate de ideas, sin tortuosos y denigrantes ataques personales, basado exclusivamente en “Planes de Desarrollo medibles y controlables” completa y correctamente formulados, previa y suficientemente difundidos, con validación ante la Procuraduría General de la Nación y demás entes de Control competentes, sobre áreas, tiempos y recursos económicos que puedan medirse y monitorearse, así como de obligatoriedad vinculante en todos sus resultados con responsabilidad total para el partido en cuestión.
Por el directo aunque siempre respetuoso modo de expresión, se interpreta el sentimiento de una gran mayoría de colombianos, rechazando enfáticamente el calificativo de “guerrerista” o “enemiga de la paz”, ya que son muchos colombianos, quienes independientemente del partido de su preferencia, anhelamos profundamente una paz verdadera para toda la población, la que solo se logrará si esta va de la mano con la ética, la legalidad y la justicia, para lo cual existe suficiente institucionalidad legal y aun funcional en Colombia y ciudadanos con suficiente preparación y criterio para entregar propuestas viables y de beneficio colectivo.
No es posible que priorizando y aprovechando la coyuntura sanitaria, la única recomendación a la ciudadanía sea “mantenerse en casa enviando lindos, fraternos, prudentes e indiscutibles mensajes positivos” y dejar que una violenta minoría se crea dueña absoluta de la situación e imponga sus absurdas exigencias, dejándoles libre el escenario o “teatro de operaciones”, según el argot militar, para el libre ingreso de una obsoleta y evidentemente destructiva ideología, cuyos ejemplos están más que a la vista en los países cuyos ciudadanos, víctimas de un programado lavado cerebral, carecen hoy en día del coraje y reciedumbre, que tanto alaban en sus respectivos próceres de pasadas lides para la independencia de otros regímenes autoritarios.
Estas personas son más del 60% de los habilitados para votar y es un indicativo demasiado grande conformado por “abstencionistas” y por desconocedores del poder del “voto en blanco”, formidable herramienta para acabar con parásitos del erario público, y que dadas las actuales circunstancias, pueden llevarse una tremenda e ingrata sorpresa en el corto plazo, por esa peligrosa e irresponsable apatía analítica de la situación nacional en lo político, lo económico y lo social, sin darse cuenta que su indiferencia claramente sirve solo a los perversos intereses personales de algunos candidatos que con una muy pequeña cantidad de votos pueden ganar el terreno para sus aspiraciones personales.
Ojalá el siguiente recordatorio sobre los trascendentales eventos político-jurídicos resueltos demasiado apresuradamente en el corto lapso de agosto 2016 a Agosto 2017 y que al parecer en forma irremediable están influyendo en el futuro de nuestra Patria, haga reconsiderar el concepto de los que opinan que para nada sirve ejercer los derechos ciudadanos como el del periódico voto y sobre todo el de utilizar a diario, si es del caso, las herramientas de participación en la dirección de los asuntos públicos recurriendo a todos los medios legales existentes y derivados de la Constitución y las Leyes.
A finales del mes de agosto del año en curso se cumplirán cinco de la publicación del farragoso documento de 297 páginas denominado en forma abreviada como “Acuerdo final de La Habana”, negociado exclusivamente entre el grupo de “delegados plenipotenciarios” del Presidente de la República de la época y los cabecillas de una agrupación por más de 50 años al margen de la Ley, para entonces, autodenominada Farc-Ep, que nunca ha representado a más del 0,2 % de la población colombiana y que a pesar de ser una agrupación criminal, exigió y logró para la negociación “anfitriones y garantes” de su propia ideología y contrató similar asesor extranjero para la redacción del documento a su entera satisfacción, con la total aceptación de todos los “plenipotenciarios negociadores gubernamentales” incluidos miembros con alta graduación y en retiro de la fuerza pública, que conocían mejor que nadie en el país, las intenciones y falta absoluta de credibilidad de los criminales negociadores equiparados de la noche a la mañana en su propia representatividad y responsabilidad ante la ciudadanía.
La NO aprobación ciudadana del “Acuerdo Final de la Habana” fue ignorada por el gobierno a pesar de la obligatoriedad vinculante de los resultados, como lo ha reconocido el Consejo de Estado, y arbitrariamente resolvió darle la apariencia de un Nuevo Acuerdo a través de la controlada inclusión de parte de lo reclamado por la mayoría ganadora del NO, al que denominó “Acuerdo Final del Teatro Colón” y el que después de firmado con la agrupación criminal, también lo refrendó a través de sus manejables e incondicionales bancadas en el Congreso, proclamándoles convenientemente como representantes de la población para eludir habilidosamente la necesaria refrendación popular.
Hoy en día el mencionado “Acuerdo Final del Teatro Colón” ya es parte de la Constitución Nacional por obra y gracia de la permisividad de las bancadas gubernamentales en el Congreso Nacional, sin la más mínima preocupación por el evidente y patético detrimento de sus propias funciones constitucionales y con la aprobación de un conveniente mecanismo abreviado, el tan mencionado “Fast track”, aceptable por otros cuerpos legislativos en el mundo solo en situaciones de trámites realmente beneficiosos; también gracias a la extraña e ininteligible anuencia de la Corte Constitucional y muy a pesar del clarísimo NO en el Plebiscito de Octubre 2/2016 con un 50,23% de votos válidos, ya que las normas vigentes señalan en todo caso como mayoría absoluta, la mitad más uno de los mismos; pero lo que es más aberrante, que no fuera claro en ninguna forma como un presidente entrega libremente curules en el poder legislativo y le importe un bledo el monto y la fuente de los recursos económicos para el desarrollo de tales acuerdos “estatales” donde 160 de los 163 quedaron a cargo del erario público, es decir de los ciudadanos contribuyentes con los impuestos. Pero no olvidemos que en Derecho las cosas se deshacen como se hacen.
Con gran preocupación he visto confirmadas plenamente mis opiniones de entonces, así como las de muchos otros ciudadanos posiblemente de mayor idoneidad y credibilidad al respecto, y porque es la única forma de demostrar todo lo anteriormente afirmado, dispongo de los archivos electrónicos del documento inicial de 297 páginas y del segundo de 310 páginas, así como los escritos de advertencias al respecto, para quienes quieran verificar por sí mismos el porqué de la inconformidad de los ciudadanos que estamos y seguiremos en desacuerdo con el procedimiento realizado por el Ejecutivo Nacional en cabeza de Juan Manuel Santos y desconfiamos ahora de “negociaciones” del actual gobierno, con un “Comité Nacional del Paro” que nadie sabe quién lo eligió ni a quien representan, todos incursos en delitos claramente señalados en los códigos pertinentes que los hacen sujetos de inmediata judicialización, la cual exigimos los ciudadanos que cumplimos con todos nuestros deberes sin estar destruyendo el país en reclamo de ninguno de nuestros derechos.
