Democracia participativa cooptada por los políticos
Por Diego Léon Caicedo Múñoz
“La manipulación con fines políticos brota con la civilización y se deriva de la sed de poder” Domingo Pastor Petit.
La Constitución de 1991 marca el paso de la democracia representativa, pura y seca, a la democracia participativa.
Ese cambio de positivización se concreta en el artículo 3 de la Carta, que proclama: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”.
Por ello el constituyente buscó la forma de hacer realidad el nuevo modelo democrático, con tal fin articuló las democracias representativa y participativa.
La participación implica el sentimiento de los ciudadanos de estar involucrados en el juego político, de ser tomados en cuenta en el debate político y no del sentimiento de tener que esperar pasivamente, las medidas favorables a su destino, (Vargas, 1994, p. 26).
Los mecanismos de participación ciudadana son los medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental a participar en la dinámica pluralista, y permiten la intervención del pueblo en la conformación, ejercicio y control del poder político.
La Corte Constitucional ha señalado que la participación democrática postula un vínculo estrecho entre los electores y los elegidos que se traduce en la institucionalización del mandato imperativo, (sentencia C-180 de 1994).
Según el artículo 103 de la Carta Política, reglamentado por la ley 134 de 1994, los mecanismos de participación ciudadana que le dan la opción a los colombianos de ejercer el derecho a participar del poder político son: el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.
Por otro lado, el artículo 270, abrió la puerta a una modalidad de participación ciudadana dentro de la administración pública, las denominadas Veedurías Ciudadanas, que se erigen como herramienta fundamental más allá de la participación electoral y ejercen un papel muy activo a la hora de revisar la gestión Pública.
La pregunta que todos nos hacemos sobre la democracia participativa es; por qué si en la constitución se reflejan los mecanismos, en realidad el pueblo no participa.
Primero, la democracia dentro del mundo globalizado se hace cada vez más difícil, puesto que la gobernanza mundial está en manos de los políticos quienes han coaptado los derechos del pueblo, tanto a participar en las decisiones políticas, como a controlar la gestión pública y segundo, a la falta de educación de las personas en valores y principios democráticos, desconocimiento que ocasiona apatía a intervenir en el ejercicio democrático, y que es aprovechada por los políticos de turno.
La revocatoria del mandato y las veedurías ciudadanas son las únicas que se instituyen como herramientas constitucionales que emanan directamente del pueblo, sin intermediación de los cuerpos colegiados y el Presidente de la República.
La teoría fue diseñada para una nación educada en temas democráticos y con una sociedad política impoluta.
No aplica para la nuestra, en donde las maquinarias políticas acomodan todo a su arbitrio y el ciudadano incauto se desploma ante las triquiñuelas politiqueras.
No se había cumplido el año y los que perdieron las gobernaciones y alcaldías estaban como aves de rapiña enfilando las baterías para utilizar la revocatoria en beneficio propio.
Ni que decir de los comerciantes y dueños de empresas que siempre han utilizado las veedurías ciudadanas como negocio lucrativo, y lo peor de todo, es que hasta los instrumentos de protección de los derechos entran en juego, como la acción de tutela y las acciones populares y de grupo, extendiéndose el contubernio hasta la rama judicial.
Nos creemos el cuento de que somos vivos y de que hay que sacarle partido a todo, pero el daño que se le hace a la democracia y a la calidad de vida de los colombianos es enorme.
El estado está en la obligación de brindar una formación óptima a los colombianos, para que puedan sentirse dueños de su destino político y puedan participar con conocimiento de causa.
La pedagogía en derechos humanos es una herramienta imprescindible, que debe ser permanente, transparente y dirigida a una transformación cultural de la sociedad. Cuando tengamos un ciudadano educado en principios y valores democráticos, esa persona y esa colectividad no podrán ser manipuladas con facilidad.
La misma comunidad aportará elementos de cambio y podrá controlar las acciones que el Estado adelante para la realización de sus derechos. (Jair Gabriel Fonseca González, La democracia participativa en Colombia, ¿falacia o realidad?).
