Mesura en la nueva política antidrogas
Por Diego León Caicedo Muñoz
“Todas las cosas están sujetas a interpretación, la interpretación que prevalezca en un momento dado, es una función del poder y no de la verdad”, Friedrich Nietzsche.
En el mes de marzo del 2021 escribí un artículo que se tituló: “es hora de replantear la política antidrogas”, en el escrito realicé un análisis muy resumido de lo que ha sido la larga y ardua tarea para combatir el narcotráfico en sus diferentes modalidades. El fuerte de esta lucha ha sido la interdicción y la erradicación, con todas sus arandelas, como la investigación criminal, incautación de droga, capturas de narcos y extradición. Es decir, un enfoque meramente coercitivo y represivo en cabeza de la Fuerza Pública y la Rama Judicial.
Todo se convirtió en un círculo vicioso, con el concebido efecto hidra en los movimientos del comercio de drogas. Cuando una “cabeza” (capo, zona de producción o ruta de droga) se corta, dos más crecen para ocupar su lugar.
No hay equilibrio entre el esfuerzo que hace el Estado y los resultados obtenidos. La disminución de la oferta y la desarticulación de organizaciones de narcotraficantes es intermitente, ya que mutan permanentemente. Se reorganizan las estructuras y hay un desplazamiento geográfico de su producción, pero nunca se observa una disminución ostensible, como tampoco se ve un mejoramiento sustancial en la seguridad del país.
También manifesté en el documento que el gran reto es establecer una política integral del Estado colombiano, con el apoyo de los países consumidores, para cambiar el rumbo de la política antidroga.
Contamos con un mecanismo de integralidad y es el primer punto de los Acuerdos de Paz, relacionado con la Reforma Rural Integral, la cual tiene como propósito contribuir a la transformación estructural del campo. Por lo menos, se reconoce que la economía ilegal del narcotráfico tiene su origen en la situación de pobreza, falta de desarrollo de los territorios y el abandono del Estado hacía las comunidades rurales del país. Si ampliamos los Programas de Desarrollo con Enfoque territorial, (PDT), garantizando la coexistencia entre las agroindustrias y las agriculturas alternativas locales, habremos dado un paso trascendental.
El nuevo gobierno tiene un gran desafío y no será tarea fácil, en el último informe del SIMCI, hay 143.000 hectáreas sembradas de coca, y según la DEA, más de 1.000 toneladas de producción. Por versiones del mismo presidente electo y su programa de gobierno, la política antidrogas tomará una dirección diferente. Habrá mayor énfasis en el mecanismo del acuerdo de paz con las Farc, no aspersión con glifosato, se revaluará la erradicación manual o forzada, y se implementará la erradicación voluntaria para adaptarla al pacto y al PNIS.
Buscará un proceso integral de sustitución de economías ilegales hacía una economía productiva rural y ambiental, que conlleve entre otras, a reemplazar los cultivos de coca por los de marihuana y otros cultivos tradicionales.
El cambio va dirigido a la regulación de la droga y al abordaje del consumo como un tema de salud pública. Manifiesta que el país necesita avanzar hacía una agenda internacional, someter judicialmente a las organizaciones criminales a través del perdón social y no está de acuerdo con la extradición.
Es importante recordar que, Colombia en este asunto no es autónomo. La nación colombiana hace parte de tratados internacionales; como: la Convención Única de 1961, sobre estupefacientes, Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, y la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988.
A nivel multilateral hace parte de varias comisiones y mecanismos de cooperación para combatir el tráfico de drogas. Por tal razón, es una sobrades incursionar en solitario en las lides de la legalización de las drogas, como medio para terminar el negocio criminal. Peor aún, negociar con narcotraficantes y bandas criminales la condonación de sus delitos y la no extradición. Aparte de indignante, sería quintuplicar el efecto Hidra, esa experiencia ya la vivimos.
El paradigma actual de la política contra las drogas es liderado por Estados Unidos y los países europeos y ninguna potencia da el brazo a torcer para cambiarla, por ahora.
Un giro radical puede ser contraproducente para el interés nacional. La lucha contra el narcotráfico es trasnacional y debe comprender esfuerzos de todos los países involucrados. Si bien es cierto, todo apunta, en no muchos años, hacía la regulación de las drogas a nivel internacional, también es cierto, que todo está supeditado a un proceso de coordinación entre las naciones comprometidas en la cadena de producción, distribución y consumo. Es un tema demasiado complejo y espinoso que amerita iniciativa, liderazgo y mucha prudencia.
Mientras tanto, sigue el asesinato aleve de policías a mansalva por cuenta del Clan del Golfo, para llegar empoderado a la negociación ofrecida por Petro, y este no se inmuta.
