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Ministro de Defensa civil o militar

Medellín, 06 de abril de 2025

Por Silvia Cristina Zapata López*

El asunto no es de poco monta. Se trata nada más ni nada menos de que, quien ejerza el cargo de ministro de defensa, tiene como una de sus funciones la de administrar y proporcionar los recursos para que la fuerza pública de Colombia pueda cumplir eficientemente su deber constitucional de garantizar la seguridad y defensa nacional del país, responsabilidad directa del presidente de la república como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República, (véase del artículo 189, los numerales 3, 4 y 5. y artículo 54 de la Ley 489 de 1998). En esa norma, (..conservación del orden público..), encontramos el pivote de la seguridad nacional y consecuencialmente de su desarrollo.

Si bien es cierto que dentro de las funciones del ministro de defensa está la de dirigir y formular las políticas de seguridad y defensa nacional, y la de liderar la Fuerza Pública para garantizar la soberanía, independencia y la integridad territorial, también es cierto que en ninguna parte de la normativa está la función de comandar la Fuerza Pública, responsabilidad exclusiva del presidente de la república, que no puede delegar y obviamente la de cada comandante militar en los respectivos niveles de comando.

Pero, es que, para dirigir y liderar cualquier empresa o institución, debe como mínimo tenerse idoneidad, la que lleva consigo el conocimiento para desarrollar la visión, misión, y el objetivo que se persigue. Es aquí a donde quiero llegar y poner al servicio de la comunidad de la que hago parte, unos criterios y conocimientos, muchos de ellos aprendidos en las cátedras diarias presentadas por la Fundación, excelencia liderazgo y transformación, “FUNDELT”, que preside el analista de conflictos internacionales, el geo estratega, teniente coronel (V.F.P.) Luis Alberto Villamarín Pulido; cátedras en las que complemento mi formación académica, sobre esta temática que a todos nos debe vincular como ciudadanos, entendiendo que participar no es únicamente hacer acto de presencia, sino contribuir con sentido crítico y coadyuvar en la divulgación del pensamiento de quienes conformamos esta querida nación; es entonces, cuando sin embelecos ni eufemismos debo decir, que, uno de los más crasos errores de los gobiernos de Colombia, después de la constitución de 1991, fue la de haber nombrado ministros de defensa civiles, ninguno de los cuales capacitados para desempeñar las funciones descritas, en asuntos tan medulares como es la conducción de las maniobras, operaciones y tácticas, aspectos esenciales de la guerra, como ciencia o como arte, que solo la formación académica castrense las conoce. Los resultados desastrosos de orden público debido al desacierto, de nombrar en esta cartera ministerial a civiles, no pueden ser más evidente. Es así que los comandantes militares son quienes deben conducir la guerra y asesorar al presidente de turno a quien la constitución política le da el honroso título de comandante por el periodo presidencial y con él la responsabilidad de garantizar la vida, honra y bienes de sus administrados.

Con estos argumentos debo decir, que no siendo el ministro de defensa un comandante militar, no tiene por qué estar en la línea de mando de nuestras fuerzas militares, ni la dignidad para recibir honores al llegar a una unidad castrense. Estos son exclusivos de los militares según la reglamentación de protocolo y ceremonial militar existentes para el efecto, que en todo caso debe ser acorde con la norma superior.

El decreto ley 1790 de 2000 (modifica parte del decreto 1211 de 1990 que regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares), dispone en el artículo 5 que el presidente de la República como comandante Supremo de las Fuerzas Armadas dirige y dispone de ellas, directamente o por conducto del ministro de Defensa Nacional, en tanto el artículo 6, estipula la jerarquía de las Fuerza militares para efectos de mando, régimen interno, régimen disciplinario y Justicia Penal Militar. En ninguna parte figura ni tiene por qué figurar el ministro de defensa.

Desde una perspectiva constitucional y técnico-jurídica, la función del ministro de Defensa Nacional se enmarca dentro del ámbito de la dirección política, administrativa y presupuestal del sector defensa, sin que ello implique competencia alguna en materia de comando operativo o estratégico de la Fuerza Pública. Esta facultad corresponde de manera exclusiva e indelegable al presidente de la República, quien, como lo hemos dicho, conforme al artículo 189 numerales 3, 4 y 5 de la Constitución Política, actúa como comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, y se ejerce a través de la estructura jerárquica castrense regulada en los decretos 1211 de 1990 y 1790 de 2000.

Es así, que, el análisis constitucional y normativo permite concluir que el ministro de Defensa Nacional no ostenta autoridad de mando militar, ni hace parte del plan de carrera militar por tanto no debe hacer parte de la estructura jerárquica de las Fuerzas Militares. Su rol, aunque esencial en la formulación de políticas y gestión de recursos, no puede confundirse con la conducción operativa ni con la autoridad castrense. La práctica de incluirlo en la línea de mando y de conferirle honores militares resulta inconstitucional, vulnera los principios de legalidad y competencia en el ejercicio de la función pública, y desdibuja el equilibrio entre el poder civil y la institucionalidad militar establecido por nuestro ordenamiento jurídico en el marco del Estado Social de Derecho.

Por tanto, y reformulando lo dicho, la inclusión del ministro de Defensa —usualmente un civil— en la línea de mando militar constituye una distorsión del principio de jerarquía y competencia, y vulnera los criterios de legalidad, reglamentación y especialidad que rigen la organización de las Fuerzas Militares. Además, contraviene lo establecido en el artículo 219 de la Constitución, que garantiza el carácter no deliberante de la Fuerza Pública, y su subordinación estricta al poder civil, sin que ello implique que el poder civil pueda asumir roles propios del mando militar operativo, que están reservadas al presidente y a los mandos militares conforme a su escalafón y reglamento interno.

* Abogada, Universidad de Medellín
    Maestría en gobierno y políticas públicas, Universidad EAFIT.

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