Ser delincuente paga, un mal mensaje para la sociedad
Por Diego León Caicedo Muñoz
“Con disculpas de los victimarios de sus crímenes, ni se hace justicia, ni se repara a las víctimas”, Luis Gabriel Carrillo Navas.
Con el concebido tema de la Paz Total, el presiente Petro, quiere camuflar un sometimiento a la justicia con un proceso de paz. En noviembre del año pasado se sancionó la ley 2272, por el cual se modificó, adicionó y se prorrogó la ley 418/97, normatividad que definió la política de la Paz Total.
La ley es demasiado clara en el sentido de otorgar facultades al presidente para negociar con grupos organizados al margen de la ley, con los cuales adelantará diálogos de carácter político para buscar acuerdos de paz y acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento.
Según la hermenéutica jurídica, en el primer caso estarían las negociaciones con el Eln, y en el segundo, con los demás grupos criminales, entre ellos el Clan del Golfo y los desmovilizados del anterior proceso de paz, como la “Nueva Marquetalia”. Para los primeros, justicia transicional y para los segundos, sometimiento a la justicia.
El gobierno presentó el proyecto de ley que proveerá las directrices para el sometimiento de las estructuras criminales que no tienen origen político. Es un exabrupto otorgarles las mismas gabelas jurídicas de la justicia transicional, pero lo están intentando. Afortunadamente, aún tenemos un sistema de pesos y contrapesos, en el cual, los demás poderes pueden intervenir para proteger la constitución y el Estado de Derecho.
El fiscal y la procuradora han actuado de manera enérgica para que este nefasto proyecto no tome alas en el congreso y se consolide como ley. Estamos frente a un atentado aleve al Estado de Derecho y al principio de legalidad.
El Fiscal General manifiesta que, en el proyecto utilizan el principio de oportunidad, es decir, perdón judicial, para beneficiar el concierto para delinquir agravado como mecanismo para desocupar las cárceles.
Beneficiando a personas que cometieron delitos como: el desplazamiento forzado, tortura, tráfico de niños, trata de personas, tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, drogas tóxicas o psicotrópicas, secuestro, entre otros, que se encuentran en el artículo 340 del Código Penal. Lo peor de todo, es que pretende beneficiar a delincuentes privados de la libertad con penas menores de 6 años, incluyendo 217 conductas del Código Penal.
El mensaje que está enviando el presidente a esta sociedad convulsionada, es que delinquir paga, y las víctimas y los que sí cumplen la ley, son los que pierden en esta inversión de los valores impulsada por el mandatario. En hora buena la constitución impone unos límites a las leyes, y si los congresistas avalan esta arbitrariedad, la Corte Constitucional estará presente para declararlas inexequibles.
Cambiando de tema, quiero manifestarles a los lectores de mi columna semanal que, los dejaré descansar por un tiempo prudencial, mientras atiendo un nuevo proyecto, que requiere en principio de mucha dedicación. Agradezco a la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en especial, a su director Luis Alberto Villamarín Pulido, excelso ser humano dedicado a una gran causa social, la oportunidad de permitirme aportar mis conocimientos sobre la realidad del país.
Estoy totalmente alineado con el fin de la fundación y su regente, de generar un cambio en la forma de hacer política en Colombia, formando lideres con visión de estadistas, apartados de toda influencia de los partidos existentes de derecha, de centro y de izquierda. Verdaderos lideres con vocación de servicio interesados en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en fortalecer nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.
