Trascendencia política del Plan Lazo (1962-1965)

La década de los años 1960 fue convulsa en Colombia y en el mundo. La vida política, social y económica del país cambió con dramática celeridad, producto de vaivenes geopolíticos surgidos del nuevo orden mundial, los constantes avances tecnológicos y el incremento de las tensiones propias de la guerra fría entre Estados Unidos y la hoy extinta Unión Soviética.

En el escenario interno, se multiplicó la violencia tripartidista desde cuando el Partido Comunista Colombiano cooptó el prolongado descontento de liberales contra conservadores y viceversa, materializado en un sinnúmero de guerras civiles anteriores, rematadas con la reciente violencia (1949-1953).

Desde finales de la década de 1940, los “camaradas del PCC” que ya estaban proyectados a imponer el totalitarismo marxista-leninista, aprovecharon el triunfo de la revolución cubana y el programa subversivo del Kremlin, tendiente a universalizar la dictadura del proletariado, hasta gestar las Farc, el Eln y el Epl, tres de los grupos criminales que desde 1965, constituyen la columna vertebral de la violencia narcoterrorista que aún asecha a Colombia, al comenzar la tercera década del siglo XXI.

En medio de ese complejo entorno, el general Alberto Ruiz Novoa ascendió a los cargos sucesivos de comandante del Ejército en 1960 y luego ministro de Guerra en 1962.

Su paso por las dos privilegiadas posiciones del alto mando castrense colombiano, estuvo signado por la innovación, la profesionalización de las Fuerzas Militares, la claridad conceptual frente a los interminables conflictos armados internos, motivados por parejo en ese momento, por el cinismo y mala fe de los tres directorios políticos de los partidos conservador, liberal y comunista.

En particular, la obra de Ruiz Novoa se centró en oxigenar un enfoque renovador, novedoso y concreto, de la misión de las Fuerzas Militares y de Policía frente a la problemática social del país.

La visión estratégica de Ruiz Novoa propendía por la pacificación del país por medio del Plan Lazo, refrendado con la baja en combate de legendarios bandoleros, que, financiados e instigados por los dirigentes nacionales y locales de los partidos Liberal, Conservador y Comunista, asolaban a Colombia, escudados en la clandestinidad y pintorescos remoquetes, tales como Chispas, Desquite, Sangrenegra, Tarzán, Veneno, Resplandor, Alma negra, Mariachi, Tirofijo, Puente Roto, Zarpazo, el Zarco, etc.

Lo atrayente para todos los sectores generadores de opinión en el país acerca del Plan Lazo, fue la combinación de acciones de inteligencia militar de combate con operaciones de comandos especializados por medio de grupos de localización de bandoleros, simultáneas con ingentes dosis de acción cívico-militar y operaciones sicológicas, para consolidar las áreas afectadas por la “segunda violencia” (1958-1964). Al mismo tiempo, que se invitaba a los campesinos a no apoyar a los delincuentes, y se conminaba a los bandoleros a desmovilizarse.

En una serie de convincentes presentaciones ante el Congreso de la República, el general Alberto Ruiz Novoa, defendió el Plan ”Lazo”, como un amplio esquema cívico-militar, diseñado para involucrar a cada una de las Fuerzas Armadas en proyectos específicos, bajo el auspicio económico del Plan de Asistencia Militar, con apoyo de los créditos provenientes de asistencia para el desarrollo de los Estados Unidos.

Esta fue una coyuntura crítica, mal conducida por el poder civil, en la que se echó la suerte y se perdió la oportunidad para combinar las nuevas medidas progresistas de las Fuerzas Militares y de Policía, las cuales incluían asistencia socioeconómica, con intensos programas puramente civiles, que hubiesen traído como resultado, no tan sólo la reducción de la delincuencia, sino soluciones felices de largo alcance, tanto para el soldado como para el campesino.

El Plan Lazo era complejo, pero abarcaba tres líneas principales de acometida. Una operación especial de antiviolencia tendría lugar en la zona limítrofe de los departamentos del Valle y Caldas.

Cada una de las fuerzas participantes en ambos departamentos, cumpliría un plan de acción cívica para suministrar servicios sociales permanentes o semipermanentes y se realizarían esfuerzos para coordinar el plan con el Consejo de Acción Cívica, cuando las circunstancias lo requirieran, con el fin de determinar los proyectos, que las agencias civiles del Estado o la empresa privada no pudieran o quisieran acometer.

En tales casos, los proyectos se asignarían a las Fuerzas Armadas, las cuales desempeñarían su ejecución y administración como cualquier contratista del gobierno.

La zona de operaciones fue formalmente establecida en septiembre de 1962, como área de responsabilidad de la Octava Brigada del Ejército colombiano, y comprendía el tercio norte del Valle, la parte de Caldas que más tarde se dividió en los nuevos departamentos de Quindío y Risaralda, y una pequeña porción del Chocó.

La zona en mención, fue ocupada por tropas y especialistas, mientras que la brigada concibió un programa integral para reducir la violencia institucionalizada. Miembros de las Fuerzas Militares altamente entrenados, se infiltraron entre los grupos armados de antisociales, amparados con historiales ficticios de bandolerismo.

Las órdenes para los militares infiltrados en las cuadrillas, consistían en minimizar los ataques, penetrar en las estructuras de mando y dirección de las pandillas y, por último, capturar o eliminar a los bandoleros jefes.

Fueron hombres valientes que vivieron en continuo estado de tensión durante períodos de 1 a 4 años. No obstante, mientras estuvieron infiltrados, capturaron o causaron la muerte de varias docenas de jefes de cuadrilla, de centenares de bandoleros, y recuperaron millones de pesos.

Nadie sabrá jamás cuántos campesinos de esa época, sobrevivieron gracias a que los bandoleros de su región tenían infiltrado a un “traidor entre sus cabecillas”, quien en realidad era un sargento del Ejército Nacional.

Pocos oficiales conocían la identidad de esos hombres, junto con los jefes claves del F-2 y el DAS. Varios de estos héroes, como el sargento Evelio Buitrago Salazar fueron capturados. E inclusive maltratados por la policía local o las fuerzas de autodefensa, porque en su momento, creyeron haber capturado bandoleros de renombre.

Para desarrollar el ambicioso plan, cada una de las cuatro Fuerzas Armadas diseñó un programa metódico de acción cívica. La Fuerza Aérea denominó su programa ”Servicio de Aeronavegación a los Territorios Nacionales” (SATENA), nombre ostensible en aeronaves de transporte, que, desde entonces, los viajeros a Colombia hallan en todos los aeropuertos.

Bajo este esquema, los pilotos, la tripulación y el personal de mantenimiento de la Fuerza Aérea, prestaban invaluables servicios a comunidades alejadas, por medio de esta agencia semiautónoma, que en realidad era un necesario servicio aéreo de transporte. Así, desde la década de 1960, Satena realiza docenas de vuelos semanales a las zonas más distantes en los Llanos Orientales y las regiones del Amazonas, los confines del sur del país y la región Pacífica.

En los primeros años de operación, Satena llevaba a bordo misioneros u otras personas que sirvieran como intérpretes. Los aviones aterrizaban en pistas improvisadas, llevaban indígenas a los centros de abastecimiento de las pequeñas ciudades y luego los regresaban a sus tierras.

Para la mayor parte de los pasajeros, era la primera integración física con el centro de poder de la vida nacional. Funcionarios de salud, odontólogos y agricultores ayudaron a los indígenas y colonos que con agrado aceptaron la asistencia.

Para finales de 1963, el programa había transportado a miles de habitantes de zonas marginadas del centro del país, suministraba entrenamiento a la Fuerza Aérea bajo un esquema constructivo y recibía aplauso general de los colombianos. Después de seis décadas el programa continúa vigente. Por su parte, las unidades de la Fuerza Aérea que cumplían funciones de combate, también agregaron parte de su capacidad operativa a la acción cívica, adoptándola como fin secundario y no como actividad principal.

La Armada Nacional y la Infantería de Marina capitalizaron el potencial de las patrullas que habían mantenido en operación durante varios años, a lo largo de los ríos de los Llanos Orientales. Además de la cobertura y vigilancia por parte de patrulleras fluviales, que por lo general hacían recorridos por los grandes ríos orientales, añadieron equipos médicos y agrícolas a la tripulación y se convirtieron en un servicio de transporte a bajo costo para los campesinos.

Cuando una lancha llegaba a una aldea, su tripulación anunciaba el horario de ruta y ofrecía transportar carga y pasajeros a bajo costo. El equipo médico persuadía a los campesinos llaneros para que se sometieran a un examen físico, examen dental y, además, ofrecían servicios de veterinaria para su ganado y animales domésticos.

Un especialista de inteligencia militar preguntaba discretamente, acerca de casos de abigeato, complicidad en contrabando o robo, coacción política o subversión armada. En todos los casos, se realizaron grandes esfuerzos para convencer a los campesinos de que era mucho más favorable, tratar con las patrullas fluviales, que unirse a los bandoleros en los Llanos. Este programa, menos vistoso que el de Satena, funcionó hasta finales de la década de 1960.

Es importante resaltar, que, aunque durante la década de 1960 hubo esporádicos brotes armados en los Llanos, la violencia como fenómeno generalizado en la zona terminó en 1954, y el programa de acción cívica constituyó un elemento decisivo, para el mantenimiento del orden y la tranquilidad en la vida regional.

El Programa de Acción Civil del Ejército Nacional fue extenso, costoso y en parte controvertido. Al cabo de un año había cuatro batallones de ingenieros de construcción, empeñados en proyectos de puentes, vías, estaciones de transmisión radial, comunidades modelo, escuelas e instalaciones militares transitorias de vigilancia rural, con mayor énfasis en la Cordillera Central.

Agregadas a las unidades de construcción, había también equipos médicos, grupos de alfabetización, especialistas agrícolas y el inevitable fotógrafo.

Las relaciones públicas y los servicios de información fueron exitosos en conjunto, por cuanto las crecientes mayorías urbanas no sabían hasta qué grado sus compatriotas rurales vivían en un ambiente de continuo terror.

El programa de Acción Cívica del Ejército se organizó bajo la dirección del departamento E-5 del Estado Mayor, mientras que los oficiales de Ingenieros Militares, operaban según el esquema que varias décadas atrás, hubiesen querido para sí los presidentes Rafael Núñez y Rafael Reyes.

Aunque los dirigentes políticos que perdían posibilidad de consumar actos de corrupción regaron esa especie, no existe evidencia para aseverar que el Ejército se hubiera valido de aliados políticos, con el fin de desalentar a contratistas civiles para que realizaran este tipo de trabajos. En cambio, sí hay pruebas de que algunos contratistas, consideraron como posible fuente de grandes beneficios, los nuevos planes para el desarrollo nacional.

Sin duda la obstinación del Ejército para sacar adelante este propósito, dilató la fecha en que los dirigentes civiles, terminaron por reconocer que el desarrollo rural era una necesidad gubernamental.

Cada día era más urgente, que, junto con los programas de desarrollo socioeconómico, se debían adelantar operaciones de combate contra las cuadrillas de bandoleros, que, a pesar de estar bastante disminuidas, continuaban inmersas en actos criminales.