Soberbia y animadversión de funcionarios izquierdistas contra la Institución Policial.
Como miembro de la Reserva Policial, considero un deber presentar un enérgico mensaje de desaprobación y rechazo por el lamentable, deshonroso y altanero comportamiento del señor Adolfo Bula Ramírez Secretario del Interior del Departamento de Magdalena, en contra de toda una institución representada en un personal de Oficiales y miembros del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que se encontraban respaldando un procedimiento en la empresa ESMAR de la ciudad de Santa Marta.
El reclamo y desaprobación se fundamenta en que el señor Bula, aparece en varios videos que han circulado públicamente desde el día 22 de noviembre del presente año por diferentes redes sociales y grupos de WhatsApp, donde se observa al señor secretario del interior en actuaciones completamente descontextualizadas en contra de funcionarios de la Policía Nacional, incomprensibles para las calidades que debe ostentar un funcionario que representa la autoridad de Policía y la institucionalidad de nuestro Estado democrático colombiano. Se observa claramente en las imágenes que hace apología e instigación a una asonada y ataque contra los funcionarios de la Policía Nacional, quienes se observan en traje de uniforme y en calidad de servidores públicos del Estado colombiano.
La actuación del señor Adolfo Bula es totalmente injustificable, mucho más para una persona que ejerce el cargo de secretario del interior, quien aparece junto con otras personas, amenazando, ultrajando, lanzando improperios y con expresiones de agresión hacia los miembros uniformados de la Policía Nacional; el funcionario como representante de la institucionalidad y de la administración departamental no puede por la naturaleza de su cargo participar en acciones de protesta violenta, como evidentemente es observado en los videos a que se hace referencia.
Es totalmente reprobable que el señor Adolfo Bula amenace en forma directa al señor teniente coronel de la Policía Nacional con las siguientes expresiones: “tú eres el responsable y te vamos a sentar ante la comisión segunda del senado, pa’ (sic) que lo sepas, no vas a ascender más. Hasta aquí llega tu carrera policial.” De igual forma, en las imágenes se observa que el señor Bula instiga a un grupo de personas en contra de los policiales, diciéndoles: “Vamos a quitarles los celulares, vamos a quitarles los celulares, que esos los compramos con recursos públicos”
Esta actuación es incomprensible, pues en caso de ser necesaria la revisión de un procedimiento policial o las actuaciones de los policiales en sus servicios, existen los mecanismos y procedimientos legales para este fin; y no son pocas las instituciones y organizaciones que fiscalizan y auscultan el proceder de los policiales.
Hacerlo como se observa al señor Bula, por medio de protestas violentas y vías de hecho, violatorias de los derechos fundamentales entre ellos el derecho a la defensa y a la exposición de motivos de los policiales frente a los hechos.
La misma Ley 1801 de 2016 en su artículo 19 dispuso el Comité Civil de Convivencia el cual debía ser constituido en cada municipio o distrito del país, integrado por el alcalde, el personero entre otros, para analizar hechos y fenómenos que afectan la convivencia, así como tramitar las quejas, denuncias, peticiones o reconocimientos en relación con la función o la actividad de Policía; además de las instancias disciplinarias existentes.
Este tipo de comportamientos donde participa y apoya un funcionario con calidad de autoridad, lamentablemente contribuyen a estimular en los ciudadanos la pérdida de respeto hacia las normas de convivencia y el desconocimiento e irrespeto hacia las autoridades de Policía, porque no es solo de quienes cumplen la actividad de Policía a cargo de la institución policial, sino de la función de Policía, que está a cargo de funcionarios como el señor secretario del interior, el alcalde o el gobernador, entre otros.
Igualmente, estas actuaciones estimulan y validan en los ciudadanos, el referente de que la forma de tramitar los conflictos, las diferencias o los reclamos ante las autoridades por su gestión o por la prestación del servicio puede realizarse por medios violentos y por vías de hecho.
Esta anomalía en el comportamiento de algunos mandatarios y autoridades político-administrativas se han acentuado en el último período de gobierno, donde los mandatarios principalmente los de ideología de izquierda, increpan públicamente y de manera irrespetuosa, altanera e impositiva, a los comandantes de Policía, desautorizándolos o entrando en discusiones que evidencian el desconocimiento de la actividad y la función de policía, dando órdenes autoritariamente, algunas de ellas descontextualizadas y en perjuicio de la acción policial contra actos de delincuencia y vandalismo siendo un mandato Constitucional para la Policía Nacional.
Esto obedece a las estrategias de los movimientos de ideología de izquierda de minar la moral de la Fuerza Policial, pero el punto central es desacreditar la institución y mover la opinión pública en contra de la policía para debilitarla en su accionar frente a las necesidades de intervención por la incidencia de delitos o conductas contrarias a la convivencia, y también, para abonar un ambiente de desorden ciudadano, de irrespeto a las normas de convivencia, y de caos y anarquía que conduzcan a la pérdida de credibilidad y de confianza de los ciudadanos en el gobierno democrático, en sus instituciones y en sus autoridades, entre ellas la principal para la convivencia pacífica y el orden público ciudadano por su misión Constitucional del mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas como es la Policía Nacional.
Al respecto existen evidencias públicamente difundidas de actuaciones impropias de mandatarios contra comandantes de policía y en contra de su función Constitucional como autoridades administrativas de policía (jefes de policía) de preservar y responder por el orden público local y regional, como las ocurridas reiteradamente en Bogotá por parte de la señora alcaldesa, o las decisiones autoritarias y sesgadas del alcalde de Cali limitando la actuación de la institución para proteger los derechos de los ciudadanos por ejemplo ante los hechos del paro nacional de 28 de abril.
O las ofensas a la dignidad humana de un policial por parte del senador liberal Luis Fernando Velazco también durante los hechos del mencionado paro, o las realizadas por una juez en Medellín, entre otras. En verdad son muchos los hechos recientes. La pregunta es, ¿Han sido denunciados estos hechos penal o disciplinariamente contra sus autores? ¿Si se han hecho las denuncias cuáles son los resultados de los procesos investigativos?
Estos sucesos han sido vistos por millones de colombianos por los diferentes medios de comunicación, estimulando las actuaciones de irrespeto y desacato hacia los servidores policiales. Se deben tomar acciones para poner freno a estos abusos de autoridad y sobre todo de violación a la dignidad humana y a los derechos humanos de los hombres y mujeres policías, pues se deben proteger sus garantías como servidores públicos.
Finalmente, señor Bula, quiero manifestarle que la sociedad colombiana necesita de funcionarios líderes que se caractericen por su profesionalismo, por su capacidad de diálogo y razonamiento y no por el desenfreno emocional, la arbitrariedad, la irascibilidad y la ofensa que usted exhibió en su comportamiento contra los miembros de la institución policial, y que para nada son garantía de ecuanimidad y respeto como cualidades que deben acompañar al servidor público en su trato hacia la ciudadanía.
Atentamente, Coronel. R.P. Jorge Elias Salazar Pedreros
Miembro de la Reserva Policial de Colombia
