El caos migratorio en Colombia
Por Diego León Caicedo Muñoz
“Si fuera la patria como una madre cariñosa que da abrigo y sustento a sus hijos, si se les diera tierras y herramientas para sembrar, nadie abandonaría su patria para ir a mendigar el pan a otros países en donde se les desprecia y se les humilla.” Librado Rivera
Colombia en los siglos XIX y XX, a diferencia de países como Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay o Chile, no fue el epicentro de inmigración de extranjeros, debido a la eterna problemática de seguridad.
Nuestro país se ha caracterizado por ser una nación de emigrantes y no de inmigrantes.
El proceso inicia en la década de los sesenta hacía Estados Unidos, luego en los ochenta hacía Venezuela y en los noventa hacía España.
Los principales motivos son la búsqueda de mejores oportunidades laborales y las amenazas relacionadas con el conflicto interno.
Del 2010 en adelante las condiciones de migración cambiaron, ya no solamente emigranlos colombianos, sino los extranjeros inmigran a Colombia de manera permanente y en tránsito hacia otros países.
Y no es precisamente por lo boyante de la economía colombiana y la alta calidad de vida, sino por la crisis política, económica y social del vecino país venezolano y de muchos países latinoamericanos, africanos y asiáticos. Lo que supone un cambio radical en el perfil migratorio del Estado.
El fenómeno de la migración de venezolanos a nuestro territorio, amerita una atención especial del estado colombiano, para lo cual el Gobierno Nacional dio el primer paso en la legalización temporal y satisfacción de sus derechos constitucionales y se acaba de sancionar la ley que establece la política integral migratoria. Se espera que esta variación normativa conduzca al abordaje de esta realidad de manera segura, ordenada y regular.
No obstante, persiste el otro enorme problema con los migrantes en tránsito, provenientes de países latinoamericanos, africanos y asiáticos, que se hace evidente cada vez que hay hacinamiento en las poblaciones de Turbo y Necoclí, (Antioquia).
En esta última población en el mes de julio se represaron más de 10 mil inmigrantes, la mayoría de ellos haitianos residentes en Brasil y Chile. Ciudadanos que ingresaron de manera irregular por Nariño y Leticia en vehículos de servicio público y atravesaron todo el país con la anuencia de las autoridades, hasta llegar al mar caribe. Como no hay la suficiente cantidad de embarcaciones, deben esperar semanas para poder cruzar el Golfo de Urabá y luego penetrar de manera soterrada la inhóspita selva panameña, continuando su travesía hasta llegar a Estados Unidos o Canadá.
Si bien el paso de migrantes por Colombia no es perseguido como delito, el tráfico de migrantes, según el artículo 188 del Código Penal y el artículo 3 del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, del cual hace parte Colombia, si lo es.
Al respecto, las autoridades colombianas poco y nada están haciendo.
Colombia hace parte de varios tratados internacionales relacionados con el tema de migrantes, como el “Pacto Mundial sobre Migración”, acuerdo de Naciones Unidas, que protege a los inmigrantes indocumentados y que ha generado debate y controversia, porque como siempre, lo aplican los de ruana a nivel internacional. Igualmente, la Convención Americana de Derechos Humanos, (artículo 22), que ofrece garantías de protección de los derechos humanos para los migrantes.
El derecho internacional de los derechos humanos limita el poder soberano que tienen los Estados para expulsar a los migrantes de su territorio, cuando estos corran el riesgo de sufrir perjuicios graves a su regreso.
Esto es una protección que se le ha reconocido a los migrantes y que es llamado Principio de No Devolución. La decisión de expulsión supone un estudio individual previo realizado por Migración Colombia, pues los tratados internacionales prohíben hacerlo de manera colectiva.
Se requiere un mayor control de las autoridades encargadas de migración, capturas y judicialización de los delincuentes que hacen del tránsito ilegal de migrantes su gran negocio, lo mismo que sanciones ejemplarizantes para los funcionarios corruptos que se prestan para facilitar la ilegalidad.
El problema es complejo y requiere una respuesta regional que permita la cooperación entre países.
Por ahora esta crisis parece no tener una solución pronta y oportuna, mientras tanto, la seguridad ciudadana, incluyendo la de nacionales y extranjeros se encuentra en riesgo.
Con inmigrantes extorsionados, violados, heridos y muertos, en esta lucha infernal por alcanzar mejores condiciones de vida.
