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El galimatías de la seguridad humana en los proyectos de reforma a la Policía Nacional

      Por Diego León Caicedo Muñoz

“Los gobiernos pasan, las sociedades mueren, la policía es eterna”, Honoré de Balzac.

      La seguridad humana es una expresión que empezó a sonar en el año 2005 en la Asamblea General de la Naciones Unidas y consolidó su concepto en el año 2012, mediante resolución 66/290. En el numeral 3 de la citada resolución revela lo que es y lo que no es.

     Seguridad Humana es un enfoque para determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad humana. El derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación, es decir, la garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, para contribuir al desarrollo sostenible.

      No es Seguridad Humana la responsabilidad de proteger y su aplicación, uso de la fuerza, ni de medidas coercitivas y no sustituye la seguridad del Estado.

      A manera de colofón, la Seguridad Humana es un concepto integral que involucra a todos los órganos del poder público para mejorar los estándares de vida de las personas. En otras palabras, la articulación institucional para garantizar el escenario en donde se desarrolla la seguridad ciudadana a cargo de la Policía Nacional.

     Si no hay educación, empleo, justicia, infraestructura económica sólida y cultura comunitaria, no hay Seguridad Humana, y si esta no existe, se mengua la Seguridad Ciudadana.

      El Presidente Petro está recargando tremenda responsabilidad estatal en la Policía Nacional, contrariando lo dispuesto en la resolución de la ONU, y con este galimatías interpretativo intenta reformar la institución policial. Pareciera ignorancia supina del mandatario, pero no lo es, es una exégesis acomodada para su objetivo socialista.

      Tres congresistas del Pacto Histórico radicaron dos proyectos para reformar a la Policía Nacional. Uno de ellos tiene como objetivo, “democratizar el acceso a la carrera de oficiales”, según ellos, están alineados con la política inexistente de Seguridad Humana del presidente Petro. El adanismo rampante de la demagogia.

      El proyecto busca llevar al atavismo a la Policía Nacional, pretendiendo como en épocas pretéritas que ingresen a la institución policial personas con grados de escolaridad incipientes, que sepan leer y escribir, para luego escolarizarlos. Los mayores de 50 años deben recordar que algo similar ocurrió con las denominadas batidas callejeras, se recogían a los indigentes, drogadictos y personas con antecedentes judiciales para incorporarlos al cuerpo de policía, con consecuencias ignominiosas para la seguridad ciudadana.

      Un retroceso gigante que frenaría la profesionalización de la institución, que se viene dando desde la promulgación de la ley 62 de 1993, en donde el requisito para el ingreso es ser bachiller y un año de formación en las escuelas de policía.

      La formación de un oficial de policía pasó de ser de dos a tres años y para los profesionales de cualquier área del conocimiento a un año, aclarando que estos últimos salen a ejercer la actividad de vigilancia en la calle. La Escuela de Oficiales General Santander es una institución universitaria que gradúa a sus egresados como administradores policiales.

     Ser policía hoy día no es fácil, ojalá el requisito sine qua non, fuera el de incorporar técnicos y tecnólogos para adelantar el curso de patrulleros y profesionales para ingresar a la escuela de oficiales. Así de exigente es la carrera de policía, sería la única manera de atender las demandas de una población cada vez más ilustrada. El uniformado debe manejar perfectamente conocimientos jurídicos, administrativos, académicos y psicológicos.

      Incorporar policías con un grado de escolaridad mínima es una afrenta para la sociedad colombiana, máxime cuando existen todas las garantías, no solamente para estudiar la secundaria de forma gratuita, sino carreras técnicas y tecnológicas. Están abonando el terreno para que los futuros reinsertados del Eln y de otras organizaciones criminales entren a hacer parte de la Policía Nacional. Se evidencia una vez más la intención de debilitar a la institución y hacerla retroceder 50 años en el tiempo.

      Democratizar el ingreso a la Policía es un refrito, no olvidemos que la institución policial fue la pionera en incorporar personas pertenecientes a las minorías, como; mujeres, afrodescendientes, indígenas y raizales. Ha becado a personas de escasos recursos para el curso de oficial, igualmente, a los patrulleros les brinda la misma posibilidad para que ingresen a la escuela de cadetes, no ahora, sino desde hace muchos años. La prueba está en todos los que han llegado a obtener el grado de coronel y general.

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