Ciclo de pérdida de autoridad de Policía Nacional y deteriorio de legitimidad institucional
Por Diego León Caicedo Muñoz
“Hay un gran gozo en dirigir con autoridad, que consiste en servir a los demás satisfaciendo sus necesidades legítimas” James Hunter.
“Cada sociedad tiene la policía que se merece”, así titulé un artículo que escribí el año pasado haciendo alusión a las palabras de Herman Goldstein, las policías reflejan a las comunidades a las que sirven, lo que hace la sociedad determinará la policía que tendrá.
La Policía Nacional de Colombia en sus 130 años de existencia ha sido objeto de constantes reformas, precisamente porque depende de la evolución social.
Quizás las más recordadas son las del año 1953, cuando pasó a formar parte del Ministerio de Defensa como cuarta institución de las Fuerzas Armadas y la de 1993, cuando se buscó profesionalizar a los uniformados y mejorar su calidad de vida.
Previo a incorporarse al ramo de la defensa, la Policía Nacional dependía de los alcaldes y tenía una actuación y comportamiento político bipartidista.
Para apartar la misión policial de las contiendas políticas, se desligó su mando directo de los gobernantes municipales, sus miembros perdieron derechos políticos y civiles, y su formación se fundamentó en una disciplina militar encaminada a cumplir una función de naturaleza civil.
Con esta reingeniería se garantizó una imparcialidad en sus actuaciones.
El uniformado de policía generó aprecio, respeto y confianza, obteniendo autoridad en la sociedad.
Con el tiempo apareció el narcotráfico y con este ignominioso flagelo, la corrupción de algunos policías, de nuevo empieza el deterioro de la imagen de la institución policial.
No obstante, seguía ejerciendo el monopolio de la fuerza dentro de los parámetros de proporcionalidad y respeto de los derechos humanos y la autoridad prevalecía.
Con la reforma de 1993, la Policía Nacional recupera su prestigio y genera credibilidad dentro de la población, en especial por la actividad preventiva y los duros golpes contra el narcotráfico.
A partir de la segunda década del siglo XXI, emerge una extraña pérdida de autoridad, relacionada con la desidia en el ejercicio del poder otorgado por la constitución y la ley en el uso de la fuerza, y su función ha sido relegada a una timorata presencia dentro del contexto social.
¿Cuál es el motivo?
Si la institución cuenta con todas las herramientas jurídicas y, además, disponemos de una policía más profesional.
Hay varios factores: primero, la desinformación de la ciudadanía y los policías en torno a la norma y su aplicación, en especial los derechos establecidos en la constitución y las leyes que los limitan.
Los derechos no son absolutos y después de 30 años las personas no lo han asimilado, entonces hay un acomodo de las leyes por parte de organizaciones, medios de comunicación, centros de pensamiento, ONG, jueces y políticos sin escrúpulos que azuzan a la población en contra de los policías, de acuerdo con los intereses de cada cual.
Segundo, la ignorancia supina de la norma y como aplicarla por parte de los policías, que hace que no actúen por temor a represalias disciplinarias y penales.
Por último, falta de destreza en la debida utilización de la fuerza y escasa habilidad en el manejo emocional, conllevando a la extralimitación. Una institución con poder, pero sin autoridad, refleja un estado en decadencia.
Una organización obtiene autoridad, cuando usa correctamente el poder del que dispone, se pierde cuando se utiliza de forma arbitraria y no se usa cuando se debe usar, las dos formas causan aversión en la población.
Aunado a este galimatías de autoridad se encuentra la perdida de legitimidad de todas las instituciones del Estado, que ha generado animadversión y despreció por las mismas, pero en especial hacía la Policía Nacional, que ejecuta el monopolio de la fuerza y es visible las 24 horas del día.
Es urgente e indispensable que se tomen medidas oportunas, de gran calado, reformas que patrocinen unas instituciones más fuertes, sólidas, con mejor preparación y entrenamiento. Es necesario una introspección y una reevaluación de los procedimientos, no solo de la Policía Nacional, sino de todas las entidades que ejercen el control del territorio. Además, y no menos importante, educar a la ciudadanía en valores y principios democráticos.
Vale la pena mencionar que la gran mayoría de los policías lo son por convicción y vocación de servicio al ciudadano y no es el momento para municipalizar a la Policía Nacional y menos que el mando dependa de los políticos de turno, que es lo que siempre han querido las maquinarias políticas.
El regreso a una policía netamente civil con subordinación de los alcaldes, dependerá de que tanto este dispuesta la sociedad y sus instituciones para asimilarla y todavía falta mucho trecho por recorrer.
