El poder ¿para qué?
Por Diego León Caicedo Muñoz
“La prueba suprema de virtud consiste en poseer un poder ilimitado sin abusar de él”, Thomas Macaulay
Este interrogante lo formuló Darío Echandía el 9 de abril de 1948 con motivo del Bogotazo, cuando le propusieron que liderara un movimiento para tomarse el poder y tumbar al gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez, luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. El cuestionamiento hizo carrera en la historia de Colombia.
La respuesta de Echandía más allá de una pregunta, obedeció a la inconformidad suya frente a la ansiedad de los proponentes por alcanzar el poder en detrimento de la verdadera razón del mismo. 73 años después el dilema continúa en nuestro país, como si no tuviéramos las suficientes herramientas jurídicas que enrutan ese poder al servicio de la comunidad.
Para Max Weber el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social aún contra toda oposición y cualquiera sea el fundamento de su probabilidad. En otras palabras, la capacidad de tomar decisiones que afectan la voluntad de otros, pese a su resistencia.
La responsabilidad del poder es tan inmensa, que una sola persona tiene la facultad de decidir el futuro de una comunidad para bien o para mal. De las decisiones que tome un funcionario, aparte del cargo que ostente, depende la excelente condición social de los ciudadanos. Tener posiciones predilectas junto al manejo de recursos exhorta a algunos servidores públicos a querer mantenerse en el poder a como dé lugar.
Según Thomas Hobbes en el concepto de Estado encontramos la verdadera y única razón del poder público y es el cumplimiento de un servicio social. Atribución otorgada por el pueblo a quienes regentan los designios de la nación.
No en vano, la Carta Política llama a los órganos del poder del Estado públicos y precisamente para evitar la concentración del mismo establece un sistema de pesos y contrapesos. Técnica que no funciona en Colombia debido al contubernio explotador de los recursos de la nación. De este infame adefesio no se salva ninguna institución estatal.
La Constitución de 1991 ha utilizado la expresión genérica servidores públicos para resaltar que, quienes pertenecen a esta categoría están al servicio del Estado y de la comunidad (art. 123 C.P.) y que no desempeñan los cargos o empleos por importantes que ellos sean en su propio beneficio e interés, sino en el colectivo, siendo por tanto depositarios de la confianza pública, que no pueden defraudar, respondiendo en consecuencia por sus acciones u omisiones. Sentencia C-222/99.
Acertadamente Carlos Gaviria manifestaba que el poder no es un fin sino un medio para servir a los ciudadanos y realizar los postulados de la democracia y de la justicia social. Aquí radica la gran diferencia entre los países desarrollados con excelente calidad de vida y los países pobres inmersos en la corrupción, en los primeros es utilizado como un medio para la implementación ideológica de unas políticas públicas y fiel cumplimiento de las promesas electorales como base de una democracia exitosa. Entre tanto, en los segundos se utiliza como un fin para usufructuarlo y exprimir hasta la saciedad el cuarto de hora.
Los países latinoamericanos son el mejor ejemplo de la utilización del poder como fin y no como medio, a través del caudillismo que marcó el rumbo en el siglo XX y que aún persiste con los políticos populistas. En estos países con frágiles democracias, el poder obnubila y corrompe.
El abuso de autoridad y poder se encarnó en el ideario cultural y no hay forma de hacerle entender a los políticos y servidores públicos, que esa potestad concedida es transitoria y en favor del interés general.
No obstante, existir en el Código Penal el abuso de autoridad como hecho punible, que comete quien investido de poder público realiza su gestión con actos contrarios a los deberes y obligaciones que le impone la ley, no pasa absolutamente nada. ¿No será que en la administración de justicia también se cuecen habas?
La sociedad también tiene gran responsabilidad en lo que está pasando y no puede seguir impávida ante el abuso de poder. La falta de conciencia colectiva no permite utilizar los instrumentos constitucionales y legales para enfrentar a los abusivos, y así es muy complicado cambiar nuestro derrotero.
Si queremos doblar la página y erradicar este nefasto mal, tenemos que invertir dinero y tiempo en educar a los ciudadanos, principalmente a los niños, en principios y valores comunitarios.
