La improvisación, un estilo muy peculiar del socialismo del siglo XXI
Por Diego León Caicedo Muñoz
“La turbulencia de los demagogos derriba los gobiernos democráticos”, Aristóteles.
Son desmedidas las ambigüedades de este gobierno, algunos manifiestan que es debido a la inexperiencia del presidente Petro, otros que tiene muchos deseos de hacer lo mejor, pero se enfrenta con la realidad y el enemigo interno, unos al populismo y demagogia exagerada, también hay quienes les achacan las improvisaciones a los funcionarios inexpertos y activistas.
Lo cierto de toda esta anarquía total es la similitud con los estilos de Chávez, Correa, Morales y Ortega, cuando iniciaron sus respectivos gobiernos. Cualidades que impulsaron la marea rosa, desarrollando la política de enturbiar las aguas, para luego pescar en rio revuelto. Una buena dosis de improvisación programada para alcanzar propósitos personales. Es tanta la imprevisión, que hasta toma por sorpresa a los mismos funcionarios encargados de ejecutar dichas políticas.
En cinco meses le ha tocado al presidente recular innumerables anuncios y decisiones, como la suspensión de las exploraciones y explotaciones petroleras, el Plan Nacional de Formalización del Empleo Público, que busca acabar los contratos de prestación de servicios profesionales, la compra de los aviones de combate y sigue la lista.
Elucubremos sobre dos propuestas descabelladas, la primera; la legalización de los cultivos y la pasta de coca, y la segunda, con la que nos inauguró el nuevo año; el cese bilateral de fuego durante 6 meses con el Eln, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada. No pasaron 24 horas, cuando el Eln salió a desmentir al gobierno, acusando la improvisación del mismo.
No hay mejor forma de hacerles creer a los incautos ciudadanos, cansados del conflicto y la violencia desatada por este, que la de un presidente empeñado en conseguir la paz total a como dé lugar, inclusive violando la separación de poderes.
Dejar de erradicar los cultivos ilícitos de coca hasta que la solución de sustitución voluntaria no esté garantizada, es legalizar estos cultivos y consecuentemente, la producción de la base de coca, cuya compra es monopolizada por los narcotraficantes. Es un adefesio jurídico imposible de cumplir por vía administrativa, ya que el Código Penal lo establece como delito, un acto administrativo no puede derogar una ley. Intenta legalizar erróneamente la primera parte del proceso de la producción del clorhidrato de cocaína, y de paso los insumos químicos para la elaboración de la pasta de coca.
Los expertos en solución de conflictos armados saben que desmovilizar a un grupo al margen de la ley obedece a un proceso largo y espinoso, en donde la última instancia es el cese bilateral del fuego. Un ejemplo claro fue la concertación con las Farc, en el cual este eslabón se produjo después de cuatro años, siendo necesario ubicarlos en lugar determinado. La razón es obvia, el modus operandi de estos grupos ilegales es el narcotráfico y la minería ilegal, y de estos dos delitos se desprenden otros como; el secuestro, la extorsión, el homicidio de líderes sociales, enfrentamientos y masacres entre estos.
La confrontación de los grupos ilegales con la Fuerza Pública, hoy día, es irrelevante y se centra en las operaciones contra el narcotráfico. Si se establece desde el principio un cese de fuego bilateral con cada uno de ellos, el Estado tendría que abandonar el ejercicio del monopolio de la fuerza y, por ende, la protección de la población civil, la garantía de los derechos de las personas y la seguridad ciudadana. Una patente de corso para que sigan delinquiendo.
El Ministro de Defensa y los generales de la Fuerza Pública se rasgan las vestiduras manifestando que las operaciones contra el narcotráfico y demás delitos continuarán, así como la garantía de los derechos humanos. El ministro Velásquez hace parte de esta componenda, pero los generales no, y quedan muy mal parados secundando esta parodia.
Tan pronto se lleve a cabo el primer operativo para contrarrestar cualquiera de los delitos mencionados, la reacción de los delincuentes será inmediata y responsabilizarán al Estado de romper el cese al fuego. La retaliación la emprenderá el presidente contra los uniformados y de ahí en adelante para no incomodar a los bandidos, se reducirán todos los procedimientos preventivos y judiciales en detrimento, por un lado, de la seguridad y por el otro, en favor de los grupos ilegales, para que estos expandan su control territorial, recurriendo a la tercerización del delito, aumentando su capacidad operativa y su riqueza. Motivo suficiente para que las organizaciones criminales recrudezcan sus enfrentamientos a muerte, conllevando a desplazamientos masivos de campesinos e indígenas.
Para terminar, la verificación de un cese de fuego multilateral en estas circunstancias, será muy difícil de llevar a cabo por los organismos internacionales, y peor por la sociedad sometida a las armas.
