Negligencia de los funcionarios del Estado, un costo elevado que sale del bolsillo de los colombianos
Por Diego León Caicedo Muñoz
“Cuando alguien asume un cargo público debe considerarse asimismo como propiedad pública”, Thomas Jefferson.
Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, (ANDJE), en su informe de litigiosidad, las pretensiones económicas de las demandas contra el Estado en el presente año, llegaron a 455 billones de pesos, una cifra mucho mayor a la del año anterior. Sin embargo, el número de demandas del 2021 en relación con el año anterior se redujo en un porcentaje mínimo. El 2021 cerrará con 329.373 procesos judiciales internos en su contra, más 80 procesos de arbitraje nacional, 13 controversias internacionales de inversión y 793 casos y peticiones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, fue creada en el año 2011, mediante ley 1444 del mismo año, como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. Con la creación de esta entidad la nación unificó las políticas de defensa e información del Estado en casos de interés estratégico y captó la intervención litigiosa.
Antes de entrar en vigor la norma que creó la ANDJE, reinaba la anarquía en los procesos de demanda contra el Estado. Como no existía una identidad en la defensa de la nación, la instrucción era no conciliar, así las evidencias fueran contundentes y dilatar los procesos hasta donde la norma lo permitiera.
Fueron tiempos aciagos para la justicia y el dinero de la nación, ya que el contubernio entre abogados y jueces desangró el erario. No obstante, hay que dejar claro, que los procesos judiciales se inician por las fallas de los funcionarios públicos que no cumplen las obligaciones establecidas en las normas, por su omisión o la extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Esta negligencia le sale muy costosa a los colombianos, porque al final del día, cada pago que hace el Estado a las personas afectadas para reparar y restablecer sus derechos, sale del bolsillo de cada uno de nosotros.
Colpensiones lidera el listado de entidades con más demandas en el 2021, con 108.813 casos, seguido del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con 32.602, y la Rama Judicial con 23.359. Las cinco causas más demandadas fueron: la privación injusta de la libertad con 10.367 casos, el incumplimiento de sentencia judicial con 2.873, la falla en la prestación del servicio de salud con 2.757, la ilegalidad del acto administrativo que impone una sanción disciplinaria con 2.613 y, por último, la lesión accidental o fortuita a un conscripto, con 2.402.
En relación con los procesos que enfrenta el Estado en los estrados internacionales, de acuerdo con la ANDJE, en el 2021 la nación ahorró 12 billones de pesos en este tipo de litigios. Pero también, se perdieron casos importantes como el de Glencore, en donde la nación tiene que devolver 19,1 millones de dólares, por una sanción de la Contraloría General.
El Estado no ha ganado nada en los procesos que se llevan a cabo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluye la CIDHH y la Corte IDH, salvo el archivo en el SIDH de 74 casos y peticiones, la inadmisión de 25 y la homologación de 25 acuerdos de solución amistosa. Lo frustrante en este litigio, es que los casos siguen en aumento.
Según la Contaduría General de la República, la nación adeuda 12,8 billones de pesos en cuentas por pagar por fallos en su contra. A parte de todo, es mala paga.
Es imprescindible que el Estado invierta en la capacitación permanente de sus funcionarios en materia de cumplimiento de obligaciones. Es la mejor manera de atenuar la andanada de demandas contra la nación y de esta manera, utilizar ese patrimonio en las múltiples necesidades de los colombianos. La acción de repetición es un simple saludo a la bandera, nunca ha podido despegar y ese dinero siempre va a salir de nuestros impuestos.
Cambiando el tema, no podíamos esperar que los mismos congresistas se recortaran las largas vacaciones de 4 meses que tienen al año. Como era de esperar hundieron el proyecto de ley que les reducía a 3 meses su jornada anual de descanso.
Los Honorables Padres de la Patria nunca irán a patear su lonchera.
