¿Qué es realmente el mal llamado “acuerdo final de la habana” o “proceso de paz” del 2016 y que ha significado en verdad su implementación para el país ?

       Por: Rosa Lía Medina 

         Lo primero, una errónea denominación debida a la típica comodidad colombiana para no tener en cuenta la semántica o significado de palabras y frases escritas o habladas, en muchos casos acuñadas por la inmediatez de los comunicadores, ya que la disposición de la Honorable Corte Constitucional, iluminada por el alcance de un asunto  “que talvez” podría llegar a la Constitución vigente, intervino para que el nombre del desconocido engendro fuera más elaborado: “Acuerdo para la terminación del conflicto armado y la construcción de una Paz estable y duradera” (subrayado fuera de la mencionada disposición) compuesto de una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble, lo que simplemente significa para cualquier hispanoparlante que se trata de un pacto para la terminación de un conflicto violento, con una serie de acuerdos únicos e indiscutibles como herramientas de construcción, que se dispusieron como de obligada aprobación en su totalidad, e inclusive en tono amenazante, porque se trataba de “algo indispensable e irreversible so pena de mayores calamidades”, pero que era muy confidencial entre el gobierno en ejercicio del país  y el grupo criminal  autodenominado Farc-EP; como si fueran dos Estados, con delegados de igual representatividad o capacidad de negociación y con liderazgo impositivo de la agenda y por supuesto del prefabricado documento de 297 páginas presentado por la parte subversiva, dizque para elaborar el Acuerdo Final.

Sin embargo, por haber  sido ratificado en el Teatro Colon de Bogotá, a pesar de la negativa plebiscitaria de la mayoría de votos válidos  y de la gran disminución de su umbral, con validación de la misma Honorable Corte, además de la extraña negociación que la refrendó con la simple adición de algunas  páginas del más extraño contenido y origen, aparte del increíble proceso “fast track” que con toda dulzura hizo prevalecer la democracia representativa sobre el constituyente primario o voz del pueblo,  porque ni de fundas otra votación dada la primera,  entonces  tal vez debió ser llamado a secas “¿Acuerdo de Quién y Qué en el Teatro Cuál de Dónde? ” ya que la participación de corsarios y piratas fue tan notoria como en la llegada a las Indias del italo-español navegante Cristóbal, con sus tres Carabelas y sus poco representativos tripulantes.

 Los nacionales y extranjeros que estuvieron en La Habana y en el mencionado teatro bogotano, ni siquiera alcanzaron a ser  el 0.1% del censo colombiano y se abrogaron el derecho a  tomar “decisiones finales” para el futuro de poco mas o menos 45 millones de absolutamente inconsultos, pero no despistados ni totalmente  ignorantes parroquianos, a pesar de los cuatro largos años del proceso, del no en el plebiscito refrendatario  y de miles de millones de pesos gastados, antes, durante y por lo menos para tres periodos presidenciales más, por supuesto a cargo de los contribuyentes, pero sin aclarar ni  cuánto ni de dónde se obtendrían los recursos sin sacrificar  indispensables reformas sociales para grupos mayoritarios, ya que analizadas fríamente hoy en día las cifras estimadas porque nadie las concretó ni se han definido aún, la teórica supresión del criminal grupo Farc-EP, en nada ha aportado patrimonialmente al país,  pero si lograron reubicarse como quisieron y hasta con segundas y terceras generaciones o “Primeras Lineas· y segundas “Marquetalias” para contar ahora con  brazos armados, desarmados, políticos, judiciales, educativos, informativos, narco-comerciales, con vecinos colaboradores, etc. etc. de modo que cualquier parecido con un calamar decápodo, no es una simple coincidencia y además con total narco-financiación; entonces  como dicen en el Valle, “al que pida más que le piquen caña”.

    Ahora con la total sindéresis que demanda el caso, el tal “Proceso de Paz” o como quieran llamarlo refiriéndose al farragoso documento de algo así como 310 páginas,  desde su secreta gestación por quien fue Ministro de  Defensa, antes de Economía y Presidente de Colombia dos veces, sorprendente e increíblemente careció de una honesta y verdadera planificación para el conocimiento pleno por parte de la ciudadanía colombiana,  así como para permitir la evaluación económico-financiera y social, realizable con toda idoneidad por entidades académicas regionales a lo largo y ancho del país, lo  que hubiera permitido válidas recomendaciones a los ciudadanos y a los legisladores en ejercicio, en lo pertinente a cambios necesarios o simples salvedades en la normatividad vigente.

       Queda claro desde las primeras páginas de los pretenciosos Preámbulo e Introducción, que el  “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se trata de un documento totalmente descriptivo de aseguramiento político-jurídico para sus principales beneficiarios, los violentos grupos armados ilegales con muchas cuentas pendientes ante la justicia, en abundante y altisonante prosa explicativa hasta de los términos usados, más que en las tan indispensables  valoraciones en cifras bien fundamentadas que dicen más que un millón de palabras a legos y desde luego a estudiosos de la factibilidad de grandes proyectos, y por tanto se puede afirmar que solo ha sido una secuencia de largas conversaciones por demasiado tiempo y con demasiado costo a cargo de los contribuyentes, con 4 años de acuerdos, desacuerdos y comunicados varias veces contradictorios, entre dos “equipos de negociadores” que de la noche a la mañana se equipararon como dos grupos en igualdad de condiciones a pesar de la inmensa  diferencia de teórica representatividad, pero ninguno de ellos con la claridad necesaria sobre su respectiva naturaleza y posición frente a la totalidad de  la ciudadanía colombiana, a pesar de sus convenientes y ambiguas afirmaciones en la introducción del mamotreto:            

        “La participacion ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final. Participacion en general de la sociedad en la construcción de la paz y participacion en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de transparencia”. “Por lo anterior, el Gobierno de Colombia y las Farc-Ep, con el animo de consolidar aún mas las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito, convocaran a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran Acuerdo Político Nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social”.