Gustavo Petro: postura sobre Pedro Castillo genera dudas en política exterior

    Una lluvia de críticas ha inundado la política exterior del presidente Gustavo Petro. La postura que el mandatario asumió —y ha evolucionado con el paso de los días— frente a Pedro Castillo, exjefe de Estado de Perú que intentó realizar un golpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso en su país, es la causante de los recientes cuestionamientos al Gobierno Nacional.

    Aunque el día del fallido golpe de Estado el mandatario colombiano guardó silencio en sus declaraciones y en redes sociales, no fue ajeno a la situación de crisis política en Perú. Al día siguiente, Petro reconoció la equivocación de Castillo al tratar de usar el artículo de la Constitución que permite disolver el recinto legislativo, pero aseguró que “por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular, fue arrinconado desde el primer día”.

      Incluso, le solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor de Pedro Castillo”, pues considera que “se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”.

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      Ese es el mismo tribunal que falló a favor de Petro luego de que la Procuraduría lo destituyó como alcalde de Bogotá, pues consideró que se violaron sus derechos políticos.

      Volviendo al caso de Perú, esta corporación, por su parte, condenó las decisiones contrarias al orden constitucional este país, reconociendo la respuesta democrática de las instituciones del Estado.

       Como era de esperarse, la oposición en Colombia criticó con fuerza la posición del presidente. “El autogolpe de Castillo en Perú desenmascaró a Petro y a sus aliados”, dijo el senador Miguel Uribe Turbay.

       Otra de las personas que reaccionó fue el exministro de Defensa, exgerente general de la Federación Nacional de Cafeteros y doblemente embajador de Estados Unidos Gabriel Silva Luján: “Confirmado, la tan cacareada integración latinoamericana que ha pretendido liderar Petro realmente es una convergencia de compinches ideológicos para proteger sus intereses políticos, por encima de la defensa de la democracia. ¿Dónde quedan los intereses supremos de la Nación?”.

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      Estas discusiones ahondaron durante varios días en el panorama político y pusieron de nuevo sobre la mesa las implicaciones que tiene la postura de Petro ante el mundo. Laura Lizarazo, politóloga e internacionalista, explica que, como jefe de Estado, Gustavo Petro es la máxima autoridad en materia de política exterior y, en tal calidad, puede adoptar por su cuenta este tipo de posturas.

      Sin embargo, agrega que “es sumamente desafortunado que comprometa la posición de Colombia respecto a asuntos internos tan sensibles en la región sin antes apoyarse del cuerpo profesional de diplomáticos y asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

      Este es un modo de obrar que también le critican al presidente debido a sus pronunciamientos con respecto al plebiscito que rechazó el nuevo proyecto de Constitución en Chile y frente a la solicitud de condena emitida por un fiscal de la nación argentina contra la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner.

      Frente a esto, Lizarazo expone que Petro no puede pensar que su criterio es “exclusivamente político y personal”, pues sus posiciones pueden comprometer la credibilidad y reputación de Colombia como un Estado respetuoso de los asuntos internos, de los derechos humanos y de las instituciones de otros países.

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        “Estos gestos cargan la política exterior colombiana de un matiz ideológico innecesario y contraproducente respecto a su relación con socios tradicionales de la región, como lo evidencian las propias manifestaciones de extrañeza de la Cancillería peruana, o el súbito y relativo enfriamiento de la interlocución con el gobierno de Gabriel Boric tras la declaración que hizo el presidente Petro sobre Pinochet”, señala la internacional

      Otro de los puntos que preocupan son las repercusiones negativas que pueden traer las posturas del mandatario. Para varios analistas políticos no está claro cómo estas posiciones puedan redundar en beneficios estratégicos para Colombia en el plano regional.

      A pesar de que Petro aboga por una alineación de carácter ideológico e incondicional con los “pares progresistas” de Latinoamérica, expertos manifiestan que en sus proclamaciones ha sobrepasado ciertas ‘líneas rojas’ que van en contravía de algunos principios del Sistema Interamericano sobre democracia y derechos humanos.

       Luis Villamarín, presidente fundador del Centro de Geopolítica Colombia, define el modus operandi de Petro como “afín a esquemas avejentados de la Guerra Fría y de desafío”.

          El analista trae a colación el silencio de Colombia frente a la violación de derechos humanos que se vive en Nicaragua. Un episodio que generó polémica cuando se reveló que la Cancillería colombiana decidió voluntariamente no asistir a la reunión del 12 de agosto del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se iba a votar una resolución de condena contra el Gobierno de Daniel Ortega por perseguir a la prensa, encarcelar opositores y en general desacatar la democracia.
Daniel Ortega es el presidente de Nicaragua y uno de los principales aliados de Nicólas Maduro.

      Villamarín advierte que la naturaleza desafiante del presidente Petro en política exterior desincentiva el posicionamiento de Colombia en el entorno regional que “siempre se ha caracterizado por el apego institucional”.

       Advierte, además, que estas reacciones pueden repercutir negativamente en la inversión extranjera y en intercambios tecnológicos o culturales con otros países. Ante estos riesgos, el especialista insta a que el discurso en materia internacional se guíe hacia la unidad e integración latinoamericana que busca este gobierno como prioridad.

La visión del presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro no ha escatimado en compartir su visión internacional. Ha dicho que el principal objetivo es posicionar a Colombia como una “potencia mundial de vida”, por lo que persigue una visión de integración y autonomía regional a través de la reivindicación de los sectores marginados.

Su propuesta se alinea con un modelo social que propone reducir la desigualdad y compensar las externalidades negativas mediante la justicia y equidad, logrando el bienestar de toda la sociedad.

Un direccionamiento que se hace contradictorio con algunos de sus discursos en los que parece excusar situaciones que van en contra de la noción democrática que se recoge en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

      Una de las que cuestionó que se sigan dando este tipo de expresiones de respaldo fue Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien rechazó específicamente el apoyo hacia Castillo. “Lamentable que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México respondan a la grave crisis en Perú victimizando a Castillo, quien intentó disolver el Congreso en medio de investigaciones por corrupción. América Latina debe apoyar a Perú defendiendo el estado de derecho”, aseveró.

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      La internacionalista Laura Lizarazo también insiste en que el mandatario debe empezar a darle un carácter selectivo y parcial a sus reacciones frente a los temas internacionales. “Tiene que ponerle importancia a cada una de sus proclamaciones y analizar si cuentan con el debido sustento diplomático y estratégico. No queremos que empiecen a ideologizar de manera torpe la política exterior de Colombia”, sentencia.

      La política de no injerencia en asuntos exteriores, de la cual el gobierno habló en su momento, podría ser el catalizador que necesita aplicar el Ejecutivo si busca generar reacciones que fomenten la integración regional en Latinoamérica.

MAYRA TENORIO
REDACCIÓN POLÍTICA