La Colombia de los conflictos y los postconflictos
Por Diego León Caicedo Muñoz
“Hacer la paz es acercar los muchos conflictos de una sociedad a un punto de consenso. Se trata de una nueva visión de la pintura sobre la tela de la historia política de una nación,” Benazir Bhutt
EL 24 de noviembre del 2016 el gobierno colombiano negoció y firmó el Acuerdo de Paz con el mayor y más antiguo de los grupos armados en nuestro país. En el imaginario quedó la terminación definitiva del conflicto, pero realmente era uno más de los acuerdos que se han llevado a cabo en Colombia con los grupos al margen de la ley. Debemos recordar que por estos caminos trasegaron, el M-19, Quintín Lame, PRT, EPL, Corriente de Renovación Socialista y las AUC. Negociaciones parceladas que no liquidaron los conflictos.
Otra falacia que se le atribuye a la culminación del enfrentamiento armado con las FARC, es el denominado posconflicto en singular y de manera absoluta, siendo reforzado con la pregunta del plebiscito para la refrendación del pacto: “¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?”
En los últimos 60 años la confrontación armada ha sido heterogénea, por lo tanto, no es correcto hacer alarde de la terminación de los conflictos con la desmovilización de un solo grupo ilegal y mucho menos pretender iniciar un posconflicto definitivo. Esta concepción sibilina y errada, pero con una intención soterrada, fue impulsada por la dirigencia de las FARC en los acuerdos de la Habana, para hacer creer que en un país en paz no era necesario una Fuerza Pública tan robusta. El craso error del Estado fue seguir esta consideración y limitar su capacidad de respuesta a las nuevas amenazas que surgieron después de la desmovilización.
El posconflicto es un proceso amplio de esfuerzos colectivos y con una línea de tiempo prolongada, en la cual la institucionalidad debe estar concentrada en contrarrestar la mutación de la problemática de seguridad en los territorios antes ocupados por los desmovilizados. La tendencia luego de la terminación de un conflicto armado, es una atomización y desbordamiento virulento de la violencia en detrimento de la seguridad ciudadana.
Un caso específico de culminación de un conflicto y continuación de un posconflicto que lleva 30 años, es el del Salvador. Allí la violencia enmarcada en la grave alteración de la seguridad ciudadana no ha terminado, se convirtió en una situación endémica reflejada en batallas territoriales entre bandas por el tráfico de drogas y todo por cuenta de la ausencia de Estado.
El Estado colombiano nunca llegó a ocupar los espacios dominados por las FARC, situación que aprovecharon rápidamente los Grupos Armados Organizados con el fin de cooptar los mercados ilegales de la droga y la minería. Además, organizaciones criminales como el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otras bandas, crecen en número y se fortalecen cada día más. Los conflictos armados, en plural, no han concluido y están lejos de terminar y cohabitan a la vez con los posconflictos por regiones.
La teoría de algunos analistas que sustentan que estos grupos evitan la confrontación con la Fuerza Pública para concentrarse en fortalecer sus economías ilegales, es cosa del pasado. Para defender su actividad ilícita se enfrentan con mecanismos terroristas reflejados en asesinatos de militares y policías, pero lo que más genera escozor es la reactivación de la vieja práctica del secuestro de miembros de la Fuerza Pública y los hostigamientos a estaciones de policía.
Según información del Periódico el Tiempo en lo corrido del año 2021 han sido asesinados 110 uniformados, de ellos 64 policías y 46 militares, de los cuales 20 murieron en combate, 8 por acción de minas antipersona, 3 en hostigamientos, 8 en acciones de francotiradores y uno por pisa suaves. De los 64 policías asesinados, 20 no estaban en servicio, 39 con armas de fuego, 3 con explosivos y uno con arma blanca, 28 casos atribuidos a la acción de grupos armados ilegales; 15 al Clan del Golfo, 8 al ELN, 4 a las disidencias y uno a los Pelusos. Igualmente, 201 militares y más de 2.000 policías heridos
Es preocupante la situación que vive el país y más con una Fuerza Pública deslegitimada, diezmada y acorralada política y mediáticamente por cuenta de una extrema izquierda, que sigue los parámetros del arreglo habanero, consistente en desmontar la Policía Nacional y disminuir el accionar de las Fuerzas Militares.
Lo que se requiere ahora más que nunca es fortalecer a la Fuerza Pública, robusteciendo la inteligencia regional y los mecanismos adecuados para enfrentar efectivamente los dos fenómenos. Imprescindiblemente, el Estado debe hacer presencia integral con todas sus instituciones, para solucionar cada una de las causas generadoras del conflicto.
