La vida de los policías y soldados no vale nada para un político, dolor de patria
Por Diego León Caicedo Muñoz
“Mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano y llegado el caso morir por defenderte”, Oración Patria.
Con los hechos presentados la semana pasada en San Vicente del Caguán, queda demostrado la pírrica valía de un policía para un político. Desde hace unos años en Colombia se viene presentando esta nefasta apreciación, y este gobierno lo acrecentó a la enésima potencia.
Los colombianos no podemos olvidar la campaña difamadora, de odio y de violencia, que emprendió el actual presidente durante los cuatro años que duró la campaña a la presidencia en contra de la Fuerza Pública. La creación de la primera línea, el hashtag, “#nos están matando”, malditos policías, cerdos y la humillación a los que fueron expuestos, fueron parte de la estrategia. Esta ignominia dejó una huella indeleble que afectará la dignidad y la vida de los uniformados por mucho tiempo. Lo peor, es que la animadversión aún persiste.
Hay una dicotomía descomunal, por un lado, Petro como presidente, es comandante en jefe de la Fuerza Pública, y, por ende, encargado del monopolio de la fuerza, y por el otro lado, una animosidad tozuda hacía sus subalternos. El resultado, la seguridad ciudadana ahogada en el peor laberinto.
La historia de Colombia tiene registrado ordenes inadmisibles de presidentes desautorizando operativos listos a ejecutar en contra de estructuras guerrilleras, pero nunca un presidente había negado un apoyo a unos indefensos policías embestidos por una turba criminal.
Después de una semana sale a decir lo siguiente: “la orden dada al ejército de no intervenir en los hechos de San Vicente la di yo, como comandante de las Fuerzas Militares”, y luego agregó: “una intervención militar ante una manifestación de 7.000 campesinos, solo puede generar una masacre”. Con este mensaje demostró que no confía en sus Fuerzas Militares y las coloca al mismo nivel de los delincuentes, como asesinos y perpetradores de aniquilación.
Lo ocurrido en los Pozos era la crónica de una muerte anunciada. La procuraduría y la defensoría del pueblo hacía un mes habían alertado sobre lo que estaba sucediendo y lo que podría pasar. Enviaron a 20 hombres del antiguo ESMAD, prácticamente desarmados a proteger la propiedad privada y el Sistema Social de Mercado, como derecho constitucional, del posible ataque de una horda de delincuentes, liderados por las disidencias de las Farc, bajo el remoquete de Guardias Campesinas.
El gobierno no le prestó ni cinco de atención a la información y, por el contrario, respaldó la agresión a la propiedad privada bajo la egida de la protesta social. Así lo manifestó el ministro del interior a finales de febrero al exaltar los mecanismos de autoprotección de la denominada Guardia Campesina en los Pozos, Caquetá, movimiento que no tiene sustento jurídico, y la calificó como maravillosa y hermosa.
Para esa fecha la hermosura de Guardia Campesina ya había inmovilizado los camiones de la empresa Emerald, multinacional que había cesado operaciones por causa de los bloqueos y las muestras de violencia e intimidación contra sus empleados.
Las Guardias Campesinas llevan tiempo funcionando bajo la tutela de las guerrillas. El partido de los Comunes, antiguas FARC, las quiere legalizar y para ello, presentaron un proyecto de ley. Las preguntas que saltan a la vista son: ¿por qué un sistema de autoprotección? En tal caso, para qué está la Fuerza Pública, ¿por qué cumplirán labores comunitarias? Entonces, para qué están las Juntas de Acción Comunal, la Defensa Civil y a la Cruz Roja, No será otro plan más de la izquierda para organizar colectivos en favor de su proyecto socialista.
Asesinaron a un subintendente de la Policía Nacional a machetazos y a un campesino con impacto de fusil, cuando los uniformados no tenían armas largas. Secuestraron a más de 70 policías, siendo humillados y golpeados, y el ministro del interior para favorecer la ilegalidad de los guerrilleros disfrazados de Guardia Campesina, le cambio la tipicidad penal al delito de secuestro, por el termino de “cerco humanitario”, muy seguramente imitando a su mentor, cuando dijo: “si logramos que ciertas conductas que hoy se consideran crímenes, no se consideren crímenes más adelante, habrá por definición menos crímenes”.
La vida, integridad y dignidad de policías y soldados no vale absolutamente nada para el presidente. Me duele inconmensurablemente y produce dolor de patria, lo que están haciendo con los verdaderos héroes de Colombia, así el mandatario manifieste que no son héroes y los ubique en el mismo sitio, como lo hizo la Comisión de la Verdad, con la guerrilla y los paramilitares, aduciendo que es absurdo que los uniformados mueran por la patria. Espero los jueces apliquen con severidad por acción y omisión a los autores y coautores de estos execrables crímenes.
