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Las recomendaciones en el informe de Francisco De Roux (2022)

      “El objetivo de las recomendaciones de la comisión es contribuir a definir una agenda de futuro para avanzar en un diálogo sobre las transformaciones necesarias en el país y para poner fin a las confrontaciones armadas que persisten, superar los factores de persistencia y contribuir a la reconstrucción de confianza entre la sociedad y las instituciones para avanzar hacia la reconciliación y garantizar la no repetición del conflicto armado. …” Si hay verdad hay futuro”…

     Por Rosa Lía Medina

       “Habrá Futuro” aunque el encargo de esclarecer la verdad quedó demasiado deficiente a pesar de las casi 900 páginas; pero el futuro podría ser cada día más demorado y más complejo en lo político, lo económico y lo social, si en vez de tener un reducido Estado regulador, con Objetivos Nacionales Constitucionales y Políticas de Estado a largo plazo, con flexibilidad de priorización en programas y proyectos, se sigue creando más burocracia con nuevos ministerios y se siguen costeando sin planes estratégicos medibles y verificables, alianzas y consultas políticas de ficticios partidos, permitiendo extrañas e inmensas narco-financiaciones, eternos y demasiado onerosos “Procesos de Acuerdos Indisolubles”, “increíbles hallazgos con sublimes pero no muy coherentes recomendaciones” y con camuflada cara de enunciados generales para futuros planes,  sin definir fuente  de recursos seguros para su correcto desarrollo en la búsqueda del beneficio colectivo, pero con su correspondiente eso si, bien ubicado artículo transitorio en la Constitución.

      Pero sobre todo será más difícil, si no se controla la terrible endemia tropical de la corrupción tripartita multi, pluri y/o policultural en el manejo presupuestal, y por supuesto, si se abandonan los buenos caminos que estructuró el gobierno en ejercicio (hasta Agosto 07/2022), muy a pesar de la sorpresiva  pandemia y de la absurda y destructiva forma de oposición política, a pesar de la clara existencia de la Democracia Participativa, tan eufemísticamente mencionada por “todos y todas” entre los “iluminados y egregios autores” del nuevo e innecesario trimamotreto de casi 900 páginas, con mucha base en el Acuerdo Final de La Habana, de más de 300, y en el viejo manifiesto de 1992 de la Coordinadora Guerrillera autodenominada Simón Bolívar, aunque si bien es cierto que ni la mencionan, como si lo hacen varias veces a lo largo del nuevo  informe con el “Acuerdo final” y en solicitud de similar atención a otro grupo terrorista autodenominado Eln.

      Lo que realmente necesitamos es un Modelo de Desarrollo Económico altamente productivo para el mediano y el largo plazo, aparte de la libertad a las pequeñas y medianas empresas o Pymes, para la subsistencia diaria y para el corto plazo. La Fundación Excelencia, Liderazgo Y Transformación (Fundelt) lo ha repetido ya muchas veces y con propuestas concretas:

      La reestructuración integral del agro, tanto en la recuperación y conservación del medio ambiente como en  la completa elevación del nivel de vida de la población, desde la capacitación continuada con criterio asociativo y empresarial así como la asistencia técnica en producción, procesamiento y comercialización, hasta la disposición de servicios básicos en vivienda, educación, salud y movilidad multimodal, inclusive interoceánica, son de hecho la verdadera solución, en oposición al obsoleto y fracasado modelo de expropiación de millones de hectáreas que receta el “Acuerdo Final de la Habana” para entrega a la agricultura familiar de subsistencia, ensayado en el pasado con nefastos resultados, por múltiples  países asiáticos  y existentes aún en países con regímenes autoritarios.

      A continuación el resumen de las recomendaciones del informe de Roux: (133 Páginas de 772 a 895)  de las cuales traemos lo sustantivo, con la advertencia que sus enunciados están muy definidos y muy explicados en el “qué” de sus respectivos textos pero sin mención siquiera del “cómo”, de “cuánto”, de “cuándo” ni de los responsables de sus costos y el origen de los recursos necesarios.

     Consideramos que su simple lectura y subrayados nos indican no solo recomendaciones en relación con el encargo de clarificación de la verdad de la violencia generada en el conflicto armado, sino el disimulado esquema básico de un plan para el gobierno entrante y/o para “cambios estructurales” de obligatoria e indiscutible aceptación como el conjunto indisoluble de acuerdos de La Habana.

1. Avanzar en un consenso como sociedad sobre las transformaciones a emprender para superar los factores que han facilitado la persistencia del conflicto y la reproducción de los ciclos de violencia

2. Reconocer a las víctimas del conflicto armado en su dolor, dignidad y resistencias, reconocer la injusticia de lo vivido, y el trauma colectivo que compartimos como sociedad

3. Construir la paz sobre la base de la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, honrando los compromisos asumidos desde el Estado y como una responsabilidad ética de la sociedad colombiana.

4. Priorizar la solución definitiva a las confrontaciones armadas que persisten a través del dialogo para la negociación y/o el sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales, y en particular retomar la negociación con el Eln de forma efectiva, para aliviar a las comunidades y poblaciones afectadas por un conflicto que se niega a quedar en el pasado y cuyo cese las comunidades y la sociedad reclaman.

5. Avanzar en un examen critico de nuestro pasado para construir sobre él un futuro en paz. Por esto, necesitamos una política de memoria y verdad para la construcción de paz y la no repetición que comprometa al Estado y a la sociedad en su conjunto y aporte al fortalecimiento de valores democráticos.

6. Replantear el problema del narcotráfico y encontrar los caminos políticos, económicos, éticos y jurídicos de salida en debates de fondo, tanto a nivel nacional como internacional, que permitan avanzar en la regulación del mercado de drogas y superar el prohibicionismo. y garantizar la permanencia en Colombia de las personas solicitadas en extradición que puedan aportar verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas.

7. Fortalecer y desarrollar mecanismos de investigación que le permitan al Estado y la sociedad conocer a profundidad el sistema de relaciones, alianzas e intereses involucrados en el narcotráfico y entramados de la violencia. Para esto es fundamental fortalecer la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía mediante un mecanismo mixto (nacional e internacional) que investigue y esclarezca la verdad del narcotráfico.

8. Establecer una nueva visión de la seguridad para la construcción de paz, como bien público centrado en las personas, que nos permita superar las lógicas del conflicto armado en el que hemos vivido, cambiar la manera como el Estado entiende y hace presencia en los territorios y reconstruir la confianza sobre la base de diálogos entre los ciudadanos y las instituciones, en particular la fuerza publica, como un elemento fundamental para la paz territorial y el fortalecimiento institucional.

9. Recuperar el valor de la justicia para reivindicar la legalidad, promover la convivencia pacifica, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas y reconstruir la confianza en el Estado .

10. Profundizar la democracia para la paz a través de la exclusión definitiva de las armas en la política, la superación de su relación con el entramado del conflicto y la puesta en marcha de una reforma que abra espacios para sectores y grupos excluidos y recupere la dignidad de la política.

11. Construir la paz necesita de nuevas herramientas y una ruptura con el pasado, una conmoción positiva, y no una visión fragmentada del camino de la reconstrucción de la convivencia. Una muestra de voluntad política y social que articule muchas de estas medidas con un ente que nazca con la necesaria fortaleza, capacidad de coordinación, presupuesto e impulso político. Un ministerio o un ente que impulse las políticas del estado por la reconciliación y la construcción de paz, es una de esas herramientas que la Comisión propone

12. Garantizar condiciones de bienestar y de vida digna a las comunidades en los territorios, y construir una visión compartida de país que incluya a los territorios que han sido históricamente excluidos y un compromiso de futuro desde el respeto a la vida, las diferentes necesidades y perspectivas para superar las desigualdades estructurales del país que han sido profundizadas por el conflicto

13. Garantizar la aplicación del enfoque diferencial en la implementación de todas las recomendaciones de la Comisión y en el desarrollo de las funciones del Estado es una condición para lograr la paz total. Asumir como sociedad una ética ciudadana y publica compartida que nos permita transformar los valores, los principios y las narrativas que hacen parte de nuestra cultura y que han contribuido a la persistencia de la violencia

14. Tomar el legado de la Comisión de la Verdad, que se materializa en sus hallazgos, recomendaciones y aprendizajes, como base de la reflexión y de la acción social y política respecto a asuntos fundamentales de la historia, del presente y de la posibilidad de la vida en comunidad hacia el futuro.

       El informe de Roux, trimamotreto que costó casi medio billón de pesos (COL $500.000.000.000) y sobre el cual insinúan la necesidad de continuar trabajando por largo periodo de “registro evolutivo de la historia”, gracias por supuesto  a la  muy fácil remuneración permitida por  la mayor facilidad  tecnológica de cada día y con una alegre propuesta  exponencial de subsidios a cargo talvez solamente de los ahora diez millones de “obligados contribuyentes-opositores”, ninguno entrevistado como válida contraparte en el informe de marras, ni tampoco tuvo en cuenta  nunca a los sobrevivientes de la otra cara que tiene toda moneda, especialmente a propósito de la “Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia”  ya con 150 emisiones grabadas en  www.fundelt.com, Facebook  y Youtube-Fundelt, (menos del 20% por presentar) a cargo  de garantizados amigos de la paz, porque son reservas de los miembros institucionales que  aún enfrentan y que más han sufrido toda su vida con el terrorismo, a pesar de estar ya bien vacunados y con  la seguridad del 0.0 % del síndrome de “opositores con prontuario” que hoy se pueden señalar por doquier sin temor a equivocación e inexplicablemente presentes hasta en los más altos estrados de la nación.

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