Le llegó el turno a la Corte Constitucional de defender a capa y espada la Constitución
Por Diego León Caicedo Muñoz
“Los pueblos que viven cambiando de Constitución se convierten en un comodín para legitimar el despotismo”, Tulio Tascón.
La constitución actual con tan solo 31 años de vida, ya ha soportado 56 actos legislativos. ¿Hasta qué punto es conveniente tanta reforma? No se percibe como algo negativo, pero la actualización de la estructura legal a una más robusta, no puede ser motivo para hacer reformas que estimulen el clientelismo político, como la reforma que permitió la reelección presidencial. Un ejemplo claro del manoseo descarado a la constitución.
Afortunadamente, la Corte Constitucional cercenó el propósito de la segunda reelección, que desconocía los principios estructurales o elementos definitorios de la Carta Política. De las 56 reformas 7 han sido declaradas inconstitucionales.
Según Armando Novoa, la mayoría de los cambios a la Constitución no expresan un concepto integral y diferente sobre el Estado, el sistema político, la administración de justicia o el ordenamiento territorial. Obedecen a problemas circunstanciales de gobierno y al afán de capturar más poder.
Ninguna constitución es perfecta, pero como regla básica destinada a introducir y mantener el orden y la justicia, a limitar y a controlar el ejercicio del poder político, debe gozar de una mínima y razonable estabilidad. Es decir, aunque no es irreformable, ni debe permanecer indefinidamente pétrea, tampoco puede estar siendo modificada a cada paso por razones puramente coyunturales o accidentales, sino cuando verdaderamente se necesite para el mejor gobierno de la sociedad. (José Gregorio Hernández).
Las reformas a la constitución, según la misma carta, se producen a través de actos legislativos, referendos y asamblea constituyente. Desafortunadamente, cualquiera de los tres mecanismos, sean totales o parciales, pasan inevitablemente por el Congreso de la República, que se establece como constituyente derivado. El pueblo puede participar, pero siempre sometido a la voluntad de los congresistas, que hacen parte del circulo vicioso de la corruptela política del país.
En muy buena hora, en el presente año se creó la Fundación para el Estado de Derecho, en donde participan excelsos jurisconsultos, en defensa de nuestra Carta Política. En un primer trabajo advierten que, de los 43 proyectos de reforma a la Constitución en trámite, hay seis que tienen problemas, tanto de inconveniencia, como de posible inconstitucionalidad, sobre los cuales hay que estar muy pendientes.
En lo que va corrido de la presente legislatura se han presentado 59 reformas constitucionales, de estas, se han archivado siete y acumulado diez. Indican, que hay algunas reformas que podrían traer riesgos en caso de que sean aprobadas, entre otras, la que busca que la elección del Contralor, el Procurador, el Defensor, el Fiscal y el Registrador se haga por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Arrogándole un poder omnímodo a esta entidad, hasta el punto de colocar a dedo a los jefes de los principales organismos de control.
Igualmente, la reforma política en lo que tiene que ver con la obligación de crear listas cerradas y bloqueadas, la excepción de la doble militancia y la eliminación de incompatibilidades, para que los congresistas puedan ocupar cargos públicos, (ministerios), posibilitando de esta forma, la puerta giratoria. En conclusión, lo que se busca con este proyecto es beneficiar al Pacto Histórico y por ende que se puedan perpetuar en el poder.
Según la Fundación, permitir el transfuguismo crea incentivos para que los parlamentarios renuncien a sus partidos y se inscriban a los partidos de gobierno, no por motivos de identidad ideológica, sino por cálculos de otro tipo
Con estas dos muestras de proyectos se puede observar la amenaza a la separación de poderes, al sistema de pesos y contrapesos, y una potencial sustitución de la constitución, que creará incentivos para el clientelismo y la corrupción. Por supuesto, la mayoría de proyectos fueron presentados por el gobierno del cambio y su bancada enmermelada del Congreso
Esto es un adelanto de lo que se viene en proyectos para el 2023. El próximo año será crucial en la intención de instalar un Estado benefactor y asistencialista, al mejor estilo de los gobiernos socialistas, con riesgo grave para la democracia y la economía del país.
Loable la labor que cumplirá la Fundación para el Control del Estado de Derecho en la protección de nuestra constitución, pero más trascendental aún, será la misión de los magistrados de la Corte Constitucional en la custodia de la Carta Política. En las manos de los togados está el futuro de Colombia y la estabilidad del actual Estado Social y Democrático de Derecho.
Cuando un gobierno socialista, lanza globos de toda clase al aire y luego se retracta, lo único que busca es medir el pulso de los otros poderes, de la sociedad nacional e internacional, para luego imponer su santa voluntad.
