Una financiación con un costo alto para la democracia

      Por Diego León Caicedo Muñoz

     “Las leyes injustas son la telaraña a través de la cual pasan las moscas grandes y las más pequeñas quedan atrapadas”, Honoré de Balzac.

      Según la ley estatutaria 1475 de 2011, Colombia tiene dos sistemas muy diferentes de financiación de las campañas electorales; una se aplica al proceso electoral presidencial y otra a las corporaciones públicas, gobernaciones y alcaldías.

       El régimen de aportes es mixto, es decir, parte lo financia el estado y parte el sector privado. La gran diferencia radica en que la campaña presidencial tiene un pulso económico mayor del estado, mientras que en las otras el origen fuerte de la financiación es privado. 

       Los recursos de origen privado son los créditos o aportes del patrimonio de los candidatos o de sus familiares y las donaciones, aportes en dinero y en especie de los particulares. En la campaña presidencial la restricción es mayor, se limita solo al 20% y una contribución privada no puede pasar del 2%.

       El gran inconveniente es que para el resto de campañas el tope no existe, lo que existe es el límite de gastos totales de la campaña, establecido por el Consejo Nacional Electoral y el máximo individual es del 10%, lo mismo sucede con los recursos propios de los candidatos, en donde no hay limitación alguna.

      Los recursos del Estado tienen una connotación especial, ya que la nación financia las campañas mediante un sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos, siempre que obtengan para corporaciones públicas el 50% o más del umbral para la respectiva corporación, y para gobernadores y alcaldes, el 4% o más de la respectiva elección.

      La misma normatividad establece que el Estado contribuirá al financiamiento de las consultas mediante el sistema de reposición de votos obtenidos. El Consejo Nacional Electoral profirió dos actos administrativos, la resolución 0227 y 1678 de 2021, en donde instituye el monto de 6.140 pesos por voto para el Congreso y de 6.372 pesos para los candidatos de las consultas interpartidistas.

     En Colombia se asignan los recursos públicos bajo los criterios de equidad y fuerza electoral. Según el primer criterio, los recursos deben repartirse equitativamente entre todos los actores, y según el segundo, esta asignación es proporcional al caudal de votos obtenidos por cada colectividad política.

      De acuerdo con el último juicio, la democracia no garantiza la igualdad de oportunidades entre las varias opciones políticas. Los vencedores de las contiendas electorales resultan ser quienes tienen mayores recursos non santos en materia de poder, información y dinero, como lo manifiesta Camilo González.

       Para estas elecciones las campañas de los aspirantes al Senado no podrán costar más de $96.215 millones. las de los aspirantes a la Cámara, más de $2.641 millones, y las de los candidatos presidenciales, un poco más de $27.000 millones. En caso de existir una segunda vuelta, el tope de financiamiento será de casi $13.000 millones.

      En las pasadas elecciones al senado el candidato con mayor votación obtuvo 223.167 votos, por reposición recibirá $1.370.245.380, los cuales compensarán lo que en teoría se gasto en su campaña. En la realidad, como el sistema permite financiarse con recursos privados hasta cierto monto, los que operan maquinarias y corrupción manifiestan que, bajo la mesa se manejan sumas superiores a los 20 mil millones de pesos. Una evidencia actual es el caso de Ayda Merlano.

     En conclusión, quienes actúan bajo el manto de la corrupción, ganan por punta y punta. Utilizan la financiación privada, ósea las maquinarias, para obtener la mayor votación y para completar la tarea, el Estado los recompensa con una parte del gasto. Mientras los que no acuden a la mezquindad del clientelismo, sino solo a presentar proyectos en favor de la comunidad, reciben del Estado un apoyo disímil de acuerdo con los escasos votos obtenidos.

     A pesar de que contamos con normas estrictas para quienes infrinjan los topes o acudan a la ilegalidad para acceder a los cargos de elección popular, los órganos de control y de justicia no actúan con rigurosidad y la efectividad exigida. Mientras los aportes privados sigan siendo la principal fuente de financiación, el desequilibrio electoral persistirá en detrimento de la democracia. En la financiación privada el compromiso de los políticos es con sus acreedores y no con la comunidad, en este orden de ideas las necesidades comunitarias siempre quedarán relegadas.

      En nuestro país no se mide con el mismo racero a las personas y grupos. El acto legislativo que creó las curules de paz estableció una financiación predominantemente estatal y distribuida en partes iguales entre los candidatos, ¿por qué no se hace lo mismo con las otras campañas electorales? La financiación pública debe asegurar la igualdad de oportunidades entre los participantes.