¿Requiere la democracia actualizar los requisitos mínimos para el registro de movimientos o partidos políticos y de candidatos a cualquier cargo público? (Segunda Parte)
Por: Rosa Lia Medina de López
La situación del uso de las vigencias futuras de las siguientes siete consecutivas presidencias en Colombia para la financiación del programa de concesiones viales de infraestructura 4G con los recursos de la venta de ISAGEN – de la que terminamos hablando en la primera parte de este mismo título, como claro ejemplo sobre la urgente necesidad de actualización de requisitos para el registro de partidos y candidatos en todos los cargos de elección popular – se hizo aún más grave cuando el cupo anual aprobado de vigencias futuras para el sistema de asociaciones público-privadas (APP) que se emplearía para construir tal infraestructura , que es un 0.4 por ciento del PIB entre 2020 y 2044, se diseñó sobre el supuesto de tasas de crecimiento superiores al 5% y de inversión pública del 3%. En un contexto de bajo crecimiento y de restricciones fiscales, ese programa evidentemente podría acabar por aumentar la inflexibilidad que caracteriza el gasto público en Colombia ; pero además añadió Munevar:
“La generosidad del gobierno no terminó ahí. Debido a las restricciones de financiamiento dentro del país, el gobierno invitó a los contratistas a obtener también financiamiento internacional. En este caso, a los citados problemas de volúmenes y horizontes temporales se sumó el riesgo cambiario: los constructores recibirían pesos por concepto de peajes o de vigencias futuras pero deberían pagar su deuda en dólares. Para resolver este problema, en 2014 el gobierno destinó 3,1 billones de pesos en vigencias futuras, para ser pagadas en dólares, que podrían llegar a representar hasta el 40 por ciento del costo de un proyecto determinado. El porcentaje inicial de financiamiento en dólares por proyecto aprobado en 2013 fue del 25 por ciento, pero este tope se aumentó en 2014. De esta forma el gobierno asumió el riesgo cambiario que los contratistas estaban en capacidad de asumir de manera independiente por medio de permutas financieras (o swaps) en mercados internacionales. El costo de este error se está empezando a sentir.
En 2014, el constructor Mario Huertas llegó a un acuerdo con Goldman Sachs para financiar tres proyectos de 4G con un crédito de 1.200 millones de dólares. El acuerdo, que tuvo el beneplácito del gobierno, supuso una tasa de cambio de 1.950 pesos por dólar. Como consecuencia de la devaluación, el gobierno ahora deber asumir la diferencia en el momento de liquidar el contrato con Goldman Sachs. Este tipo de generosidad con los contratistas implicaría un aumento del 30 por ciento en las vigencias futuras destinadas para este fin.
Pero la historia tampoco concluyó ahí. En su afán de aumentar el atractivo de las licitaciones, el gobierno asumió riesgos adicionales en el sistema de las 4G. En este corto espacio solo veamos solo dos: peajes e impuestos.
En relación con los peajes, el gobierno le dio potestad a los concesionarios para decidir tanto su número como las tarifas que consideren necesarias. Esto va a traducirse en un aumento notable del costo del transporte. Por ejemplo en el caso de la vía Buga-Bucaramanga se estima que el valor de los peajes pasará de 6.500 a 21.000 pesos. En el caso de Pamplona-Cúcuta, se estima un aumento de 4.800 a 16.500 pesos. Pero además de que las tarifas podrían subir un 300 por ciento, el gobierno se comprometió a proteger a los contratistas contra variaciones en el tráfico de las carreteras. En caso de que el tráfico futuro esté por debajo de las proyecciones que se usaron para los proyectos, el gobierno debe cubrir la diferencia para garantizar la rentabilidad del contratista.
En relación con los impuestos, el gobierno se ha comprometido a proteger a los contratistas frente a cambios en las normas tributarias que puedan afectar la viabilidad financiera de los proyectos. Resulta llamativo que un gobierno que reclama la reforma tributaria para eliminar el exceso de exenciones, utilice esta figura para aumentar el atractivo de las 4G para los contratistas. Para rematar, en enero de 2014 el gobierno decidió asumir los “riesgos asociados” con los cambios en la estructura tributaria del país, mediante compensaciones a los contratistas realizadas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Dadas pues sus decisiones en materia de asignación de riesgos y protección de los beneficios de los contratistas privados, las APP y el sistema e 4G son todo menos la panacea que el gobierno Santos quiso hacer creer a la opinión pública. Entonces, ¿era necesario vender ISAGEN para financiar la inversión en infraestructura? La respuesta es claramente no. En su defensa de la venta, Juan Manuel Santos argumentó que a diferencia de España, que recibió fondos de la Unión Europea para el desarrollo de su infraestructura, a Colombia nadie le regalaría nada. Pero el presidente muy cuidadosamente se abstuvo de decir que mientras en España los impuestos representan un 32 por ciento del PIB, en Colombia a duras penas llegan al 13 por ciento del Producto interno Bruto propio. Estas cifras dejan en evidencia la falsa dicotomía que plantean el gobierno entre patrimonio público e infraestructura. Es claro que Colombia necesita mejorar la segunda, pero también lo es que no es posible desarrollar un país con una estructura tributaria anacrónica y regresiva como la que tenemos.”
Para empezar habría que, por lo menos, no conceder tantos beneficios tributarios a los principales contratistas APP del sistema de concesiones 4G y exigir al próximo gobierno 2022 revisar muy claramente en manos de quiénes están quedando decisiones tan importantes sin escuchar a especialistas de la sociedad civil y expertos académicos en el tema, que aporten diseños financieros mas expeditos y favorables para los contribuyentes que en últimas son quienes reciben el traslado de pago de todo tipo de errores al respecto.
Y en cuanto a una reforma tributaria estructural, ya sabemos lo ocurrido con la última presentada al Congreso por el Gobierno actual en el 2021, elaborada por un excelente grupo de técnicos en la materia y sin embargo la increíble posición de esa institución legislativa que no quiso revisarla siquiera y menos discutirla como era su obligación, e improbarla si fuera del caso, pero con argumentación técnica y no con caprichosa oposición política.
( Continuará )
( Para actualización sobre concesiones 4G ingresar por a Noticias de Agencia Nacional de Infraestructura ANI ).
