Un negocio redondo asistido por el Estado
Por Diego León Caicedo Muñoz
“La política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger a los unos de los otros.” Eric Frantini.
Un negocio es cualquier actividad que tiene como fin obtener un lucro. Se denomina redondo porque el dinero retorna en forma rápida, no tiene mucho riesgo, no requiere gran esfuerzo y es rentable.
Con este encabezamiento el lector podría inferir que se trata del apoyo del gobierno central o regional a la creatividad e inventiva de los colombianos, el caso de la economía naranja o proyectos productivos agrarios. Pero no, es otro negocio mucho más lucrativo y también auspiciado por el Estado, “los cargos de elección popular”.
Un candidato invierte en un proceso electoral una suma exorbitante de dinero y una vez en el cargo público, recupera a la enésima potencia lo invertido. Lo pestilente de esta rentabilidad es que la plata sale del bolsillo de todos.
La financiación de las campañas en Colombia tiene un régimen de aportes mixtos, es decir, parte lo financia el Estado y parte el sector privado. Para la presidencia el pulso económico es mayor por parte del Estado, mientras que para los demás cargos de elección popular el origen fuerte de financiación es privado.
Los recursos de origen privado son los créditos o aportes del patrimonio de los candidatos o sus familiares y las donaciones, aportes en dinero o en especie de particulares. Para las campañas diferentes a las presidenciales no hay tope, existe un límite de gastos totales de campaña establecido por el Consejo Nacional Electoral, pero es un simple saludo a la bandera, porque no hay ningún control.
De que nos sirve contar con normas estrictas y rigurosas, como la ley 130 de 1994 y la ley 1864 de 2017, que inflige cárcel para los administradores de campaña que sobrepasen los topes, si el Estado es inepto al momento de aplicar la ley con severidad.
El Índice de Costos Electorales del DANE muestra que financiar una campaña a un cargo de elección popular subió 44,59% del 2010 al 2021. El tope de financiación por parte del fondo público al Senado, se ubica cerca de los mil millones de pesos por candidato, pero en la oscuridad se mueven descomunales cantidades de billetes. Entonces, ¿cuánto vale una campaña sumando lo legal y lo ilegal? Nadie lo sabe, ¿Por qué tanta plata debajo de la mesa? Esto sí se sabe, la política es un negocio productivo.
En el caso de la Senadora Ayda Merlano, que solo es la punta del iceberg, se movieron 18.000 millones de pesos, es decir, 18 veces el tope establecido. De dónde sacará el congresista para devolver esa inversión a sus acreedores, si mensualmente gana $34.417.000 y en los cuatro años $1.652.016.000, por supuesto, del erario. Con justa razón la Contraloría sostiene que el Estado pierde anualmente 50 billones de pesos por corrupción.
Hay algunos candidatos que le están apostando a la legalidad con austeridad, el deber ser, y con solo el dinero estatal demostrarán que lograrán llegar al Congreso. Amanecerá y veremos, como el aporte público es demorado y las maquinarias cuentan con el apoyo privado y su turbio interés, los candidatos sensatos se quedarán sin la soga y sin el ternero.
En un estudio de Transparencia por Colombia, denominado, “Elecciones y Contratos”, entre enero de 2016 y septiembre de 2019 se encontró que aproximadamente la tercera parte de los financiadores privados a todos los cargos y corporaciones en las campañas territoriales de 2015 celebraron contratos con el Estado después de haber entregado sus aportes. De acuerdo con el documento, algunos de los aportantes obtuvieron contratos hasta por 80 veces el monto donado.
En este galimatías social anida la corrupción del sistema político, por eso apremia una reestructuración de todo tipo, en especial, la derogación de la ley del vivo, conducta aferrada en el ADN de los colombianos, por una que conlleve a un pensamiento comunitario. A partir de ese momento, los ciudadanos entenderán la importancia de lo que vale un voto para la nación.
Para rematar, y echarle más sal a la herida Colombia, que por donde se le toque le sale pus, causa dolor de patria y enfurece ver, como altos mandos de la Fuerza Pública le venden el alma al diablo, para recibir dineros espurios del narcotráfico, guerrillas y grupos al margen de la ley, en detrimento de la seguridad del país.
