El ‘plan pistola’ y otros desafíos en seguridad que aguardan al gobierno de Gustavo Petro

La ola de asesinatos contra policías y militares deja al menos 36 uniformados muertos, la mayoría a manos del grupo Clan del Golfo. Estos crímenes aumentaron previo a la posesión del nuevo presidente, Gustavo Petro, cuyo gobierno apunta a negociar con el ELN y otras bandas criminales hacia lo que denominó una “paz total”. El país transita ahora por conflictos de motivación predominantemente económica, lo que comporta nuevos desafíos y exige cambios de estrategia.

De noche o a plena luz del día, durante el ejercicio de sus funciones o fuera de ellas y sin distinción entre hombres o mujeres. La orden es asesinar a policías y militares. Un escabroso accionar denominado ‘plan pistola’, atribuido por las autoridades principalmente al Clan del Golfo, uno de los mayores grupos de narcotráfico en Colombia. Aunque por algunos de estos crímenes las autoridades apuntan también a las disidencias de las FARC y al ELN.

Marcada por la desaparición de su madre cuando solo tenía tres años, Luisa Fernanda Zuleta creció con la motivación de hacer parte de la Policía para brindar seguridad y de alguna manera evitar que la violencia golpeara a más personas, narró entre lágrimas a la radio local su tía, Yuli Andrea Zuleta.

Pero el pasado 23 de julio, alrededor de las 2:30 de la tarde, cuando se encontraba realizando actividades de patrullaje en Yarumal, Antioquia, en el occidente del país, la agente fue atacada por hombres armados y falleció un día después por la gravedad de las heridas. Tenía solo 27 años.

Zuleta fue agredida junto a su compañero, el subteniente Sergio Yepes Páez, quien murió de inmediato.

Dos días después, la víctima fue Diego Felipe Ruiz. El hombre que apenas había cumplido un mes de servicio fue atacado a disparos cuando se encontraba al interior de una panadería en Sampués, Sucre, en la región Caribe y norte de la nación. Según testigos, murió a manos de dos hombres a bordo de una motocicleta. Tenía 25 años y dejó huérfana a una niña de tres años.

Ellos son algunos de los rostros de al menos 36 policías asesinados en lo corrido de 2022. De al menos 15 muertes, las autoridades señalan directamente al Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ‘Los Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’.

Si bien no es la primera ola de crímenes contra los oficiales, esta aumentó en las semanas previas a la posesión del nuevo presidente, Gustavo Petro. Solo en julio de 2022 fueron reportados al menos 81 ataques contra la Fuerza Pública, el mes con mayor violencia contra los miembros de la institución en los últimos 20 años.

Tampoco se habían registrado niveles similares de ataques contra las autoridades desde 2017, según señaló el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC).

Estos crímenes predominan justamente en las regiones con notable presencia del Clan del Golfo o en zonas de fuerte disputa territorial. Entre ellas, norte de Santander, Antioquia, Chocó, Córdoba, Bolívar, Cauca, Sucre, Meta y Nariño.

El grupo criminal tiene presencia en más de 241 municipios del país, según detalla la Fundación Paz y Reconciliación (PARES).

¿Qué mensaje hay detrás de los asesinatos de miembros de la Fuerza Pública?

El flagelo recuerda la sangrienta época del Cartel de Medellín de Pablo Escobar, entre la década de 1980 y 1990, cuando los narcotraficantes pusieron precio a la vida de cada uniformado.

Sin embargo, tanto el negocio ilícito del tráfico de drogas como el conflicto interno y los baños de sangre que de ellos se derivan, han mutado y se han diversificado desde entonces. Un panorama que representa más desafíos para el nuevo gobierno.

Expertos en seguridad consultados por France 24 coinciden en que con la ola de asesinatos contra policías y militares, el Clan del Golfo busca demostrar una posición de “fuerza” y “poder” para llegar a una mesa de negociación con la administración de Petro.

“Lo que está haciendo el Clan del Golfo es adelantar, a través de armas y de ejecución de policías, una campaña política, para demostrarle al gobierno que entra que ellos tienen capacidad armada (…) y de esa manera posicionarse en un eventual diálogo posterior”, asegura John Marulanda, director de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Armadas (ACORE).

Desde su campaña a la Presidencia, el primer presidente electo de izquierda en Colombia prometió negociaciones con el autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) y también apunta a sostener conversaciones con otros grupos criminales, como el Clan del Golfo.

Pero más allá de la imagen de “fortaleza” frente al gobierno y ante sus bandas rivales, el Clan del Golfo estaría buscando también “demostrar que no tiene simplemente una presencia sino un control territorial”, destaca Nestor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, en referencia al ‘paro armado’ que realizó el grupo en mayo y que afectó a cinco departamentos y 73 municipios. “Un movimiento que la Fuerza Pública no pudo controlar y que demostró que ellos fueron los dueños del territorio”, indica Rosanía.

En Colombia, un ‘paro armado’ se trata del bloqueo ilegal por parte de grupos al margen de la ley como guerrillas, paramilitares o narcotraficantes, en el que estos grupos ejercen control total sobre una población o regiones determinadas. El cerco de vías, las restricciones en la movilidad de las personas y la imposición del cierre de establecimientos comerciales y educativos están entre las acciones que ejercen.

La organización delictiva lanzó esa orden ilícita justo después de la extradición a Estados Unidos de su máximo dirigente, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, por lo que los analistas también apuntan a una motivación de “venganza” detrás de los ataques a los uniformados.

No obstante, la hipótesis que toma más fuerza es la búsqueda de los criminales por llegar fortalecidos a un posible diálogo.

“Sin duda esta ola de violencia busca un objetivo político muy grande  (…) Buscan legitimarse y lograr un cambio en la lucha contra el narcotráfico y la posición de Colombia frente a Estados Unidos y su política Exterior”, apuntó Luis Alberto Villamarín, investigador de asuntos relacionados con el conflicto armado colombiano y geopolítica, en referencia a las directrices antidrogas que hasta ahora han implantado décadas de gobiernos conservadores en el país, fuertemente ligadas a estrategias de Washington.

El martes 2 de agosto, alias ‘Otoniel’ compareció ante un tribunal de Nueva York por su caso de tráfico de drogas y ese mismo día uno de sus abogados, Alexei Schat, confirmó a la prensa local que su cliente envió una pequeña carta. En ella pide al Clan del Golfo cesar los asesinatos de los uniformados e hizo un llamado a la Administración de Gustavo Petro para “buscar un acuerdo de paz que todos los colombianos anhelamos”.

Ante esa petición, el ministro del Interior, Daniel Palacios, sugirió que el narcotraficante podría estar intentando algún tipo de “clemencia”.

“Es increíble, eso lo que se busca es un oportunismo político frente a lo que se ha venido sembrando, frente a ese posible perdón social para tratar de buscar clemencia y tratar de iniciar algún tipo de negociación. ‘Otoniel’ no es solamente un asesino de miembros de la Fuerza Pública, sino asesino de líderes sociales”, sostuvo Palacios.

De las guerras ideológicas a los conflictos de alta fragmentación

El derramamiento de sangre ha estado presente a lo largo de la historia de Colombia. El país ha sido testigo de la extrema ola de violencia entre simpatizantes del partido liberal y del movimiento conservador, mutuamente perseguidos y enfrentados por razones políticas acentuadas en las décadas de 1940 y 1950; hasta la guerra de guerrillas como el ELN, el EPL, el M-19 y las FARC y paramilitares, en las últimas seis décadas.

Pero el conflicto inicialmente enraizado en ideologías de izquierda y derecha ha ido quedando relegado por otros intereses. La nación transita por beligerancias predominantemente económicas y por tanto territoriales.

“Estamos en la transición de salir de esas guerras políticas a lo que se llama la guerra-portafolios de economía ilegal, grupos que se van a pelear ya no solo la coca sino la minería ilegal, el tráfico ilegal de combustibles, de madera, migrantes. Y lo peor, sobre todo, en el norte, donde está el Clan, estos grupos han empezado a tener portafolios de economía legales”, resalta el especialista en seguridad y reportero en zonas de conflicto, Nestor Rosanía.

Se trata de las anclas paralelas de los criminales en economías autorizadas como la ganadería o la comercialización de alimentos, pero que bajo el amedrentamiento se imponen para ser los únicos proveedores en determinados territorios del país.

Son diversos canales con enormes entradas de dinero, en los que las ideologías políticas poco o nada juegan. Atraídos por la riqueza del narcotráfico y otras acciones, los movimientos al margen de la ley se fragmentan y multiplican al igual que la espiral de violencia que generan.

“Son conflictos de alta fragmentación, que son los peores. Hay mini guerras por todo el país (…) Hay una atomización de la violencia muy grande que no pasaba antes, antes eran las FARC, los paramilitares, el Estado, los carteles y eran grupos muy grandes y conocidos por todos, pero ahora es más difícil negociar con todos”, resalta el analista. Un desafío tanto para el nuevo Ejecutivo como para todas las autoridades involucradas.

Hasta junio de 2021, según datos de la Personería de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, 350 bandas criminales se disputaban el control de barrios de la urbe. Esta situación se suma a la que viven las regiones más apartadas, donde el vacío que dejaron las FARC tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, y la falta de presencia del Estado están siendo ocupados por más grupos, desde disidencias de las guerrillas y los paramilitares, así como sus fragmentaciones, hasta nuevas bandas delictivas que se disputan el control de negocios al margen de la ley, recursos minerales o tierras.

La situación quedó demostrada con el surgimiento de nuevos grupos a partir de las disidencias de las FARC, como los Comandos Bolivarianos de Frontera (CBF) o el frente Carolina Ramírez, entre otros, que se enfrentan entre sí; así como entre los remanentes de los llamados paramilitares y que son responsabilizados de las masacres de los últimos años en algunas zonas del país, de acuerdo con los relatos de las víctimas y las autoridades. También están otras bandas criminales.

Solo en lo corrido de 2022, los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las FARC suman 347 víctimas, según un informe del Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Conflictividades del Instituto para el Estudio para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Homicidios de los que también alerta Naciones Unidas.

De acuerdo con el informe de la ONU ‘Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones para el nuevo Gobierno‘, publicado el pasado 26 de julio, la respuesta predominantemente militar para combatir estos grupos no ha logrado frenar su expansión y la violencia que generan”. El texto también señala que la violencia se ha visto exacerbada por “la debilidad del estado de derecho y de las alternativas de desarrollo en los territorios afectados”. 

Para el investigador Luis Alberto Villamarin Pulido no se trata de que la respuesta militar no haya sido suficiente. El experto asegura que la cantidad de bajas, capturas y decomisos por parte de la Fuerza Pública son importantes. Sin embargo, recalca que las acciones de las fuerzas armadas deben ir acompañadas por otras medidas tanto de inteligencia, bloqueo de capitales y de relaciones internacionales de los movimientos delictivos, como por estrategias sociales para que las poblaciones tengan mejores alternativas de vida.

Tanto en la Administración del presidente saliente, Iván Duque, como en gobiernos anteriores “se ha dado una respuesta militar y policial a un fenómeno que tiene componentes políticos, económicos, sociales, culturales, geopolíticos, de relaciones internacionales que obligaría a que el Estado tenga un equipo más completo trabajando en la misma dirección (…) la solución no ha sido integral”, indica Villamarín.

Se intentó hacer con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para llevar la presencia del Estado a las zonas más apartadas para impulsar su desarrollo económico, ambiental y social. Pero la arraigada corrupción en Colombia frustró sus alcances, enfatiza Rosanía.

“La idea era que las comunidades presentaban el proyecto, también unidas a excombatientes, presentaban un proyecto que se llevaba a la Alcaldía y el alcalde lo tenía que presentar a ‘Local Paz’, que hacía la selección y daba los recursos” pero el proyecto que no iba “apadrinado” no prosperaba, explica el experto.

Las altas sumas de dinero provenientes del narcotráfico versus los largos trámites burocráticos en las alternativas dadas por el Gobierno saliente a quienes presentaran nuevos proyectos financieros, habrían terminado de enterrar las buenas intenciones de decenas de habitantes, resalta.

¿Cómo será la relación entre la Fuerza Pública y el gobierno de Petro? 

El nombramiento de Iván Velásquez, un zar anticorrupción, como el nuevo ministro de Defensa en Colombia y la propuesta de retirar a la Policía de la cartera de Defensa para trasladarla a otro ministerio, generaron los primeros resquemores entre las fuerzas de seguridad y el nuevo gobierno.

Con la designación de Velásquez, Gustavo Petro envía un mensaje directo: más que un experto en seguridad busca un funcionario contra la impunidad en las filas militares y mayor control sobre una de las carteras que mayor presupuesto maneja.

“El gobierno de Petro con sus nombramientos está mandando un mensaje de que quiere buscar paz, diálogo y limpiar el país de corrupción, tres cosas en las que ningún colombiano va a estar en contra, salvo los involucrados, pero me preocupa que estén utilizando estas palabras como retóricas solamente, no para solucionar esos problemas, sino utilizarlas para politizar a policías y fuerzas armadas”, sostuvo Joseph Humire, del Center for a Secure Free Society y experto en guerra asimétrica.

En materia de corrupción, la principal crítica de sus detractores es que Petro y Velásquez cooperaron en sus denuncias contra la parapolítica, pero no mostraron el mismo ímpetu contra los delitos cometidos por otros autores de la guerra, como las FARC.

“Él (Velásquez) siempre ha tenido una fijación contra las Fuerzas Armadas, que se deterioren y minimicen, porque según él son violadoras de derechos humanos y las causantes de los grandes problemas y a nombre del cambio llegará a desarticular la institución, una forma de hacerlo es la persecución contra lo que él llama los violadores de derechos humanos y corruptos”, aseveró el director de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Armadas (ACORE).

Pero además de los desacuerdos en la visión de país y seguridad, detrás de las reticencias también podría ocultarse el temor de algunos militares por el posible hallazgo de casos de corrupción, lo que habría generado varias renuncias luego de que Petro ganara el Ejecutivo en segunda vuelta, según indica Rosanía.

Velásquez también podría sacudir a una institución cuestionada por episodios de abusos y violaciones a los derechos humanos, como los denominados ‘falsos positivos’, ejecuciones de civiles a manos de militares que los presentaron como víctimas en el conflicto armado para obtener beneficios.

Otro de los asuntos en los que Velásquez podría poner la lupa es en las presuntas escuchas ilegales por parte del Ejército a decenas de periodistas, conocidas en 2020.

“Se acrecentó la ideologización de la Fuerza Pública, se sentían cada vez más con un discurso de derecha, señalando a la izquierda como el enemigo, una lógica casi como de la Guerra Fría. Y eso se materializó en algo bastante grave, el perfilamiento por parte del Ejército a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de oposición”, subraya el director ejecutivo del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, quien apunta que se encontraba en la lista de vigilados.

Los expertos prevén desencuentros entre el Ejecutivo y el Ministerio de Defensa y las fuerzas armadas. Y es que Petro comandará una Fuerza Pública que históricamente lo ha visto como un “enemigo” o adversario, tras su pasado como miembro de la guerrilla del M-19. Aunque en su autobiografía admitió que recibió entrenamiento militar, asegura que nunca tomó parte activa en acciones armadas.

Por el anuncio de sacar a la Policía del Ministerio de Defensa y su posible traslado al Ministerio del Interior, el mayor temor entre sus oponentes es el de politizar a la institución, debido a la directa relación de esa cartera con el Congreso y los partidos políticos. La posibilidad de crear un ministerio nuevo para la institución oficial es vista con menos recelo.

“Espero que los esfuerzos de Petro no lleven a politizar las instituciones del país donde si estás con su agenda eres bueno y si no, eres malo. Ni busque limpiar las fuerzas, eso constituye incentivos perversos donde las fuerzas del orden bajan su moral, no hacen su trabajo y más bien se cuidan u omiten para poder sacar favores con el gobierno”, resaltó Humire.

Existe el temor de que “vuelva a ser la Policía de los años 40, la ‘chulavita’ que tomó partido francamente por los conservadores y que cometió tantos desafueros”, señaló Marulanda, tras recordar que debido a la violencia política de la década de los 50, el entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla sacó a la institución policial del Ministerio de Gobierno y la trasladó al de Defensa.

No obstante, organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalan que en el contexto del conflicto armado, Colombia formó una Policía con un enfoque militarizado que ahora debería modernizarse. Observaciones entregadas tras las denuncias de las protestas antigubernamentales de 2021 en las que la CIDH señaló exceso del uso de la fuerza.

“Es profesionalizarla y estandarizarla a nivel internacional. Crear un Ministerio de Seguridad sería lo ideal, que tenga una línea propia para manejar los niveles de convivencia y el tema de conflicto interno y soberanía quede en las fuerzas militares. Eso sería poner la casa en orden”, expone Rosanía.

La administración gestante de Petro ha indicado que hará cambios en los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) de la Policía. “Lo que puedo asegurar es que se hará con la mayor responsabilidad, (ya) sea la supresión o la transformación del Esmad, pero siempre bajo una perspectiva (…) una fuerza que tiene que respetar absolutamente los derechos humanos y que no puede ver en los manifestantes al enemigo”, dijo Velásquez, en una entrevista con el medio local, ‘W Radio’.

Para algunos, las modificaciones que propone Petro en las fuerzas armadas apuntan a golpear la corrupción y garantizar el cumplimiento de derechos humanos. Para otros, representan el riesgo de minimizar las capacidades de acción de las autoridades en un país donde los modelos de violencia lejos de desaparecer con los años, mutan a distintas formas de acción.

“Habla de minimizar la fuerza militar, trasladar la Policía al ministerio del Interior, que toda persona tenga acceso a los archivos de inteligencia, crear jurisdicción agraria para que resuelva conflictos de tierras ocupadas. Va a generar mucho choque porque estamos en un país desafortunadamente acostumbrado a los conflictos, pensar en minimizar la Fuerza Pública lo que hace es dar espacio a que la violencia se multiplique y la gente empiece a tomar la Justicia por su propia mano”, considera Villamarín.

Los expertos concuerdan en que habrá “choques fuertes” entre las fuerzas armadas y los cambios a los que apunta la administración entrante. Y desde ACORE señalan que estarán atentos a los movimientos del nuevo Gobierno.

“Mientras haya narcotráfico, no habrá paz”

Colombia tiene el privilegio de ser uno de los países más biodiversos del mundo, pero paralelamente lleva a cuestas el karma de tener una tierra óptima para casi cualquier tipo de cultivo, incluidos los ilícitos.

Su geografía, sumada a las deficiencias en política social son la mezcla perfecta para un flagelo que no ha podido erradicar: el narcotráfico.

“La violencia en Colombia seguiría porque el negocio de la coca da muchísimo dinero, no todo el mundo se iba a salir de eso (…) Un kilo de cocaína lo venden aproximadamente entre 2.200 y 2.700 dólares. Ese mismo kilo de coca en las calles de Miami está entre 30.000 y 35.000 dólares, en Nueva York llega a estar por 45.000 dólares y a mayor distancia más caro. Un kilo de coca colombiana en las calles de Tokio está por encima de los 100.000 dólares”, subraya Nestor Rosanía.

Los expertos concuerdan en que el narcotráfico es el inflamable de la guerra en Colombia y en el contexto de la ilegalidad es un negocio ineludiblemente ligado a un músculo armado.

“La realidad es que el alimento y combustible de todos estos grupos armados es el narcotráfico, la cocaína. Tenemos más de 220.000 hectáreas sembradas con hojas de coca, produciendo más de 1.600 toneladas métricas, es definitivamente un país cocalero, el principal del mundo. Entonces con ese combustible es muy difícil que esa violencia que estamos viendo pueda llegar a extinguirse”, sostuvo Marulanda.

Desde su campaña a la Presidencia, Petro ha prometido “un cambio de paradigma”. Ofreció la prohibición de la aspersión aérea con glifosato y cumplir con lo estipulado en el punto 4 del Acuerdo de Paz: solución al problema de las drogas ilícitas, por lo que asegura que seguirá a cabalidad el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) e impulsará la sustitución de tierras y de economías.

También apuesta por convertir a Colombia en un país líder en investigación científica a partir de la hoja de coca. En la contienda electoral, el primer mandatario electo de izquierda en la historia del país no definió su posición sobre la legalización de la droga, pero un polémico proyecto de ley introducido en 2020 propone legalizar la hoja de coca y sus derivados, incluida la cocaína. Para sus adeptos existe la esperanza de que el gobierno que entra lo vea con buenos ojos.

Con el fin de reducir la violencia en el país y proteger los derechos humanos de las poblaciones, la ONU recomienda al nuevo mandatario tres ejes principales de acción: la reducción significativa de los grupos armados al margen de la ley, priorizar la implementación territorial del Acuerdo de Paz, en particular la reforma rural integral, consolidar la implementación de los PDET junto a la sustitución de cultivos y consolidar el estado de derecho en las zonas más afectadas por los conflictos.

Aunque aún es incierto si Petro cumplirá sus promesas y los alcances que tendrían las medidas propuestas, los expertos coinciden en que “mientras haya narcotráfico, no habrá paz” en Colombia.