Palabras sueltas sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad
Por Coronel Homero Herrera Leal
No me atrevo a disertar sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad, pues muchos expertos han escrito una gran cantidad de análisis, que, por su sapiencia y profundidad, han contribuido a ilustrar con bastante suficiencia a la comunidad global sobre ese adefesio ético y jurídico que nos costó a los colombianos la bicoca de más de 400 mil millones de pesos de nuestros impuestos.
Solamente quiero referir y resaltar algunos aspectos que considero no han sido valorados o por lo menos, socializados suficientemente especialmente ante los colombianos. El texto conclusivo trae la pregunta, ¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral?
Los autores no tomaron en cuenta que no se trata de una guerra política sino una agresión narcoterrorista de parte del comunismo en contra del mismo Estado en su acepción geopolítica (Nación con su idiosincrasia, gobierno con sus leyes, Territorio con su soberanía) y se limitan a ubicar a dos contendores: El Estado como lo ven en este texto, compuesto por el gobierno, su Fuerza Pública y el Congreso, con el objeto de endilgarle la culpa del conflicto solamente a estos elementos, mientras que por otro lado ubican a los grupos narcoterroristas llamados acá eufemísticamente guerrillas.
Es curioso que el texto dice que quienes tomaron las armas aparentemente para defender al pueblo, lo dejaron en manos de sus verdugos los paramilitares, como si los grupos narcoterroristas Farc, Eln, Epl y M19, fueran ajenos a las atrocidades cometidas en contra del pueblo, trivializándolas con el objeto de bajarles el perfil.
Se refiere al Paro Nacional del 2021 como explosión de los jóvenes de Cali y otras ciudades del País, cuando de lo que se trató en realidad fue de un asalto terrorista contra la institucionalidad y contra el pueblo colombiano, auspiciado por el hoy presidente electo Gustavo Petro y la horda de secuaces de su equipo, buscando desestabilizar al Estado para que el presidente Duque renunciara o conducir al electorado colombiano a elegirlo mayoritariamente ante la debilidad manifiesta del Estado en cabeza de su presidente por la mediocridad del manejo del orden público desde el 2019.
Llama insurgentes, revolucionarios o guerrilleros a los miembros de los grupos armados comunistas y a los miembros de las autodefensas los denomina paramilitares, soslayando abiertamente que los primeros, así como los segundos hasta su extradición a Estados Unidos, son narcoterroristas pues cometen actos terroristas y todavía subsisten como grandes carteles de narcotraficantes.
Las acciones terroristas de los grupos narcoterroristas comunistas las denomina procesos de expansión y control territorial mientras que a las de las autodefensas las denomina masacres despiadadas.
Hace énfasis en los asesinatos de candidatos a la presidencia, congresistas, diputados, concejales, alcaldes y lamenta hasta el paroxismo el exterminio de la Unión Patriótica, pero evita referirse al genocidio de los cientos de miles de colombianos del común, soldados y policías por parte de los grupos narcoterroristas comunistas como las Farc, Eln, Epl, M19. Acusa al Estado de reprimir militarmente a grupos de la sociedad que pedían cambios estructurales por medios democráticos.
Según esta visión, se propende por la indisciplina social hasta los extremos, sin que el Estado tenga la oportunidad de contenerla sin ser acusado de criminal y violador de los DDHH. Establece que el enemigo interno propuesto por el Estado está compuesto por el Partido Comunista y sus aliados como la extrema izquierda revolucionaria, opuesta a la burguesía y a las élites capitalistas del establecimiento, en un lenguaje que es exacto al utilizado por el ala más recalcitrante del comunismo soviético o maoísta, atacando a las élites y especialmente al grueso del pueblo colombiano común y corriente que aborrece la agresión comunista pues es su blanco predilecto por su condición de indefensión, en vez de producir un documento acorde a una comisión para establecer la verdad de un conflicto, comisión pagada con los impuestos del Constituyente Primario al que esta comisión ignora y desprecia, justificando así la lucha armada contra el Estado y las élites que lo gobiernan, ante la injusticia estructural.
Afirma de manera categórica que la mayoría de los crímenes fueron cometidos por los paramilitares, obviando que los grupos paramilitares o autodefensas campesinas, fueron creados en la década de los años 1980 y fueron extraditados por el Estado a principios de la primera década del siglo XXI, mientras que los grupo narcoterroristas comunistas están masacrando colombianos, narcotraficando, cometiendo terrorismo y crímenes de lesa humanidad desde principios de la década de los sesentas, actividad que aún continúa y sus jefes en vez de ser perseguidos judicialmente y extraditados, fueron premiados con curules en el Congreso y ahora la presidencia de la república gracias a los acuerdos espurios entre Santos y las Farc, así como por las omisiones, ambigüedad y sesgo ideológico de la justicia colombiana.
Afirma que tanto las Farc como las Fuerzas Militares estuvieron a punto de ganar la guerra, pero no menciona que las Farc no estuvieron a punto de ganar la guerra sino que aprovecharon la mediocridad especialmente de los gobiernos de Alfonso López Michelsen, Belisario Betancourt, César Gaviria, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, para acrecentar su poder de intimidación narcoterrorista, hasta que llegó el gobierno de Álvaro Uribe quien tomó la decisión política de utilizar el poder del Estado para acabar la amenaza narcoterrorista comunista que se cernía sobre nuestro país, lo que por poco logra si no se hubiera atravesado el gobierno de Juan Manuel Santos quien gracias a sus acuerdos con la organización criminal, logró evitar que fueran derrotados totalmente por las FFMM y Policía Nacional, y por el contrario los revivió y convirtió en una organización política directamente, sin pagar por sus crímenes atroces y de paso potenciando a los comunistas colombianos hasta lograr lo que la gran mayoría proyecta como el inicio de una catástrofe que va a acabar con nuestro país, si los 28 millones de colombianos que no votamos por Petro no nos atravesamos y lo impedimos.
Entre las recomendaciones que la Comisión de la Verdad hace, resaltan dos que no han sido valoradas en su real tamaño, como son la penetración del narcotráfico en todos los estamentos el Estado, pero sin mencionar a sus principales cultores los grupos narcoterroristas como las Farc, Eln, Epl y M19.
La otra recomendación exige regularizar el mercado de las drogas y superar el prohibicionismo, es decir, legalizar el narcotráfico. Establece que la seguridad debe de dejar de estar en manos de las FFMM y Policía Nacional y debe ser manejada por las comunidades, las etnias y los territorios que construyen convivencia, sobre la base de diálogos entre los ciudadanos y las instituciones, con lo que fortalece políticamente aún más si se quiere, la capacidad de las regiones en manos de las comunidades indígenas y cocaleras, con objetivos y actividades acordes a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
De la misma manera invita a todas las instancias del Estado a dialogar y conciliar con las comunidades indígenas y afros, lo que no es cosa diferente para negociar su gobernabilidad con estos grupos.
A pesar de que lo repite en varias oportunidades, la intención de este Informe Final realmente quiere cambiar la historia de Colombia, estructurándola para remozar y embellecer detalladamente la imagen de la izquierda y de sus soportes armados de los grupos narcoterroristas, para fundamentar más su poder, con la esperanza de eternizarlo tal cual se estila en nuestro vecindario, ¡ah! y de paso terminar de configurar la más grande operación de lavado de activos del narcotráfico y otros delitos cometidos por sus estructuras armadas
