Víctima de su propio invento
Por Diego León Caicedo Muñoz
“Los tres fines que un estadista debe proponerse en el gobierno de su nación son: seguridad a los que poseen, facilidad a los que tratan de adquirir y esperanza para todos”, Samuel Coleridge.
Las protestas que implican bloqueos, paros y tomas en distintos lugares del país, datan de muchos años atrás, y diversos de estos eventos han sido infiltrados por los grupos al margen de la ley y políticos inescrupulosos. En el 2014 tuve la oportunidad de asesorar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos en materia de seguridad ciudadana, coyuntura que me permitió participar en algunas negociaciones, entre representantes del Estado, empresas petroleras y las comunidades. Fui testigo de excepción de los acuerdos cumplibles por parte del gobierno y empresas, pero todo gracias al dialogo previo a cualquier vía de hecho.
Como es de conocimiento general, las protestas sociales del 2019 y 2021, infiltradas por bandas delincuenciales, las cuales transcendieron en vandalismo, secuestros, muertes y destrucción de la propiedad privada, fueron auspiciadas por el Pacto Histórico. Como era de esperarse, después de siete meses de mandato del actual presidente, las protestas se recrudecieron.
Según la Defensoría del Pueblo se han registrado 4,75 protestas por día, solo en los dos primeros meses del año se han producido 214 casos de conflictividad social, representando un aumento del 72,6% en relación con el mismo periodo del año anterior.
Lo relevante del tema es que no son protestas pacíficas u ocasionales, en la mayoría se involucra una tensa tensión social que llega a la violencia. Lo peor de todo este asunto deleznable, es que la Fuerza Pública no ha podido contener las manifestaciones violentas, por orden explicita del presidente, que tampoco soluciona los problemas de base de la protesta. En algunas promete lo incumplible, con el fin de desactivarlas, pero los inconvenientes continúan, convirtiéndose en un círculo vicioso agravado.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en lo que va corrido del mandato de Petro, una de cada cuatro protestas requiere la presencia e inversión del Estado. Todo en aras de mejorar las condiciones de vida de las personas en zonas urbanas y rurales, lo que implica; seguridad, empleo, educación, infraestructura vial, justicia y servicios públicos.
Lo insólito del asunto es que el presidente conoce la problemática desde antes de llegar al cargo, patrocinó las protestas violentas de los años anteriores, y la Defensoría del Pueblo, a través del mecanismo de alertas tempranas lo advirtió, sin embargo, nunca ha salido a dialogar y a remediar los problemas, antes de presentarse vías de hecho. La problemática colombiana no se soluciona de la noche a la mañana, es un proceso que implica tiempo, participación de la institucionalidad, el sector empresarial y la misma sociedad, es muy comprensible.
Lo ocurrido este año en materia de protestas y bloqueos muestra a un gobierno acorralado por la conflictividad y la violencia. Obviamente, todo viene por la insatisfacción de las necesidades y compromisos incumplidos de gobiernos anteriores, pero también, de las promesas de campaña de Petro, y por las expectativas generadas por la Paz Total. De esta falacia se aprovechan los grupos al margen de la ley para presionar al gobierno, marcando territorio e infiltrando protestas sociales para conseguir un mejor arreglo en las mesas de negociación.
Colocar en posición de indefensión a la Fuerza Pública, solo demuestra debilidad del Estado, del cual se valen los criminales. Garantizar la seguridad es la primera obligación de un Estado, y endosar la convivencia pacífica, es el mejor terreno abonado para satisfacer las necesidades de la población, segundo deber importante de los gobernantes. Es una falsa premisa creer que, si se desmovilizan las bandas delincuenciales, incluyendo el narcotráfico, por sustracción de materia, la Paz Total reinará por siempre.
Mientras no haya un fuerte monopolio de la fuerza en todos los rincones de Colombia, con presencia de sus fuerzas militares y de policía atacando la delincuencia, nunca habrá Paz Total, así se desmovilicen y se acojan a la justicia todos los criminales y narcotraficantes. Esta evidenciado que, mientras no exista seguridad, justicia y satisfacción de necesidades, siempre habrá conflictividad y aparecerán nuevos delincuentes que los reemplacen.
Mientras no haya infraestructura vial para que los campesinos saquen sus productos al mercado, no haya empleo formal, una buena educación, justicia, mejoramiento de la calidad y mientras no desaparezca la cultura de la corrupción, difícilmente habrá Paz Total y menos estatizando la economía de mercado y emprendiéndola contra el sector empresarial.
Por ahora el presidente Petro es víctima de su propio invento, generó las mayores protestas violentas de este siglo, y su ardid, junto con los mismos grupos utilizados para instigar las necesidades de un pueblo, serán su talón de Aquiles, en la medida que siga con su posición obstinada de implantar una ideología anacrónica.
