¿Perdón y olvido?
Por Diego León Caicedo Muñoz
“La justicia es la verdad en acción”, Joseph Joubert.
La historia de Colombia en los últimos 75 años ha sido permeada por el conflicto armado, desde la época de la denominada violencia hasta la amenaza de las guerrillas comunistas y grupos armados organizados.
Pugna armada que fue reforzada con la irrupción del narcotráfico, para convertirlo en su razón de ser y método de subsistencia. La peor afrenta a la sociedad es la justificación de sus actos violatorios a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario para alcanzar sus objetivos.
Los crímenes de guerra y de lesa humanidad son considerados conductas punibles por la Corte Penal Internacional, de la cual hace parte Colombia, mediante ley 742 de 2002, siempre que sean parte de un ataque sistemático.
Delitos como el asesinato, el desplazamiento forzoso, la tortura, la violación, la desaparición forzada y el secuestro, entre otros, atentan contra la humanidad, además no prescriben, de acuerdo con la convención sobre imprescriptibilidad de estas transgresiones, sin importar la fecha en que se haya cometido.
Lo ideal en cualquier Estado fuerte, es que el monopolio del derecho y de la fuerza imperen para doblegar a aquellos que infringen la norma. Los Estados que no tienen la capacidad de hacerlo y, por el contrario, las acciones violatorias a los derechos humanos sobrepasan su capacidad, deben acudir a diálogos con los grupos al margen de la ley para lograr su desmovilización y por ende la culminación de un conflicto armado. Para ello, utilizan un sistema diferente a la justicia ordinaria y se denomina justicia transicional.
Colombia, desde la década de los ochenta, ha sido testigo de diversos procesos de desmovilización y reinserción a la vida civil con distintas organizaciones armadas e insurgentes. Dentro de ellas: M-19, EPL, Quintín Lame, el PRT, Corriente de Renovación Socialista, procesos que se produjeron bajo el manto de la amnistía y el indulto.
En el presente siglo por primera vez se aplica la denominada justicia transicional con la desmovilización de las AUC, mediante ley 975, conocida como de justicia y paz, para luego aplicarla de nuevo en el proceso de paz con las FARC, cuyo marco jurídico implico dos reformas constitucionales y cuatro leyes, una de ellas, la que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP).
Se establece un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la cual cuenta con una comisión de la verdad, una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la JEP, y aparte, se crea el Centro Nacional de Memoria Histórica. Teniendo en cuenta los estándares de la ONU en la lucha contra la impunidad.
La raigambre de la justicia transicional es la confesión y el arrepentimiento del victimario, con la posibilidad de reparar el daño, por este motivo se le concede una reducción de la condena.
A la víctima si se dan las condiciones, le corresponde conceder el perdón, lo que no implica una coerción por parte del victimario, como intentan hacer los cabecillas de las extintas FARC, y mucho menos pretender que sus barbaridades se olviden de la noche a la mañana.
El perdón no significa olvido, porque si no pierde su sentido de lograr cambiar las cosas. Si el victimario no se reconoce como culpable, no podrá haber memoria de lo ocurrido.
El secretariado de las Farc siempre se caracterizó por justificar lo injustificable en la comisión de delitos. Lo que era de esperar, hoy continúan haciendo lo mismo en el proceso de manifestar la verdad, todos los desmanes lo justifican bajo la lógica de la guerra. Continúan llamando al secuestro retención de personas, niegan el reclutamiento de menores, no aceptan las violaciones a las mujeres.
Con su arrogancia pretenden convertir el perdón en disculpas para que se doble la página. ¡No existe otra peor ofensa para las víctimas!
Si la JEP no actúa con rigor castigando la reticencia a decir la verdad y la comisión de la verdad, acepta la manipulación de los victimarios para acomodar la historia, ambos organismos concertados por personas con sesgos marcados, se perderá la memoria del país.
Lo más grave, los grupos que aún están delinquiendo tendrán cheque en blanco para seguir cometiendo atrocidades, porque saben que en la justicia transicional todas sus violaciones a los derechos humanos quedarán impunes y como plus les darán escaños en el Congreso de la República.
El expresidente Juan Manuel Santos, siempre repetía: “Una paz imperfecta es mejor que una guerra perfecta”, pero un proceso de paz en donde los victimarios no se arrepienten, justifican lo injustificable y aparte, quieren obligar a sus víctimas a que los perdonen y olviden el pasado, es un proceso fallido.
Cómo puede haber perdón y olvido, sino hay verdad y arrepentimiento, y mucho menos sin haber terminado el conflicto.
